Juez concedió libertad provisional al ex fiscal Altolaguirre, procesado por coima

Por su parte, la fiscal en lo penal de 3er. Turno, Olga Carballo, quien se opuso a la excarcelación del fiscal destituido y procesado, ayer desistió, no obstante, de interponer un nuevo recurso de apelación. A falta de una apelación fiscal, la sentencia judicial quedó firme.

Una anterior excarcelación de García Altolaguirre, que también fue concedida por França, había sido revocada, en agosto de 2004, por el Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 2º Turno, luego de que la misma fiscal, Olga Carballo, interpusiera un recurso de apelación.

A las 13.05 horas de ayer, França decretó otra excarcelación con el mismo fundamento que en la ocasión anterior: consideró que García Altolaguirre ya cumplió tiempo suficiente de prisión preventiva.

García Altolaguirre fue procesado con prisión por el propio juez França en abril de 2003, por un delito de «concusión» (coima) y otro delito de «utilización indebida de información privilegiada». Había sido denunciado por la fiscal Carballo, quien le imputó los delitos, pidió su procesamiento, y se opuso a su excarcelación.

También fue procesado por reiterados delitos de «concusión» un funcionario de la Fiscalía en lo Penal de 10º Turno, entonces a cargo de García Altolaguirre, con quien actuaba en complicidad.

Según se comprobó, los delincuentes pagaban «coimas» para recibir condenas leves, o ser sobreseídos de las acusaciones en su contra. Las extensas investigaciones judiciales y policiales incluyeron, en su momento, interceptaciones telefónicas y filmaciones ocultas, a cargo de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia. La defensa de García Altolaguirre, ahora procesado por la Justicia Penal, y a la vez, también enjuiciado por la Justicia Civil, está a cargo de los abogados Gastón Chaves Hontou y Gustavo Bordes, quienes solicitaron al juez França la «excarcelación provisional».

Fue a la cárcel por delitos «reiterados» y «agravados»

Contra García Altolaguirre sigue aún en curso un juicio civil que le inició el Ministerio de Educación y Cultura, bajo cuya jurisdicción está la Fiscalía de Corte y Procuraduría General de la Nación, de la cual dependen jerárquicamente todos los magistrados fiscales.

El juicio civil está en etapa de diligenciamiento de ciertas pruebas que fueron solicitadas por el ministerio y el propio denunciado.

También sigue el trámite que los defensores de García Altolaguirre iniciaron ante la SCJ, el máximo órgano del Poder Judicial, cuyos ministros suspendieron su condición de abogado. Se estima que el fiscal declarado cesante quedará «inhabilitado» como abogado, para siempre.

Además, García Altolaguirre fue «cesado» como fiscal nacional en lo penal de 10º Turno, el 27 de mayo de 2003, por resolución del entonces presidente de la República, el doctor Jorge Batlle, luego que el ahora destituido funcionario fuera sometido a un sumario.

«Definitivamente» cesado como fiscal

La resolución de Batlle recordó que García Altolaguirre había sido procesado «por reiterados delitos de concusión especialmente agravados por la circunstancia prevista en el artículo 163 del Código Penal, en reiteración real, con un delito continuado de utilización indebida de información privilegiada, especialmente agravado por la circunstancia prevista en el artículo 163 del inciso 1º del mismo Código».

Señaló además la resolución presidencial que «el sumariado reconoció expresamente su responsabilidad, por actos que él mismo calificó como faltas administrativas graves».

El gobierno entendió en su momento que «la índole de los delitos» cometidos por el ex fiscal «revela una ostensible inhabilitación moral para el ejercicio del cargo, absolutamente incompatible con la dignidad del Ministerio Público y Fiscal».

«Ante la confesión de transgresiones que afectan la esencia del servicio», añadió la resolución oficial, «no puede caber duda de la imperatividad de excluir definitivamente» al sumariado ex fiscal. *