"Hay un descontrol en todo el sector público y privado"

El director de la Inspección General del Trabajo y de la Seguridad Social, Ronald Grasside, dijo ayer a este matutino que los 41 fallecimientos por accidentes laborales, ocurridos entre 2003 y 2004, representa la cifra que el organismo investigó, al igual que las nueve muertes ocurridas en el primer trimestre de este año.

«Esas cifras representan lo que se investigó. En realidad, pueden haber existido más accidentes mortales, ya que no hay un mecanismo seguro entre todas las instituciones que tenemos que ver con el tema, por el cual podamos determinar efectivamente todos los muertos en relación al trabajo. Por ejemplo, tenemos una denuncia de un accidente mortal en Rocha, pero no pudimos investigarlo», aclaró el jerarca.

De los nueve accidentes ocurridos en lo que va de 2005, cuatro pertenecen al sector público: tres operarios de UTE  en Río Negro, Salto y Maldonado, respectivamente  y un operario municipal fernandino.

Otras tres víctimas mortales ocurrieron en el sector de la construcción en Colonia y Canelones. El último ocurrió el 17 de marzo, en Montevideo, en una iglesia ubicada en Solís y 25 de Mayo. El 7 de marzo, víspera del Día Internacional de la Mujer, una funcionaria administrativa de un estudio jurídico de la calle Sarandí, que complementaba su salario realizando tareas de limpieza en el estudio, cayó del cuatro piso cuando intenta limpiar el ventanal de la oficina. También se produjo el deceso de un operario del frigorífico Canelones al caer en una máquina picadora de carne.

«Aquí estamos ante una situación que viene de varios años atrás de descontrol en todo el sector público y privado, fundamentalmente de las condiciones básicas de protección de la integridad física y de la salud de los trabajadores. Desde que ingresamos a marzo, hemos empezado a resolver inspecciones, tanto en cantidad como con medios, sacando una importante flota al interior del país», señaló Grasside.

El titular del organismo agregó que se realizará una reposición de los controles en todo el territorio nacional, incluyendo una coordinación a nivel estatal.

De hecho, la semana entrante está prevista una serie de salidas a varios departamentos para inspeccionar empresas vinculadas a la alimentación y al comercio y a los sectores forestales y arroceros. También se harán inspecciones en la zona metropolitana.

El organismo cuenta con 21 inspectores de seguridad y salud activos y otros 60 inspectores de documentación. «Todavía estamos en el proceso de reintegrar los trabajadores de inspección que estaban en otros lugares del Estado en pases en comisión. Actualmente el personal es totalmente insuficiente. Ya estamos abocados a procesar un llamado entre los funcionarios del Estado que estaba previsto por el gobierno anterior para siete vacantes», afirmó.

También se negociará con la Oficina Nacional de Registro Civil mecanismos de ingreso para condiciones ambientales de trabajo de nuevos inspectores. El número que se maneja para incrementar la planilla en el presente año es de 20 a 30 inspectores. *