Carta abierta al Sr. Presidente de la República

1º de marzo de 2005

 

Señor Presidente de la República,

Doctor Tabaré Vázquez.

Presente

 

Hoy Usted asume como primer mandatario de un país atravesado por graves y múltiples problemas de distinta índole. Algunos de ellos son nuevos y otros son de larga data que, al no haberse tratado correcta y oportunamente, se han agravado. Entre estos últimos, el no gozo por parte de grandes sectores de nuestra población, de sus derechos fundamentales.

 

Nos duele e indigna la situación de los compatriotas que carecen de techo, de alimentación, de atención sanitaria adecuada, de los que sólo acceden a una enseñanza pauperizada, de los desocupados. Nos duele que en estos años nos hayamos alejado del cumplimiento del mandato expresado en el Artículo 2 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos: «Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.»

 

No fueron esencialmente fuerzas extrañas e ingobernables por nosotros las que nos llevaron a este punto. Fue la pertinaz costumbre de repetir las recetas de los poderosos, como la Doctrina de la Seguridad Nacional que nos llevó a considerar al disidente, al rebelde como «enemigo». Fue el adoptar acríticamente las teorías económicas y sus promesas de ganancia fácil, que nos llevó a ponernos de hinojos ante el capital financiero y la especulación. Fue el estilo soberbio y autoritario de gobernar, ese que, por ejemplo, hizo que durante los primeros tres períodos de gobierno postdictadura, los Presidentes no nos recibieran y que debieran pasar 15 años para que se reconociera que en Uruguay hubo terrorismo de Estado. Fueron largos tiempos en los que se priorizó la impunidad de los criminales a la exigencia de verdad y justicia, a la dignidad del país.

 

El Estado tiene el deber de promover, respetar y garantizar los derechos humanos de todas las personas. Trabajar para ello con una visión integral es misión de todos.

 

Nosotros estamos dispuestos  siempre lo estuvimos- a contribuir con la modestia de nuestras fuerzas a esto. Pero, no sólo nosotros. Seguramente su gobierno encontrará muchas personas que con la mayor generosidad continuarán contribuyendo con esta enorme tarea en derechos humanos, porque comprenden que «la causa de los pueblos no admite la menor demora.». Esas personas son las que con su acción anónima y solidaria, con su esfuerzo callado, han venido amortiguando el desastre y habilitando la esperanza. Ésta es el signo vital, visible, que podemos percibir como el soporte indispensable para la tarea de construir un nuevo país.

 

Muchos se (y nos) preguntan por qué ante la gravedad de esta situación, seguimos insistiendo en crímenes que ocurrieron hace 30 años. Vale la pena, entonces, aclarar. Lo hacemos por varias razones:

 

* La desaparición forzada, suma de los más aberrantes crímenes del terrorismo de Estado, no prescribe. Es un delito continuo y como tal debe ser encarado.

* El gobierno anterior, dio el primer paso serio de reconocimiento y sistematización de la información. Este paso, sin duda importante y necesario, no fue final sino inicial. Este camino debe continuarse y profundizarse.

* Durante 20 años se ha ampliado inescrupulosamente los alcances de la Ley de Caducidad, para amparar a los autores de desapariciones en el exterior, de niños, a civiles implicados, etc. Esta interpretación debe cesar.

* Aún no se han implementado medidas de reparación del honor de las víctimas de todas las formas represivas, ni de preservación de la memoria, a niveles diversos. Por ejemplo, se persiste en no incorporar ese período de nuestra historia en la enseñanza.

* No se han hecho sustanciales avances en modificar la mentalidad y estructura de las Fuerzas Armadas. Sobre este y demás puntos nos remitimos al conjunto de recomendaciones que elevamos a la Comisión para la Paz y que recopilamos en nuestro informe «A todos ellos».

 

No dudamos, Sr. Presidente, que nuestro pueblo tiene una profunda conciencia en esta materia. Ello se demuestra no sólo en el elevado porcentaje que hace casi 20 años votó contra la impunidad a pesar del miedo sembrado, también en los más jóvenes. Los que cada 20 de mayo nos acompañan en la Marcha. Los que en diferentes barrios y centros de trabajo realizan homenajes individualizados a una víctima; los que hicieron posible el Memorial. Los que los recuerdan en su arte o en sus trabajos académicos. Los que sienten la impunidad y la falta de esclarecimiento de los cobardes crímenes de lesa humanidad que ofenden la dignidad nacional, quitándonos como pueblo, la autoridad moral en esta materia.

 

Seguiremos siendo un grupo de ciudadanos que defienden esta causa sin separarla de otras que hacen a los derechos de las personas. Estamos dispuestos a llevarla con el respeto, la mesura y la civilidad que ella merece. Estamos dispuestos a colaborar en su resolución con flexibilidad y firmeza.

 

Sr. Presidente, tiene Ud. la oportunidad histórica, de gobernar promoviendo el respeto de los derechos inherentes a las personas, de dignificar la sociedad y de contribuir sustancialmente al «Nunca Más».

 

Alentados por esa esperanza, le deseamos que su gobierno sea para bien de todos los orientales y en consecuencia para su legítima satisfacción.

 

 

Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos-Desaparecidos