Tres bancos desisten de embargar activos de Uruguay por el buen diálogo alcanzado con el gobierno

El embargo de capitales uruguayos en cualquier parte del mundo fue evaluada como una posibilidad por los bancos J.P. Morgan (de los Estados Unidos), Crédit Suisse (de Suiza) y Dresdner Bank (de Alemania) al amparo de una resolución de la Corte Internacional de Arbitraje (CIA), de la Cámara Internacional de Comercio (CIC).

El buen diálogo alcanzado por el gobierno de Tabaré Vázquez con los abogados en Uruguay de los bancos extranjeros, derivó en que las tres instituciones desistieran de embargar capitales uruguayos, una potestad que les conferían todas las normas internacionales.

«La firme convicción de que la actitud responsable percibida desde el comienzo en el tratamiento que la nueva administración dio a este tema», avizoraron los abogados de los bancos, hace posible que «lleve a que Uruguay no siga incurriendo en costos adicionales como consecuencia de litigar temas que luego se reconoce públicamente que no tienen fundamento».

La CIA de la CIC laudó en enero que el Estado debería pagar a los tres bancos 100 millones de dólares, más otros 27 millones de intereses, por el incumplimiento del contrato de capitalización del Comercial que firmó el ex ministro de Economía, Alberto Bensión.

El contrato estableció que el Estado uruguayo debería devolver a los bancos el 33,33% de capital que invirtió cada una de las tres entidades bancarias extranjeras, en caso de no poder cumplir con el pactado sostenimiento del ahora liquidado ex Banco Comercial.

Antes de abandonar el mando, el gobierno de Jorge Batlle recurrió ante el juez de distrito de Nueva York, Gerard Lynch, alegando que los fondos del Comercial estaban embargados por el estudio del doctor Ignacio De Posadas, representante legal de varios ahorristas argentinos, damnificados por la ex Compañía General de Negocios.

El miércoles 23 de marzo, el juez Lynch consideró «sin mérito» los argumentos del gobierno de Jorge Batlle, y sentenció que el Estado uruguayo debería pagar los casi 100 millones de dólares que los tres bancos habían aportado, más honorarios de juicio e intereses.

La sentencia de Lynch estableció que Uruguay debe a cada uno de los tres bancos extranjeros U$S 33.333.333,33 más una tasa anual del 9% a contabilizarse desde el 5 de enero de 2003. Interés más honorarios por juicio suman los restantes 27 millones de dólares.

Se trata de U$S 7,5 millones por honorario judiciales, más unos U$S 95 mil por gastos administrativos, además de una tasa anual del 9% de intereses sobre honorarios y gastos a computarse desde el 31 de diciembre de 2004. Uruguay debe unos U$S 127 millones.

Fuentes allegadas a los representantes legales en Uruguay de los tres bancos extranjeros dijeron a LA REPUBLICA que el avance de las conversaciones mantenidas con el actual gobierno de Vázquez aventó el posible embargo de capitales uruguayos en otros países.

En las conversaciones participan los doctores Sandra González y Andrés Cerisola, del estudio Ferrere Abogados, representante legal en Uruguay de los bancos extranjeros, y el propio ministro de Economía y Finanzas, contador Danilo Astori, quien negocia junto al doctor Gonzalo Fernández, el nuevo secretario de la Presidencia.

«Tal como autoridades uruguayas han manifestado públicamente», dijeron socios de Ferrere Abogados, «existen conversaciones de buena fe iniciadas entre las partes y, pendientes las mismas, no sería razonable esperar medidas unilaterales, ni actitudes que no estén constructivamente orientadas al éxito de las negociaciones».

En sentido contrario, el saliente gobierno de Batlle había admitido que perdería el juicio, y que dejaría para la electa administración de Vázquez la posibilidad de interponer nuevas demandas para evitar la obligación de afrontar el pago de las deudas pertinentes.

El gobierno Vázquez descartó todo nuevo litigio judicial de fracaso previsible y optó por encaminar las actuales negociaciones que, ya desde ahora, aventaron todo peligro de un embargo internacional. *