LA REPUBLICA negó retractarse en el juicio por la merluza negra

El juicio, que dio comienzo a las 14.37 horas, culminó a las 17.00 horas con el desistimiento formal de la demanda por parte del demandante Bartesaghi Christophersen, sin que mediara retractación alguna de ambos periodistas que se ratificaron totalmente en sus dichos.

El abogado del agente marítimo, doctor Gerardo Augusto Irazoqui Dantaz, debatió con el defensor de Fasano y Rodríguez, el doctor Carlos Uriarte, sobre la inexistencia de las injurias y mucho menos de la difamación.

Roger Rodríguez explicó con lujo de detalles el accionar de la mafia gallega y el apoyo que el demandante brindó a todos los barcos pesqueros denunciados internacionalmente, algunos de ellos capturados por Estados soberanos.

Fasano por su parte defendió en forma vehemente la responsabilidad y seriedad con que fue encarada esta investigación en defensa del patrimonio nacional, alegando sentirse orgulloso de las noticias que, sobre la pesca ilegal de la merluza negra y la mafia que la organizaba, difundiera el diario LA REPUBLICA.

Ofreció a los demandantes el derecho de respuesta al que tienen derecho irrestricto de acuerdo a la Constitución y las leyes.

Luego de su intervención, Bartesaghi desistió del juicio por difamación e injurias y anunció que ejercerá el derecho de respuesta.

Una verdad confirmada

Preguntado por la jueza Fanny Canessa si reconocía ser el autor de los artículos que originaron el litigio, el periodista Roger Rodríguez no dudó un instante en afirmar que si lo era, y además agregó, de inmediato, que «reafirmaba» la veracidad de todos sus artículos.

En consecuencia, el doctor Federico Fasano asumió, a continuación, todas las responsabilidades que le pudieran ser imputadas por la decisión que había adoptado de publicar los artículos de Roger Rodríguez, y su plena responsabilidad por los títulos de tapa.

No obstante, el objeto del litigio comenzó luego a reducirse rápidamente a partir del momento en que la jueza Canessa pidió al denunciante Bartesaghi y su abogado Irazoqui que precisaran cuáles eran las afirmaciones periodísticas que lo habían agraviado.

Desestimando una «posibilidad de conciliación» sugerida por la magistrada Canessa, el doctor Irazoqui ensayó en un primer momento plantear a la sede penal que su cliente pedía «una retractación» por parte de LA REPUBLICA.

En tal sentido, alegó que su cliente era sólo un agente marítimo, afirmó que no podía ser vinculado en forma alguna con los delitos que los barcos que asistía pudieran cometer en alta mar, y aseguró que Bartesaghi no había gestionado ningún permiso de pesca por intermedio de un ex legislador del Partido Colorado.

«No nos podemos retractar de lo que no dijimos», fue la rápida respuesta del doctor Fasano, en su calidad de Director del diario plural. El doctor Carlos Uriarte, defensor de los periodistas, indicó que la denuncia de Bartesaghi era poco clara en lo que respecta a cuáles afirmaciones de Rodríguez lo habían agraviado.

La misma duda del doctor Uriarte sería planteada, reiteradas veces, por la propia jueza y también por la fiscal Adriana Costa.

Fue recién entonces que, buscando y releyendo viejos recortes de diario, el doctor Irazoqui intentó delinear cuatro puntos para sustentar el juicio penal por supuestos agravios difamantes e injuriantes que había iniciado a instancias de su cliente Bartesaghi.

«Empresas fantasmas que aparecen y desaparecen»

Sorpresivamente ocurrió que el ensayo de alegato del abogado fue desestimado por su propio cliente, quien por decisión propia dejó de lado dos de los cuatro presuntos agravios. Sólo quedó en pie un afán por parte de Bartesaghi de explicitar que negaba ser dueño de barcos, y también negaba tener «una empresa fantasma».

El periodista Roger Rodríguez debió entonces explicar a la sede penal que quiso decir con «empresa fantasma» en uno de sus más de sesenta artículos de investigación acerca de la denunciada pesca ilegal de la muy cotizada merluza negra en países de varios continentes.

Roger Rodríguez ilustró una realidad conocida a nivel de los organismos internaciones relacionados a la pesca, que saben de la existencia de «empresas que aparecen y desaparecen», se trata de «empresas de conveniencia», que «arriendan y sub contratan» barcos, sin que casi nunca pueda conocerse con precisión quienes son los dueños.

A esa altura de la audiencia, Roger Rodríguez reafirmó, en particular, que los 18 meses que estuvo investigando maniobras ilegales en torno a la pesca de la merluza negra en aguas protegidas por las normas internacionales, la agencia marítima Triomar SA, aparece como estrechamente ligada a buques denunciados o sospechados.

¿Agencia marítima de barcos ilegales?

