Habrá gestión "austera" en el BHU, con reducción de gastos y sin tocar salarios

La institución, con una morosidad del 46% y gastos operativos anuales de U$S 36 millones, deberá revisar la ley Nº 17.596 de fortalecimiento del BHU, a fin de eliminar las restricciones de funcionalidad de la institución. Una de las propuestas para reactivar al banco, es destinar la devolución del dinero (U$S 2 millones mensuales) que recibiera la institución por su capitalización, para la promoción de la vivienda.

En entrevista con el próximo director del BHU, escribano Walter Morodo, anunció que los locales de las sucursales cerradas serán destinadas para el Plan de Emergencia. Explicó que si de la auditoría a efectuarse surgen irregularidades, se comunicará primero al Poder Ejecutivo, y si lo amerita a la Justicia.

-¿Con qué BHU se encontraron las nuevas autoridades?

-Encontramos al banco en una situación muy difícil y compleja. Hay cierta sensación de que no es la misma situación del BHU de hoy a la del año 2002, aunque todavía es una situación que está muy lejos de ser la que tuviera la institución no muchos años atrás. Sufrió los embates de la última crisis, pero su situación se remonta desde hace tiempo. No sólo desde el punto de vista económico y financiero, sino también del humano. Notamos un funcionariado falto de incentivos, y que al mismo tiempo, espera con expectativas una nueva conducción porque entienden imprescindibles los cambios.

-¿Cuál será la política habitacional que aplicará la institución?

-El BHU trabajará de una forma estrecha con el Ministerio de Vivienda. Entendemos que más allá de las autonomías, tenemos que actuar en forma conjunta para establecer una política habitacional clara y única. Lamentablemente, la Ley Nº 17.596 de fortalecimiento del BHU, la que redujo el papel protagónico que tuvo la institución en la facilitación de los accesos a la vivienda para cientos de miles de uruguayos impide que el banco intervenga en la promoción de la construcción de vivienda colectiva. Sólo puede dar préstamos a personas físicas para construcción, refacción o adquisición de vivienda usada. Con lo cual, la industria de la construcción poco y nada puede esperar del banco.

-Ante este impedimento, ¿existirá la posibilidad de que el Ejecutivo derogue la Ley Nº 17.596?

-Por lo menos va a hacer revisada la ley y eventualmente modificada. El Directorio del BHU, conjuntamente con los sectores altamente involucrados, elevarán su aspiración para que la norma sea revisada total o parcialmente.

Además de este impedimento, el banco no cuenta con la liquidez suficiente para impulsar un instrumento que facilite la adquisición de créditos.

-¿El BHU, a qué franjas destinará sus políticas habitacionales?

-Actualmente, la institución destina sus créditos a las franjas medias. Cuando se instrumente y elabore la política única de vivienda, ahí se revisará si estamos en la franja correcta o habrá que modificarse.

-¿Un funcionario público o un empleado de la órbita privada que gane $ 5 mil o $ 7 mil, podrá acceder a las líneas habitacionales del banco?

-De acuerdo con el esquema actual y a la división de tareas, que en materia de vivienda hay, en este momento no estarían contemplada esta franja, pero sí en el Ministerio de Vivienda. El BHU requiere un ingreso familiar de $ 14 mil.

Si se llega a un acuerdo que el Ministerio de Vivienda y el BHU tengan que promover la construcción de vivienda, tenemos que estudiar bien cual va a hacer el mercado para no caer en errores históricos, en los cuales, en algunos lugares determinados, se construyeron más viviendas de lo que era la demanda potencial.

Hoy el banco tiene unas 2.000 viviendas vacías que no pudo colocar, devueltas por personas que no pudieron pagar y recuperadas después de un remate.

-¿Cuáles son los gastos operativos que tiene el BHU?

-Son gastos altos. Uno de ellos, es que las viviendas que no están ocupadas generan la contratación de custodias para evitar que sean ocupadas por intrusos, y generan gastos, porque en complejos que están ocupadas parcialmente, se tienen que pagar gastos comunes de aquellas viviendas vacías. Anualmente los gastos operativos del BHU, incluido el salario de los funcionarios, demandan U$S 36 millones. El mantenimiento de la custodia del servicio 222 es de U$S 2 millones.

