En 15 días se hizo más que en 15 años

Simplemente alcanzó que un gobierno pusiera en práctica cuatro condiciones, que deberían constituir la rutina de cualquier administración: sensibilidad, coherencia, respeto a la ley y voluntad política, para que el esclarecimiento de la situación de los ciudadanos detenidos-desaparecidos cambiara su errático curso.

Sensibilidad porque ¿dónde y cuándo se ha visto en la historia de las democracias que un gobierno no atienda el natural pedido de ciudadanos dolidos por la detención y posterior desaparición de uno o más familiares directos?

Coherencia porque a lo largo de la pasada campaña electoral el hoy Presidente de la República dijo que entre las primeras medidas a impulsar, en caso de ser electo, iba a ser la aplicación del artículo cuarto de la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado. Y así lo hizo.

Respeto a la ley porque no hace al derecho aplicar discrecionalmente el texto de una ley. «Aplico lo que me conviene y hago oídos sordos a lo que no me gusta», parece haber sido la máxima, en esta materia, de las administraciones de los ex presidentes Julio María Sanguinetti, Luis Alberto Lacalle y Jorge Batlle, aun cuando este último mostró cierta tibia voluntad de esclarecer una situación que expuso por década y media al país a la vergüenza internacional. Vázquez aseveró que pensaba respetar integralmente la citada ley y así lo llevó a cabo, sin estridencias pero sin vacilaciones. No hay mayor responsabilidad para un presidente de la República que respetar y hacer respetar la Constitución y las leyes del país.

Voluntad política porque sin ella las leyes no son más que letras, palabras y, en el mejor de los casos, bienintencionados propósitos. El rápido trámite de la implementación de la entrada de los científicos a los cuarteles, lugares fundamentadamente sospechosos de contener los restos de los compatriotas detenidos-desaparecidos, demostró que en estos últimos 15 años hubo en las más encumbradas autoridades mucho de cobardía y/o cálculo político y poco o nada de voluntad política y temple de gobernante. ¿En qué democracia vivimos si el presidente de la República no ejerce su calidad de comandante supremo de las Fuerzas Armadas como lo expresa con claridad la Constitución?

Por suerte las cosas, al menos en este plano, vuelven a su sitio correcto. Lo que se trató infructuosamente de presentar como algo utópico e irrealizable, la simpleza de la vida, de las acciones que marcan el ejercicio del derecho y de las buenas costumbres, viene demostrando que por el contrario es bien posible. *