Vigencia de los derechos sexuales y reproductivos

Mientras dentro del Palacio de las Leyes quedaba instalada la 46ª Legislatura, afuera mujeres organizadas de los barrios montevideanos y del interior del país plantaron junto al vallado una de sus demandas más sentidas: “Educación sexual para prevenir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir”.

Previamente, la Comisión Nacional de Seguimiento­Mujeres por Democracia, Equidad y Ciudadanía (CNS), un espacio de coordinación integrado por 47 organizaciones de mujeres y feministas de todo el país, había hecho llegar una carta a legisladoras y legisladores en la que expresa “su firme voluntad de continuar luchando por la aprobación de una ley que garantice las condiciones para el libre ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos en el país. El proyecto de Ley de Defensa de la Salud Reproductiva discutido y aprobado en la Cámara de Diputados en diciembre de 2002, que no alcanzó a convertirse en ley en la Cámara de Senadores en mayo de 2004 ­sólo por tres votos- constituye una deuda pendiente con la ciudadanía uruguaya”.

La CNS, con la firma de su coordinadora ejecutiva Lilián Abracinskas, recuerda que “Más del 63% de la opinión pública se pronunció a favor de la aprobación de este proyecto de ley que brinda un abordaje integral al tema: educación sexual, acceso a servicios de anticoncepción, maternidad y paternidad elegida y responsable, aborto legal hasta las 12 semanas de gestación”. También que la iniciativa fue apoyada por el PIT-CNT, la Universidad de la República, las iglesias Valdense y Metodista, representantes de las religiones afro umbandistas, católicas y católicos por el derecho a decidir, organizaciones de derechos humanos, Sindicato Médico del Uruguay, “por entender que da respuesta a la injusta situación que representa la práctica clandestina del aborto”.

Reiterando su confianza “en que las y los legisladores electos representarán a la mayoría de la ciudadanía que reclama una ley coherente con la laicidad del Estado uruguayo, que garantice el respeto a la diversidad de creencias y opciones existentes en una sociedad plural como la nuestra”, la CNS convoca a “desechar el camino de los acuerdos y compromisos elaborados a espaldas de la ciudadanía y a meditar sobre las consecuencias que tienen estos procedimientos sobre la credibilidad política y la calidad de la democracia”. *