Según la OIT, Uruguay posee pobre información sobre el trabajo infantil

El trabajo señala que, además de contar con datos actualizados, es necesaria una correcta difusión del fenómeno y la implementación de políticas concretas con el objetivo de disminuir su incidencia.

Denominado «Análisis de las políticas y programas sociales en Uruguay: la acción pública para prevenir y combatir el trabajo de niños, niñas y adolescentes», el informe indica que la calidad de la información es uno de los principales obstáculos para planificar acciones.

«Los datos están muy relacionados con lo que la población percibe como trabajo, dejando fuera a las peores formas. Por otra parte, tiende a captar los casos vinculados al trabajo formal, por lo que queda fuera del relevamiento el ámbito de la informalidad, un lugar de riesgo potencial muy alto para estas prácticas», afirma a modo de conclusión.

El otro punto crítico de Uruguay es, según la OIT, los escasos datos que existen sobre el fenómeno a nivel rural.

La única información al respecto data de 1996, cuando se registraba una elevada tasa de actividad en la franja de 12 a 14 años, a la vez que revelaba que un 30% de los niños de 12 a 13 años declaraban trabajar en el sector primario.

«Con el crecimiento acelerado de la forestación, se puede estimar que estas cifras deben haber crecido. Los actores consultados manejan indicios de que esto es así, pero no hay relevamientos rigurosos del problema, con el agravante de que en estos sectores la sindicalización es prácticamente inexistente», subraya.

Asimismo, la OIT entiende necesario actualizar la información, porque todos los actores consultados para el informe coinciden en que el agravamiento de la crisis generó más situaciones de empleo infantil, ligadas básicamente a las estrategias de sobrevivencia de las familias.

A efectos de subsanar este déficit se requiere, para el organismo internacional, construir una herramienta que permita medir en una muestra representativa de la población la incidencia del trabajo infantil, incluso en sus peores formas.

El estudio ha comprobado también una falta de conocimiento «muy importante» sobre la problemática en los lugares de toma de decisión, tanto técnicos como políticos.

 

Generar estrategias de difusión

En este sentido, constató que en áreas gerenciales de distintos organismos, como el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (Inau) y Administración Nacional de Educación Pública (Anep), se desconoce la tarea desarrollada por el Comité de Erradicación del Trabajo Infantil (Ceti).

Esta situación lleva a que se planifiquen acciones que van en consonancia con la propuesta del Ceti, pero sin que se maneje el concepto de trabajo infantil.

A fin de revertir esta situación, la OIT entiende necesario generar una estrategia de difusión altamente personalizada, cuyos contenidos y formatos se dirijan a distintos segmentos y niveles de la sociedad.

«Esto debe combinar la difusión del tema por medios masivos para la población en general, con la realización de seminarios, talleres de capacitación y publicaciones para los técnicos», señala.

A esto se debe sumar una capacitación personalizada, de técnicos y políticos que ocupan cargos a nivel de la gerencia social, y del sistema político en términos generales.

«De otro lado, sería importante la promoción del desarrollo de la temática en el ámbito universitario y de formación docente, teniendo en cuenta el potencial de reproducción que tiene el sector académico, en su interacción con el campo de la intervención social», sugiere.

La OIT señala que, para implementar políticas concretas, es aconsejable que los servicios y/o subsidios sociales estén acompañados de contraprestaciones por parte de los beneficiarios, como la obligación de escolarización de niños, niñas y adolescentes, lo que actuaría como factor preventivo del trabajo infantil.

Esta exigencia debería abarcar a todos los programas de infancia y familia, pero también a los de vivienda y empleo, «permitiendo avances sustanciales».

 

Sistema educativo y subsidios

Según el informe, de implementarse esta medida, debería hacerse un seguimiento formal de cada caso, generando propuestas flexibles que atiendan las diferentes situaciones.

Sin embargo, alerta sobre la escasez de recursos humanos de los cuerpos inspectivos que «ni siquiera pueden monitorear las contraprestaciones ya comprometidas».

En su opinión, la pauta de seguimiento debería realizarse en acuerdo con el sistema educativo.

La OIT señala que el subsidio es un mecanismo adecuado para comenzar un proceso de erradicación del trabajo infantil. El monto a entregar a las familias debe acercarse lo más posible al promedio salarial que reciben los niños, niñas y adolescentes trabajadores.

En este sentido, aconseja reformular el sistema de asignaciones familiares, que podría operar como base para crear un fondo de becas, teniendo una modalidad de financiamiento mixto, recogiendo la experiencia del Proyecto 300 del Inau.

«La creación de la figura de un tercer pagador, con una base institucional tripartita, que tenga poderes de asignador de recursos y fiscalizador, puede facilitar la incorporación de las instituciones de infancia al proceso, sin generar mecanismos burocráticos ni instancias de superposición de instituciones», subraya.

Asimismo, el estudio sugiere trabajar con las instituciones, tanto gubernamentales como civiles, que ya desarrollan tareas en el área de infancia y adolescencia. *