Rossi, Cardozo y Gros atestiguan en denuncia contra asesores y directores del Banco Central

La denuncia acusó a tres asesores del Directorio del BCU y a sus propios directores por reconocer la condición de ahorristas del Banco de Montevideo a 17 personas, tres ex funcionarios del banco en liquidación, en perjuicio de los otros 1.200 ahorristas cuyos fondos, se denunció, fueron desviados al Trade & Comerce Bank.

Los asesores del Directorio acusados son los abogados Augusto Durán Martínez, Carlos Balsa y Tomás Brause. «Eventualmente», la denuncia también recaería sobre los propios directores del BCU.

Los tres abogados integran la comisión asesora del Directorio del BCU, que fuera creada por el artículo 31 de la Ley 17.613 de Fortalecimiento del Sistema Bancario, para analizar si todos los ahorristas damnificados por el Banco de Montevideo dieron su consentimiento para que sus fondos fueran transferidos al TCB.

Según los damnificados, las transferencias al TCB, con oficinas centrales en las Islas Caimán, eran ofrecidas a los clientes como un servicio de depósito a plazo fijo en el Banco de Montevideo.

Con la firma del abogado Víctor Della Valle la denuncia fue presentada por un grupo de casi 300 ahorristas damnificados, «para investigar hechos irregulares que presuntamente puedan tener motivaciones espurias que violentarían normas del Código Penal, por las que podrían ser responsables los doctores Augusto Durán Martínez, Carlos Balsa y Tomás Brause y, eventualmente, los directores» del BCU «que avaluaron y ratificaron dichas resoluciones que aceptaron solamente a esos 17 ahorristas, entre los cuales hay tres ex funcionarios del Banco de Montevideo».

Rossi y Cardozo testimoniarán a partir de las nueve horas de hoy, al tiempo que Gros hará lo propio a la misma hora de mañana.

En días posteriores, prestarán declaración otros tres testigos, todos ahorristas damnificados, quienes tendrían más conocimiento de la irregularidad denunciada, la que benefició a sólo 17 ex ahorristas, a quienes se les reconoció su condición de tales, y se admitió como verdadera su declaración en cuanto a que no habían consentido que sus ahorros fueran transferidos a otras cuentas en el TCB.

Distinta sería la situación de los ahorristas que, a sabiendas del destino de las transferencias, depositaron sus fondos en el TCB, concurriendo a una oficina que funcionaba en Carrasco y a otra que operaba en Zona América, bajo la firma de Latinur SA, que representaba en Uruguay a los intereses del banco «off shore». *