Cambios en sistema financiero, tributario y producción contiene el Acta Económica

Paralelamente ayer, se avanzó en forma significativa en el Area de Educación según lo expresado por el futuro ministro de Educación y Cultura, Jorge Brovetto y el documento acordado.

Sobre las orientaciones económicas se señala que «tienen que apuntar, simultáneamente al logro de un ritmo relativamente alto y sostenido de crecimiento de la producción, un mayor y mejor volumen de empleo, y una transformación profunda y positiva en la calidad de vida de la mayoría de la población uruguaya, con especial referencia a sus sectores más débiles y desprotegidos».

El grupo de trabajo está compuesto por Danilo Astori, futuro ministro de Economía, los nacionalistas Francisco Gallinal y Eber Da Rosa, los colorados Isaac Alfie y Ariel Davrieux, y el diputado Iván Posada por el Partido Independiente.

El documento manifiesta el acuerdo «en el respeto al canje de deuda pública con tenedores de bonos efectuado en 2003 y en una negociación con los organismos financieros multilaterales que procure mejorar las condiciones para el país, al tiempo que cuida el activo constituido por la conducta cumplidora del Uruguay».

En lo que refiere al ámbito productivo, «los cambios estarán dirigidos a lograr niveles más altos de inversión productiva en el marco de una creciente especialización del país a altos niveles de calidad, lo que requerirá la existencia de un ambiente propicio para la inversión, apoyado en reglas claras de juego y el compromiso de mantenerlas».

Sistema financiero

Asimismo, «estamos de acuerdo acerca de la necesidad de impulsar transformaciones de fondo en el sistema financiero, apuntando a la conformación de un mercado de capitales en moneda nacional a mediano y a largo plazo, la consecuente desdolarización de nuestra economía y la promoción de nuevos productos financieros que ayuden a mejorar la articulación entre el ahorro y la inversión».

Por otra parte, se comparte «la necesidad de reformar nuestro sector público, basando tal proceso en una mayor solvencia técnica y profesional en los ámbitos de decisión; la formulación y la aplicación de estatutos objetivos en materia de funcionarios; la descentralización de la gestión, así como crecientes niveles de transparencia e información sobre la misma, de modo de facilitar el conocimiento y el control de la sociedad, y la preparación de las empresas públicas para la competencia».

Reducción impositiva

En el campo tributario, «coincidimos en impulsar una reforma que simplifique el actual sistema, mejore el equilibrio entre tributos directos e indirectos, y resulte coherente con una reducción de la presión impositiva actual y el consiguiente estímulo a la inversión productiva».

Como consecuencia, «ello exigirá una reforma de la administración tributaria, con cambios en la Dirección General Impositiva basados en la dedicación exclusiva de sus funcionarios, y la mejora de sus recursos humanos y materiales, así como crecientes niveles de coordinación entre dicha institución, la Dirección Nacional de Aduanas y el Banco de Previsión Social».

Estiman que «sin renunciar a la utilización de todos los instrumentos autorizados por los acuerdos internacionales suscritos por el país para defender a la producción nacional contra la competencia desleal, es preciso definir y practicar las acciones relativas a la inserción sobre la base del concepto de economía abierta, que valoriza la necesidad de integrarse en la región partiendo del proyecto Mercosur, pero reconoce también la importancia de progresar en el terreno de las relaciones con otras áreas del mundo, diversificando las posibilidades del país y, por lo tanto, incrementando la probabilidad de obtener buenos resultados».

En otra definición, «apoyamos la definición de la capacidad de innovación, así como del progreso científico y tecnológico, como grandes prioridades nacionales, especialmente si se considera que constituyen verdaderas condiciones para recorrer un camino de especialización a altos niveles de calidad».

«Al tiempo que se inician las reformas estructurales expuestas precedentemente, acordamos en la necesidad de que la administración de los diferentes instrumentos de la política económica de corto plazo permita compatibilizar la atención a las urgencias sociales que hoy presenta el país, con las restricciones derivadas de su alto nivel de endeudamiento. Ello se logrará con una conducta social rigurosa, que sin renunciar a una recomposición de los gastos y los ingresos públicos, conduzca a la generación de un adecuado superávit primario», agregan.

Política monetaria

Los firmantes, «apoyamos el mantenimiento del régimen actual de política monetaria, aprovechando la flexibilidad que ofrece para ir progresando hacia la definición de metas de inflación como criterio rector de la administración de esta herramienta. Desde esta perspectiva, y especialmente en lo que se refiere a las relaciones entre la política monetaria y la política cambiaria, será preciso prestar atención equilibrada a la multiplicidad de objetivos a perseguir, entre los que se cuentan la estabilidad de los precios y la competitividad de la producción nacional».

Por último, «los representantes del gobierno electo dejamos constancia de que, sin perjuicio, de los acuerdos presentados, es nuestra intención llevar a la práctica las propuestas de acción de nuestro programa de gobierno que no han sido incluidas en el presente documento. Cuando corresponda, el análisis y la discusión parlamentaria de tales propuestas, constituirá el camino para seguir procurando una amplia base de apoyo para las mismas». *