Excavaciones serían filmadas las 24 horas en presencia de un escribano

Las fotos aéreas del predio militar de 500 hectáreas, tomadas en distintas fechas, están en los archivos de la Intendencia Municipal de Montevideo. La comparación del estado de los terrenos en las diferentes épocas permitirá determinar dónde hubo remociones.

Ya está terminado el estudio similar que se hizo en el Batallón de Infantería Blindada Nº 13 que, junto al 14, siempre fue sindicado como un lugar de enterramiento clandestino de presos políticos. La superficie total del 13 abarca menos de una cuarta parte del 14.

Una vez terminadas de ser procesadas y comparadas las fotos del Batallón 14, los técnicos podrán definir con mayor precisión los sitios que puedan llegar a ser de interés para las prospecciones arqueológicas en busca de restos humanos de los desaparecidos.

Mañana, el secretario de la Presidencia, doctor Gonzalo Fernández, presentará por escrito ante el juez penal de 1er Turno, Juan Carlos Fernández Lecchini, la anunciada solicitud del Poder Ejecutivo para que la Justicia Penal deje sin efecto la orden de «no innovar» en los predios militares, disposición que impide iniciar las excavaciones.

Antes de iniciar las excavaciones, el Rectorado de la Universidad de la República deberá aprobar, junto al Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), un «Protocolo de Procedimiento» que garantice a civiles y militares la objetividad científica del trabajo.

Protocolo con garantías para civiles y militares

Entre otras normas del Protocolo aún en elaboración, se prevé que las excavaciones sean filmadas durante las 24 horas en presencia de un escribano público. Quienes participen, deberán cambiar sus ropas al entrar y al salir del predio, donde sólo podrán utilizar un uniforme que, al estar sin uso, estará bajo custodia permanente.

Similares medidas de seguridad se implementarán con todas las herramientas y la maquinaria que ingrese o egrese del terreno.

«Nadie podrá colocar en las excavaciones un elemento extraño que no haya estado enterrado durante décadas. Para la Arqueología es tan importante el elemento como el contexto, ya que el elemento se puede fabricar, pero no se puede fabricar el contexto que determina la validez del elemento», explicó un allegado al estudio.

Además, el «Protocolo de Procedimiento» deberá ser aprobado por el rector en consulta con especialistas de todas las facultades, ya que se prevé la futura participación de nuevos expertos técnicos.

Los peritos universitarios que han trabajado hasta el momento -el geomorfólogo Daniel Panario y la geógrafa Ofelia Gutiérrez de la Facultad de Ciencias, así como la arqueóloga Elizabeth Onega de la Facultad de Humanidades- actuaron como peritos pedidos por el Poder Judicial, a título personal, y en forma totalmente honoraria.

Universidad será responsable de todos los trabajos futuros

A partir de la aprobación final del «Protocolo de Procedimiento», aún en elaboración, y tras la firma del convenio pertinente entre el Poder Ejecutivo y la Universidad de la República, los trabajos estarán bajo responsabilidad de nuestra casa mayor de estudios.

Está prevista la incorporación de nuevos especialistas a medida que las excavaciones descubran nuevos indicios o evidencias de la sospechosa existencia de los enterramientos clandestinos y la posterior remoción de tierras para volver a ocultar los cuerpos.

Se estima que se incorporarán en una primera etapa, además de abogados y escribanos que legitimen y escrituren los estudios, un equipo de biólogos, botánicos, agrimensores, historiadores, etc.

En una etapa posterior, y en caso de hallarse algún hueso, serán incluidos médicos forenses y laboratoristas especializados en la identificación de cadáveres anónimos a partir de restos de ADN. *