Documento oficial compromete la situación de Blanco y Bordaberry

Una copia de un expediente de la autoridad de Migraciones de la República Argentina, que ya obra en poder del juez penal de 11º Turno, Roberto Timbal, revela que el canciller de la dictadura civil y militar, Juan Carlos Blanco, ordenó invalidar el pasaporte de Zelmar Michelini, y que el entonces presidente de facto Juan María Bordaberry supo de una requisitoria contra Héctor Gutiérrez Ruiz.

La invalidación del pasaporte de Michelini y la requisitoria contra Gutiérrez Ruiz fueron concretadas «días antes» que los legisladores uruguayos fueran secuestrados en Buenos Aires en mayo de 1976. Ambos compatriotas fueron torturados y luego ejecutados a tiros.

Sin pasaporte, Michelini no pudo viajar a Estados Unidos donde iba a denunciar ante el senador Edward Kennedy las violaciones a los Derechos Humanos que había cometido el gobierno de Bordaberry. La requisitoria obstaculizó los movimientos de Gutiérrez Ruiz.

Tanto la orden de invalidación del pasaporte de Michelini como la requisitoria de Gutiérrez Ruiz marcaron el trágico destino de los dos uruguayos, y comprometerían seriamente la situación penal del ex presidente de facto Bordaberry y de su canciller Blanco.

El juez Timbal espera una «copia certificada» del mismo documento que está incorporado al expediente judicial que ahora sigue el juez federal argentino Guillermo Montenegro, quien subrogó al también juez federal argentino Rodolfo Canicoba Corral, que inició la causa.

A la vez, los representantes legales en Buenos Aires de las familias Michelini y Gutiérrez Ruiz solicitaron al Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), instituto defensor de los Derechos Humanos, que tramite una solicitud al juzgado de Montenegro para conseguir los documentos relativos a represores uruguayos, civiles y militares.

Todos los documentos que obtenga el CELS serán enviados «en los próximos días» a Uruguay para que las familias de los legisladores asesinados puedan incorporarlos al expediente a cargo de Timbal. Se desconoce el tiempo que pueda insumir «la certificación» legal de cada parte del expediente para que pueda ser tenida en cuenta por el juez Timbal y la fiscal penal de 2º Turno, Mirtha Guianze. Se sabe, no obstante, que el CELS ya obtuvo la mayor parte de los documentos judiciales que solicitó al juzgado federal argentino, y se estima que su arribo a Uruguay se concretará «en unos días». *