-Haciendo una interpretación del resultado de las finanzas del BHU, que parecería ser una «máquina de generar deuda», uno se podría preguntar, ¿qué sentido tiene?

-Esa es la pregunta. Nos planteamos qué banco queremos. El actual, sólo gestiona cobros de servicios hipotecarios (por un préstamo o el precio venta de la vivienda), que tiene hoy día un 46% de morosidad. Con el cobro de esa mitad, la institución apenas cubre los gastos de financiamiento, pero no permite hacer más nada. El ingreso del banco es de unos U$S 6 millones mensuales, pero más del 30% de este monto se van en abrir las puertas de la Institución.

-¿Cómo se hace para que el BHU tenga una mayor recaudación?

-Una de las formas es la utilización del fideicomiso sobre la cartera de créditos del banco, que le permitiría obtener dineros frescos. Otra forma de capitalizar es recuperando cartera morosas. Una tercera, es la conversión de los activos a través de la venta de inmuebles. Pero una sola de ellas no soluciona el problema de la liquidez del banco para su operativa.

Otra alternativa que se podría manejar es coordinar con el Ministerio de Vivienda y el de Economía y lograr una asistencia financiera del gobierno central con fines de promoción y no para mantener una situación. No sería una inyección. Actualmente, el BHU debe verter por mes U$S 2 millones al Ministerio de Economía y Finanzas para ir devolviendo la asistencia que en el año 2002 le dio el Estado por un monto de U$S 680 millones. Se pactó que el banco amortice con una entrega mensual. Pediríamos que de esa suma se pueda reinvertir en la promoción de la vivienda, tanto para otorgar préstamos o en la construcción. También se debe incluir el ahorro previo, pero para que ello ocurra se debe de generar confianza en el mercado.

-Durante los años 2002 y 2003, se generaron importantes problemas con los ahorristas en dólares de la institución, ¿no habría inconveniente en este sentido?

-Hay medidas que el banco dictó para contemplar la refinanciación de todos los deudores. Allí aparece el problema de la morosidad. Hay medidas que el banco adoptó para la refinanciación de todos los deudores, en moneda nacional y en dólares, y en todas las reglamentaciones legales no contemplaron las expectativas. Otra de las tareas que abordará el próximo Directorio es un reconocimiento que en la cartera morosa hay una alta heterogeneidad. Más allá del examen caso a caso de cada deudor, se dictará algún tipo de norma de carácter general para tratar de recuperar clientes morosos al banco.

-Desde el punto de vista ético, ¿que harán las nuevas autoridades del BHU teniendo en cuenta el sonado caso de Salomón Noachas?

-Es una parte que seguramente merecerá una auditoría, tal como se viene haciendo en todo el aparato estatal desde el 1º de marzo. Dentro de la auditoría pueden surgir elementos nuevos o confirmarse los elementos delictivos que motivaron procesamientos y renuncias de jerarcas.

-En caso de surgir irregularidades o ratificarse los hechos anteriormente denunciados, ¿cómo procederá el BHU?

-Nos remitiremos al resultado de la auditoría. Si de ella hay elementos que puedan revestir alguna figura delictiva, nosotros lo vamos a poner en co
nocimiento, primero del Poder Ejecutivo, segundo, si amerita, al Poder Judicial. No es con ánimo revisionista. Para pensar el futuro tenemos que saber bien el presente y conocer el pasado.

-¿Cuáles serán las primeras medidas que adoptará el Directorio del BHU?

-Lo que tenemos decidido es imprimir una gestión austera del banco, con reducción de gastos que no sean imprescindibles a todo nivel. No vamos a tocar la masa salarial.

-¿Qué pasarán con los locales que fueron utilizados como sucursales de la institución pero que actualmente están cerrados?

-Existe la posibilidad de que el Ministerio de Vivienda utilice estas sucursales cerradas, sobretodo en el Interior del país para colaborar con el Plan de Emergencia. *