Batlle estuvo lejos de cumplir la promesa de regularizar asentamientos irregulares

Las nuevas autoridades del Programa de Integración de Asentamientos Irregulares (PIAI) explicaron a LA REPUBLICA los nuevos objetivos de esta dependencia estatal, con la intención de aplicar importantes cambios en los contenidos de la iniciativa. El PIAI fue creado con la finalidad de mejorar la calidad de vida de aquellas personas afincadas en la informalidad. El Plan tiene el propósito de regularizar la propiedad de la tierra ocupada, realizar obras de saneamiento y mejoras edilicias, la construcción de un local comunitario y ejecutar un seguimiento social durante seis meses de los beneficiarios directos.

El gobierno entrante se encontró con la sorpresa de que el Ejecutivo saliente sólo ejecutó el 20% de los recursos disponibles, cuando el ex presidente Jorge Batlle firmó el 30 de julio de 1999 con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) un contrato para la adjudicación de un préstamo por U$S 110 millones, que tenía por finalidad solucionar la problemática de los asentamientos irregulares.

En Montevideo, durante cinco años, se regularizaron cuatro asentamientos:

Nuevo Amanecer, Las Malvinas, La Boyada y La Esperanza.

Existe un importante atraso en la gestión, donde el plazo de finalización de esta primera etapa estaba fijado para 2005, pero las nuevas autoridades estiman que culminará recién en julio de 2007.

El director del PIAI, Ricardo Muttoni, señaló que existe un remanente de ejecución máximo de U$S 55 millones que se tratará de utilizar en los próximos dos años. La segunda etapa, prevista por el Plan, comenzará en julio de 2007, cuando se implemente un nuevo programa que tendrá diferencias con la iniciativa actual. Esto quedará supeditado a una negociación con el BID.

Según se pudo saber, las nuevas autoridades pretenden enfatizar en el tema social, en lo que se denomina «post obras» y en el rubro «prevención», a fin de evitar la extensión de los asentamientos.

En cuanto a la atención post obra, el plan prevé un seguimiento de seis meses a la comunidad beneficiaria. Las nuevas autoridades pretenden extender el plazo, llevándolo a un mínimo de un año, dependiendo de cada caso particular, hasta tanto el colectivo esté en condiciones de insertarse en la sociedad sin apoyo del Plan.

Otra de las novedades que experimentará el PIAI será la intención de revertir la inversión hecha hasta el momento. Actualmente los fondos se destinan en un 90% para el Interior y un 10% al área metropolitana, cuando el objetivo del préstamo era volcar un 30% y un 70% respectivamente. El objetivo es ir revirtiendo esta tendencia, ya que en los departamentos de Montevideo, Canelones y Maldonado es donde se concentran los asentamientos irregulares.

De los U$S 110 millones habilitados por el BID como préstamo en un principio, el Ejecutivo de Batlle decidió en 2004 utilizar U$S 81 millones. Pero hasta el 1º de marzo, el gobierno colorado ejecutó U$S 26 millones. El gobierno de izquierda negociará con el BID la ampliación del crédito para implementar una segunda etapa que se iniciará a mediados de 2007. Este segundo contrato tendría nuevas bases con modificaciones en los criterios de elección de los asentamientos, con modificaciones a la fecha de la elección de éstos, ya que hoy día se regularizan los que fueron formados hasta 1996. A entender de las autoridades del PIAI es necesario modificar el número de lotes requeridos, aumentando a los 40 actualmente previstos.

Muttoni informó que tiene el compromiso del Ejecutivo de acelerar los procesos de ejecución de las obras, que permitan utilizar el monto del préstamo no utilizado.

 

El PIAI y el Plan de Emergencia

Tanto el PIAI como el Ministerio de Desarrollo Social trabajarán en conjunto para coordinar acciones tendientes a prestar de una forma efectiva la asistencia de aquellas personas que viven en la indigencia. Pero los mayores beneficiarios de estas prestaciones no serán precisamente los residentes de aquellos asentamientos que están incluidos en el PIAI. Si bien podrían detectarse algunos casos de exclusión en estos «barrios en proceso de regularización o ya regularizados», se ubicarán en los asentamientos formados principalmente después del año 2000 donde están los mayores niveles de indigencia. Delia Rodríguez, subdirectora del PIAI, explicó que los asentamientos que podría llegar a asistir esta dependencia estatal se ubican en un 30% de la totalidad, ya que existe una serie de requisitos, como la antigüedad, el número de residentes y su posibilidad de ser regularizado, que reduce el universo a cubrir. Indicó que las ocupaciones de tierra registradas a partir del año 2000 fueron hechas por personas que residen en forma más precarias a quienes se asentaron en 1996, que lo hicieron por no poder pagar un alquiler, mientras que los últimos, llegaron a esta situación por no tener empleo. *