Reclaman la derogación del decreto ilegal, que afecta a los observadores de Dinara

Los observadores de ese organismo, que deben embarcarse en los buques pesqueros, con el fin de controlar que las labores de pesca se realicen dentro de los márgenes de la legalidad, fueron perjudicados por ese decreto del Poder Ejecutivo que, según el escrito realizado, es violatorio de diversas normas internacionales. El mismo les rebaja los viáticos, fijándolos en sumas irrisorias, violándose con ello la media internacional, que supera los 80 dólares diarios.

De acuerdo a la medida aprobada por el presidente Jorge Batlle y también refrendada por el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, dichos viáticos cayeron como consecuencia de la medida del Poder Ejecutivo, a la tercera parte de la suma estipulada. Concretamente, los buques con permisos de pesca de categoría A pagan viáticos de 870 pesos, los de categoría B, de 435 pesos, los de categoría C, de 870 pesos.

Es de destacar que la profesión de observador científico en los barcos pesqueros, por sus características, es considerada como altamente peligrosa. Además, tampoco tiene sentido la diferencia de los viáticos entre las distintas categorías, dado que las labores de pesca son igualmente peligrosas en todas ellas y los mismos cubren las necesidades de los trabajadores que tienen costos similares.

De acuerdo a la fuente consultada, «es tan peligrosa la tarea de pesca en alta mar como dentro de las aguas jurisdiccionales uruguayas»

La señora Terrenoire, asesorada por un importante grupo de abogados, sostiene que la medida del Poder Ejecutivo contiene una serie de irregularidades que la invalidan. La misma   de acuerdo al dictamen de los abogados   viola los convenios internacionales de trabajo No. 151 y 154, ratificados por la ley 16039 del 8 de mayo de 1989, y 95, ratificado por la Ley 12.030 del 27 de noviembre de 1953.

En el escrito se sostiene además, que el decreto es un acto administrativo contrario a reglas de derecho y en consecuencia debe ser revocado, especialmente teniendo en cuenta que las medidas que establece dicho decreto afectan las condiciones de empleo de trabajadores del sector público. En torno a los mismos, el gobierno, por recomendación del Comité de Libertad Sindical, debe promover la consulta con las organizaciones interesadas, antes de adoptar la resolución. Sin embargo, el Poder Ejecutivo fijó el monto de los viáticos sin llevar a cabo el procedimiento de consulta.

La señora Terrenoire reclama al término de su extensa presentación, la suspensión del referido decreto, que rige desde el 12 de diciembre de 2003 perjudicando a los observadores de la Dinara, planteando además, que se acepte el proyecto de reglamentación de las tareas de observador científico y el viático de 85 dólares que era percibido anteriormente. *