Ejecutivo pedirá a la Justicia levantar las medidas cautelares en los cuarteles

El secretario de la Presidencia, Gonzalo Fernández, recibió ayer en su despacho del Edificio Libertad al comandante en jefe del Ejército, teniente general Angel Bertolotti. En el centro del hall, acompañado por el jefe militar y el edecán presidencial, Fernández explicó que el presidente Tabaré Vázquez «impartió instrucciones» para iniciar el proceso «que complete la investigación sobre los detenidos desaparecidos».

También informó que el Presidente ya «lo conversó con los comandantes en jefe», y que «está previsto el ingreso a los establecimientos militares donde se supone que hubo enterramientos».

El secretario de la Presidencia dijo que, «en cumplimiento de esa instrucción nos hemos reunido con el comandante en jefe del Ejército, teniente general Angel Bertolotti». También afirmó que existen aspectos de orden legal que hay que resolver, como son las medidas cautelares de no innovar. En ese sentido, dijo que se gestionará por escrito la autorización correspondiente ante los juzgados.

En las unidades militares, trabajarán un equipo de la Universidad de la República y el Equipo Argentino de Antropología Forense. Los técnicos argentinos son asesores de Naciones Unidas en materia de exhumación e identificación de cadáveres, con experiencia en varias partes del mundo, incluida toda América Latina. Fernández reiteró que habrá «garantías para todas los partes» y que el Presidente conducirá «personalmente» este proceso.

Los procedimientos en el terreno comenzarán «lo antes que se pueda», agregó, aunque señaló que aún no se manejan fechas.

Consultado acerca de si el Ejército había expresado algún reparo, respondió que hay acuerdo de los tres comandantes en jefe para «dar vuelta esta página y esclarecer definitivamente este asunto».

Medidas cautelares

La solicitud de ingresar a los batallones 13 y 14 que el Poder Ejecutivo presentará a través del secretario de la Presidencia, Gonzalo Fernández, será dirigida al juez Juan Carlos Fernández Lecchini, pero guarda relación con un expediente que continúa a consideración de los ministros de un tribunal de apelaciones.

El magistrado podrá elevar la solicitud al tribunal de alzada o pedir a los ministros tribunalicios la devolución de la causa. En cualquier caso, será el juez quien deberá dirimir si da lugar o no al pedido que tramitará el gobierno del doctor Tabaré Vázquez para ingresar a los batallones y buscar restos de presos desaparecidos.

En medios judiciales se estima que el juez optaría por resolver mediante un «decreto de trámite», en 48 o 72 horas, dejando de lado la posibilidad de pasar el expediente a «autos de resolución», caso en el cual el magistrado contaría con un plazo legal de 45 días para arribar a una decisión final, previo pase a vista de la Fiscalía.

La Justicia Penal había dado lugar a las medidas cautelares de «no innovar» en los batallones 13 y 14 que había solicitado la fiscal Mirtha Guianze, para preservar eventuales pruebas que pudieran ser halladas en los predios militares, que probarían la existencia de enterramientos clandestinos de presos asesinados en dictadura.

La primera medida cautelar de «no innovar» en una parte del Batallón de Infantería Blindada Nº 13 había sido concedida por el juez en lo penal de 2º Turno, Gustavo Mirabal, en el expediente instruido para encontrar los restos de la nuera de Juan Gelman.

No obstante, el expediente fue archivado tras ir «en consulta» al Poder Ejecutivo como exige la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, más conocida como la Ley de Impunidad, a consecuencia de una muy cuestionada interpretación del gobierno.

En noviembre de 2003, el entonces juez en lo penal de 16º Turno, Alejandro Recarey, hizo lugar a una nueva medida cautelar pedida por la fiscal penal de 2º Turno, Mirtha Guianze, quien solicitó una orden de «no innovar» en determinado perímetro del Batallón 13.

A comienzos de 2004, el luego subrogado juez penal de 1er. Turno, Eduardo Cavalli, ratificó en todos sus términos la medida cautelar del juez Recarey en lo que respecta a «no innovar» el terreno en un perímetro de unos 500 metros en torno a una cancha de fútbol.

El juez Juan Carlos Fernández Lecchini, quien subrogó a Cavalli en el Juzgado en lo Penal de 1er. Turno, ratificó la medida cautelar concedida por el magistrado anterior, pero acotando el perímetro a una zona más precisa surgida de estudios técnicos ya realizados.

La medida cautelar de Fernández Lecchini, también solicitada por la fiscal Guianze, extendió la orden de «no innovar» a «todo» el predio del Batallón de Infantería de Paracaidistas Nº 14, ya ese mismo año. Autorizó también que los especialistas continuaran con sus relevamientos aerofotogramétricos, pero prorrogó toda decisión en cuanto a permitir que los técnicos excavaran en el predio militar.

El expediente pasó luego a un tribunal de apelaciones a instancias de la fiscal Guianze, a quien Fernández Lecchini desestimó una solicitud para que citara a declarar al asesor presidencial, el doctor Carlos Ramela, ex representante del gobierno de Jorge Batlle en la Comisión para la Paz. El tribunal de alzada todavía no se expidió.

Desde el Poder Ejecutivo, se confía en que el trámite judicial se dirima con celeridad. *