"Caso Gelman" promete debate jurídico y tensión política por citación a militares

La decisión política de Tabaré Vázquez de excluir el Caso Gelman de la Ley de Caducidad promete un debate jurídico, al reabrirse una causa clausurada por un decreto presidencial, y anuncia una tensión política, porque el juez actuante podría citar el ex presidente Jorge Batlle y a un importante grupo de militares.

El caso de desaparición de María Claudia García Irureta Goyena de Gelman, nuera del poeta argentino Juan Gelman, había sido declarado por el gobierno del presidente argentino Néstor Kirchner como un «caso de Estado», y el mismo día de su asunción Vázquez prometió su esclarecimiento.

En el ámbito judicial existen dudas sobre cuál será la «vía institucional» que el nuevo gobierno podrá implementar para reabrir un caso que fue clausurado por el gobierno de Jorge Batlle, quien lo amparó en la Ley de Caducidad, poco antes de que el juez actuante pudiera citarlo a declarar.

La situación se sigue con atención en el ámbito político y militar, ya que una reapertura del Caso Gelman implicaría excluirlo expresamente de la Ley 15.848 y habilitaría al magistrado a citar al propio Batlle y a militares y policías retirados que han sido mencionados como partícipes de la desaparición.

Los mandos militares habrían manifestado al nuevo gobierno su sumisión ante el mando de Vázquez, y la aceptación de sus anuncios en materia de derechos humanos, pero no habrían dejado de señalar su temor ante la posibilidad de una serie de citaciones judiciales a militares.

El entorno que se genere a la acción judicial y los actos internos del próximo 14 de abril en que se recordará a policías y militares caídos, presentan sendos escenarios de tensión que preocupan por igual al gobierno y a los mandos militares, quienes coinciden en su voluntad de cerrar el tema.

El caso Gelman

María Claudia, con 19 años y embarazada, fue secuestrada junto a su esposo Marcelo Gelman en Buenos Aires en agosto de 1976. Permaneció detenida en el centro de represión Automotoras Orletti, hasta que le trasladaron a Uruguay junto a un grupo de detenidos, quienes también permanecen desaparecidos.

El cuerpo de Marcelo fue encontrado dentro de un tonel fondeado en el Delta del Tigre y su cuerpo fue enterrado como «NN». En Montevideo, María Claudia fue vista por otros detenidos en la sede del Servicio de Información y Defensa (SID) de la calle Bulevar Artigas y Palmar.

A fines de aquel año, la nuera de Gelman fue internada en el Hospital Militar, donde dio a luz una niña que luego fue entregada a la familia de un policía. María Claudia fue trasladada a una «base Valparaíso» cerca del Zoológico de Montevideo y llevada luego a un lugar donde se le habría dado muerte.

La desaparición fue confirmada por la Comisión por la Paz y distintos indicios fortalecen la hipótesis de que María Claudia haya sido enterrada en el Batallón de Infantería Nº 13, donde el soldado Ariel López Silva confesó que, en esa fecha, había sepultado varios cuerpos, incluyendo el de una mujer.

En el año 2000, pocos días después de asumir como presidente, el Dr. Jorge Batlle anunció el hallazgo de la nieta de Gelman, cuya identidad fue confirmada luego de una larga investigación de su abuelo y una pesquisa de un grupo de periodistas de LA REPUBLICA.

Un año después, en una reunión privada, Jorge Batlle le dijo al senador Rafael Michelini que un ex policía de Granaderos, conocido como Ricardo «Conejo» Medina fue quien ejecutó a María Claudia. Michelini dio ese testimonio ante la Justicia argentina y la uruguaya.

La causa judicial sobre el caso Gelman, que instruía el juez Gustavo Mirabal, fue clausurada por el propio Batlle antes de ser convocado a declarar por el magistrado, quien durante su instrucción había ordenado suspender obras de saneamiento en el Batallón 13º y se proponía convocar a testigos.

Vía Institucional

«Nuestro gobierno se compromete con el país, se compromete con nuestros hermanos argentinos, con la región y con el mundo a trabajar incansablemente por este tema, que va mucho más allá por cierto de uno de los puntos que tendremos que solucionar entre los uruguayos, que es el tema de los ciudadanos detenidos desaparecidos», dijo Vázquez al asumir.

Por su parte, Kirchner dijo sentirse «profundamente emocionado porque en la conversación que tuve esta mañana con el señor Presidente del Uruguay, tuvimos respuestas muy positivas, absolutamente positivas, en el caso de la ciudadana argentina desaparecida, nuera del gran poeta latinoamericano Gelman, que para nosotros era un dolor muy grande».

El compromiso político, sin embargo, implica un problema jurídico ya que deberá encontrarse una «vía institucional» para reabrir una causa judicial clausurada por un decreto presidencial, al amparo de lo establecido por la «lógica de los hechos» de la Ley de Caducidad.

Distintos magistrados consultados señalaron diferencias y dudas sobre la vía institucional que el gobierno de Vázquez pueda aplicar para que retome las actuaciones el juez Mirabal, quien preguntado por LA REPUBLICA dijo que no hablaría del caso hasta no tenerlo nuevamente sobre su escritorio.

Mientras algunos juristas consideran que bastará un decreto del nuevo gobierno para derogar el decreto de clausura de Batlle y reactivar la causa, otras fuentes opinaron que podría ser necesaria una nueva «prueba superviniente» que justifique la intervención judicial sobre un «caso juzgado».

En ese sentido, pasa a tener singular importancia el trabajo que técnicos uruguayos y argentinos iniciarán a partir de esta semana en áreas específicas de los batallones Nº 13 y 14, donde distintas fuentes y testimonios afirman que se realizaron enterramientos, entre ellos el de María Claudia.

¿Citar a militares?

Desde el mismo 1º de marzo, el gobierno de Tabaré Vázquez ha tenido una particular relación con las Fuerzas Armadas, cuyos mandos han evidenciado su sumisión al poder político y su respeto a la Constitución y las leyes, aceptando el apoyo ciudadano al programa político del Encuentro Progresista.

En su primer acto público, la ministra de Defensa Nacional, doctora Azucena Berrutti, debió enfrentar una intempestiva acción del general (r) Iván Paulós, quien le interceptó y le recriminó expresiones sobre la misión del soldado. La ministra salió al paso al desconocer representatividad al militar.

Otro incidente comenzó en los últimos días de la administración Batlle, cuando el Parlamento desestimó el ascenso a general del coronel Humberto Forli. Antes de irse, Batlle elevó una nueva propuesta: el coronel Enrique Hernández, cuando el candidato del gobierno sería el coronel Miguel Dalmao.

Un dato más de la realidad política resultó el anuncio del secretario de la Presidencia, Dr. Gonzalo Fernández (ex miembro de la Comisión para la Paz), quien al confirmar la realización de excavaciones en unidades militares, apareció acompañado por el propio comandante del Ejército, Angel Bertolotti.

Y otra señal del relacionamiento entre el gobierno y las fuerzas armadas, se observó en el Acto del Día de la Fuerza Aérea en el que los tupamaros Nora Castro, presidenta de Diputados, y Luis Rosadilla, presidente de la Comisión de Defensa de la Cámara baja, rindieron tributo en la base Boiso Lanza.

Las demostraciones políticas que han realizado gobernantes y mandos militares procuran preparar el clima para dos situaciones de tensión que se generarán en las próximas semanas: los actos del 14 de abril y la probable citación judicial a militares no amparados por la Ley de Caducidad.

Los actos recordatorios del «D