Desarrollo Social absorbe al INJU y al Instituto Nacional de la Familia

El Poder Ejecutivo remitió al Parlamento el proyecto de ley, de urgente consideración, por el que se crea el Ministerio de Desarrollo Social el que tendrá el cometido de «evitar la fragmentación y dispersión de acciones sociales» y pondrá en marcha el Plan Nacional de Emergencia Social. Asimismo, en la iniciativa, que en primera instancia será analizada por la Cámara de Senadores, se suprime el Ministerio de Deporte y Juventud estableciendo que el Ejecutivo redistribuirá las competencias del mismo entre el Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio de Turismo el que pasará a denominarse Ministerio de Turismo y Deporte.

En el proyecto de urgente consideración, que podría ingresar por la Cámara de Senadores, se establece que el Instituto Nacional de la Juventud (INJU) que estaba integrado al Ministerio de Deporte y Juventud y el Instituto Nacional de la Familia y la Mujer, del Ministerio de Educación y Cultura se incorporarán al Ministerio de Desarrollo Social y sus funcionarios serán redistribuidos en la nueva secretaría de Estado.

Se dispone que el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) se relacionará con el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Desarrollo Social al cual se le transfiere la coordinación y ejecución «Plan CAIF».

Las tareas de la nueva secretaría de Estado serán: «Formular, ejecutar, supervisar, coordinar, programar, dar seguimiento y evaluar las políticas, estrategias, y planes en áreas de juventud, mujer y familia, adultos mayores, discapacitados, y desarrollo social en general».

Coordinar acciones, planes y programas para «garantizar el pleno ejercicio de los derechos a la alimentación, educación, salud, vivienda, disfrute de un medio ambiente sano, trabajo, seguridad social, y no discriminación, mediante la cobertura de las necesidades básicas de quienes se hallan en situación de indigencia y extrema pobreza, buscando mejorar sus condiciones de vida».

Se le adjudica la tarea de diseñar y operar un sistema de «información social» con indicadores sobre grupos poblacionales «en situaciones de vulnerabilidad», y de identificación, selección y registro de los núcleos familiares y/o individuos habilitados para acceder a los programas sociales».

Entre sus cometidos está implementar, ejecutar y coordinar programas de atención a la Emergencia Social, e informar sobre los programas disponibles para quienes se encuentran en situación de indigencia y coordinar su ejecución con los gobiernos departamentales.

La nueva cartera podrá aplicar sanciones a quienes infrinjan las disposiciones que establecen obligaciones a cargo de personas o instituciones sujetas a su regulación y control. El monto de las multas será entre 10 y 2.000 Unidades Reajustables.

En la exposición de motivos se expresa que las políticas sociales constituyen un elemento fundamental para «la construcción de equidad, inclusión y cohesión social».

El Ejecutivo entiende que si se revisa la historia reciente del Uruguay se puede constatar «una serie fragmentaria y dispersa de acciones sociales». Asimismo, considera que «no se trata de ‘desmontar’ el Estado, reduciendo plantillas, sino de establecer con claridad sus objetivos y metas». *