Bartesaghi, titular de Triomar SA, alegó que, en todo caso, su firma podría ser considerada como «rehén» de los buques piratas que «asiste», pero negó que pudiera ser tomada como parte integrante del «grupo económico» que controla la pesca ilegal del espécimen.

No obstante, el propio agenciero reconoció que posee un permiso para exportación del pescado que capturen los barcos que «asiste».

Y también admitió que su agencia presta servicios a buques que fueron denunciados, o que están sospechados a nivel internacional, por la pesca ilegal.

Roger Rodríguez insistió, por su parte, que Triomar SA es una suerte de partícipe necesario de las operaciones comerciales de las empresas que en el mundo se conocen como integrantes de la llamada «mafia gallega», que hoy en día pesca merluza negra, ilegalmente.

Pese a lo manifestado por el propio agenciero Bartesaghi, el doctor Irazoqui reiteró que su cliente no puede ser responsabilizado, al menos no necesariamente, por delitos que comentan los buques.

Finalmente, la propia jueza Canessa aclaró que, en su conclusión, el único agravio sostenible era el calificativo de «empresa fantasma».

La fiscal Costa se manifestó de acuerdo.Documento «sorpresa»

El término «fantasma», utilizado por Rodríguez en sólo uno de las 60 artículos que durante 18 meses revelaron a la opinión pública uruguaya la existencia de un negociado depredador que pone en peligro la existencia de la merluza negra, fue objeto de un debate.

Bartesaghi negó que tuviera una «empresa fantasma»; Rodríguez reafirmó que es «fantasma» una firma que opera como «fachada» que esconde la identidad de los verdaderos dueños de los barcos que, como es de conocimiento público, han sido incluso capturados.

Especial sorpresa causó la exhibición por parte de Roger Rodríguez de un documento oficial que reveló que Bartesaghi había recibido una carta poder para ejercer, en Uruguay, amplias facultades de representación y tramitación a nombre de la empresa Alcimar SA, dueña del buque pesquero Maya V, que fuera capturado por una patrullera militar de Australia por estar pescando merluza negra en aguas jurisdiccionales, prohibidas para el permiso que poseía.

Las injurias inexistentes

Ante la dispersión generalizada sobre el objeto de la causa penal, y frente a la inexactitud de los denunciantes sobre los términos que, según el agenciero, provocaron agravios pasibles de dar lugar a un juicio penal, el doctor Fasano puntualizó varios aspectos.

En primer lugar, el director de LA REPUBLICA destacó que la labor periodística de Roger Rodríguez implicó «una investigación seria y responsable», -que insumió un trabajoso cotejo de fuentes, testigos y pruebas documentales-, que «desnudó» una mafia pesquera que «atenta contra los intereses nacionales» al comprometer la cuota que le corresponde a Uruguay para capturar la merluza negra.

Afirmó, en segun
do lugar, que Triomar SA integró «un eslabón» del «conjunto económico» conocido como la «mafia gallega», y remarcó que la investigación de Rodríguez fue «noticia de interés público» en «beneficio de la sociedad uruguaya», y del propio Estado nacional.

A continuación, el doctor Fasano explicó que el alegato del abogado de Bartesaghi no aportó fundamento alguno para dar lugar a que amerite el desarrollo de un juicio por «difamación e injurias», ya que tales fueron los dos delitos atribuidos a los dos periodistas.

Agregó, además, que los argumentos esgrimidos por denunciante y abogado no daban lugar alguno a ningún tipo de «retractación» por parte de LA REPUBLICA, ya que ni siquiera ameritaban un juicio penal.

El derecho de respuesta sin ningún juicio previo

Fasano ofreció, no obstante, y sin que nadie se lo pidiera, que el propio denunciante ejerciera el derecho de respuesta que a todo ciudadano le reconoce, sin límites, la Constitución de la República.

Recordó a la vez que LA REPUBLICA es «el único diario uruguayo» que en sus 17 años de historia «siempre» concedió el derecho de respuesta a cualquier lector, sin necesidad de que mediara juicio de ningún tipo. Basta enviar una respuesta a la Redacción, indicó.

«Nos sentimos orgullosos de lo que hemos investigado, con toda seriedad y responsabilidad, para cumplir con nuestra obligación de informar a la opinión pública, y servir al interés público y a la sociedad en su conjunto», reafirmó el doctor Fasano una vez más.

Ya enteramente encogido el objeto del juicio penal, el propio Bartesaghi hizo anunciar a su representante legal que desistía de la acción penal que propició, y luego, él mismo dijo que ejercerá sus derecho de respuesta. Antes de finalizar la audiencia, y en un acto de magnanimidad, el abogado de los periodistas, el doctor Uriarte, comunicó a la jueza que renunciaba al derecho a reclamar a los denunciantes que desistieron al pago de los costos que insumió la preparación del litigio, tal como lo prevén las normas del Código del Proceso Penal. *