Ingresaron los tres primeros proyectos

El emprendimiento de creación del Ministerio (ver recuadro aparte) que tendrá a cargo el Plan de Emergencia y el referente al Consejo de Economía comenzarán su tratamiento en el Senado mientras que el relacionado con el voto de los uruguayos en el exterior hará lo propio por la Cámara de Diputados.

«Es por demás conocida la existencia de una verdadera diáspora de ciudadanos uruguayos por el mundo. Recientes artículos de prensa informan que cerca de 25.000 han abandonado el país en los primeros seis meses del año 2004, lo que constituye un signo inequívoco del incremento de la corriente migratoria de signo contrario a la que caracterizó los albores del pasado siglo», se expresa en la exposición de motivos del proyecto que llegó ayer a la Asamblea General que preside Rodolfo Nin Novoa.

Por tanto, «el presente proyecto de ley pretende que los uruguayos en el exterior, puedan ejercer sus derechos cívicos sin las limitaciones que en la legislación vigente trae aparejada la circunstancia de no estar en el territorio nacional; situación que, como es de público conocimiento, en la mayoría de los casos no ha sido elegida por nuestros compatriotas, sin perjuicio de otras iniciativas y acciones a desarrollar».

Al respecto, «posibilita el ejercicio de uno de los derechos inherentes a la ciudadanía para aquellos uruguayos que están en el exterior: el derecho al voto, consagrado en el artículo 77 de la Constitución».

Se expresa que «de no consagrarse esta posibilidad, mantendríamos la situación injusta que supone que sólo aquellos que tuvieren medios para trasladarse al país en las instancias electorales pudieran ejercerlo, posición que sólo puede ser sostenida por quienes pretendan que voten sólo los privilegiados».

Argumentan que «con igual sentido de justicia, se opta por el voto por correspondencia con todas las garantías de transparencia, ya que el voto consular resultaría razonable para distancias abordables, pero no para los casos en que se trate de países de gran extensión geográfica, con viajes altamente costosos».

Por otro lado, «el Ministerio de Relaciones Exteriores, de quien dependen los Consulados, no tiene competencias en materia electoral que constitucionalmente pertenecen a la Corte Electoral. De ahí que el proyecto sólo concibe a los Consulados como medios posibles para el envío al Uruguay de la documentación respectiva que incluye sobres con hojas de votación, pero sin la facultad de instalar urnas ni hacer conteo de sufragios».

El planteo que lleva la firma del presidente Tabaré Vázquez aclara que «la posibilidad del voto en el exterior es inequívocamente un tema de rango legal por lo que para su establecimiento no se requiere reforma constitucional alguna».

Consejo de Economía

En tanto, en el proyecto por el que se crea el Consejo de Economía Nacional se sostiene que está previsto en la Constitución de la República desde 1934.

«El objetivo principal de la creación de este organismo puede sintetizarse así: se trata de que entre el Estado y la sociedad civil las relaciones en los aspectos económicos-sociales puedan realizarse de un modo sistemático, fluido e institucionalizado en lugar de un relacionamiento inorgánico y en ocasiones errático», se fundamenta.

Al respecto, «el proyecto concibe a este Consejo de Economía Nacional, desde luego con los caracteres de consultivo y honorario porque así lo marca el artículo 206 de la Constitución. En cuanto a la naturaleza jurídica que se propone es la de un organismo que procurará representar la opinión de los agentes y sectores económico-sociales de la sociedad civil».

Por otra parte, «en la actual coyuntura de nuestro país no parece adecuado políticamente darle a esta tan importante iniciativa la imagen de que se están creando nuevos organismos públicos lo que apareja, cualesquiera sean los cuidados de redacción, la idea que se está recargando la estructura estatal».

«El Proyecto pretende que quede claro que es la sociedad civil la representada por el Consejo de Economía Nacional buscando articular un ámbito privilegiado de relación con lo público. De ahí que tratando de conjuntar todas estas reflexiones establece un consejo netamente privado en su integración orgánica pero con participación de representantes del poder público en su funcionamiento», precisa. *