Rescinden contrato de construcción del puente sobre el Río Santa Lucía

El contrato original establecía que la obra debía estar terminada en setiembre de 2000. Una prórroga posterior extendió el plazo hasta 2002, pero tampoco fue cumplido. Entre tanto, la empresa continúa cobrando los peajes.

Esta es la primera consecuencia de la revisión de los contratos vigentes que el nuevo ministro Víctor Rossi anunció antes de asumir, y no descartó que no sea la última.

La resolución, firmada ayer por el ministro y comunicada de inmediato a la prensa, establece la notificación a la empresa, que tiene un plazo de diez días para presentar descargos. Pasado el plazo, se firmaría un decreto rescindiendo el contrato, se recuperará el cobro del peaje y se promoverá el cobro de las multas impuestas por 50 mil unidades de peaje y de una garantía de nueve millones de dólares. Además, la empresa debe abultadas sumas a la Dirección General Impositiva.

Rossi anunció que ya han estudiado mecanismos para que la obra sea terminada lo más pronto posible, aunque prefirió no adelantar detalles.

La empresa concesionaria, Consorcio Ruta 1 SA, está integrada por Empresa Victorio Américo Gualtieri SA, Compañía Bimper SA, y Construcciones Laín SA. Gualtieri, el socio mayoritario, es un empresario argentino cuyas empresas quebraron en su país.

Banco de Seguros

La resolución del MTOP dispone la comunicación al Banco de Seguros del Estado, porque la garantía presentada por el consorcio fue un documento del BSE, el que se compromete a pagar los nueve millones de dólares. A su vez, el Banco reaseguró la operación con una empresa extranjera.

Altas fuentes del Banco informaron que esta es una operativa habitual, pero que el Banco exige la presentación de cauciones, bienes o fiadores solidarios por 150 a 200 % del valor de la garantía. Uno de los encargados del cálculo de riesgo era Gustavo Vilaró, designado como próximo presidente del Banco.

En casos en que se sospecha incumplimiento, el Banco de Seguros traba embargos preventivos contra las garantías. No especificaron si este era el caso, pero la temprana comunicación del Ministerio es para que el BSE tome recaudos.

Los trabajos y los días

La licitación para el tramo de la Ruta 1 entre la cabecera de los accesos a Montevideo en Santiago Vázquez y el empalme de Ruta 45, junto a Libertad, fue abierta en 1996. Fue una de las primeras concesiones de obra pública a cambio de peajes.

Una primera polémica en torno a la misma fue que a los interesados se les dijo que no podían ceder los peajes a bancos que financiaran las obras. Por este motivo varias empresas no se presentaron.

Sin embargo, cuando en 1998 se firmó el contrato con la empresa ganadora, Consorcio Ruta 1 SA, el apartado 10.2 del contrato establecía que el concesionario tendrá la libre recaudación y disponibilidad de los peajes, pudiendo ceder los créditos derivados del producto de la misma». De hecho, el consorcio no invirtió capitales en cantidad suficiente como para hacerse cargo de la obra. El contrato establecía que éstas debían estar terminadas a fin de setiembre de 2000. Unos días antes, el 13 de setiembre de ese año, la Dirección de Vialidad concedió una prórroga de dos años. A cambio, la empresa se comprometía a realizar tareas de conexión, una calzada de bypass en Ecilda Paullier y una intercambiadora de nivel en Camino Tomkinson.

El 1º de setiembre de 2001 debía estar colocada la superestructura metálica del puente, pero ni siquiera había comenzado a fabricarse en España, porque la Empresa Ursa Lastra España no había recibido el adelanto establecido. En ese momento hubo movimientos en busca de una nueva prórroga, pero se divulgó que el propio presidente Jorge Batlle no estaba de acuerdo. De manera que la empresa está fuera de cronograma desde 2001 y completamente en incumplimiento desde setiembre de 2002. El contrato establecía que el Estado podía rescindir el contrato con dos meses de atraso en las obras.

Desde entonces, ha continuado percibiendo el peaje y destinando parte del mismo a las obras, con gran lentitud y con observaciones en cuanto a la calidad de las mismas por parte de la Dirección de Vialidad, que con los servicios jurídicos del Ministerio plantean la rescisión de contrato desde setiembre de 2003.

El 14 de noviembre de 2001 el senador nacionalista Carlos Garat realizó un planteo en sala reclamando la rescisión, que ayer comenzó, estimó que el costo de finalización de las obras insumían un monto de dieciocho millones quinientos mil dólares. Diez millones en la doble vía, cinco millones quinientos para la superestructura metálica y tres millones para los pilares 5 y 6 y obras de ingeniería que faltaban en el puente.

Garat estimó que en los primeros tres años de concesión la recaudación bruta de peaje había sido de seis millones seiscientos mil dólares anuales. El contrato concedía los peajes por 35 semestres, o sea hasta marzo de 2016. En aquel momento, deduciendo IVA y costos de mantenimiento, la empresa tenía para cobrar 70 millones de dólares luego de pagar las obras, sin haber puesto casi ninguna inversión inicial ni haber cumplido con el servicio. *