Reclamo de los Peirano Basso ante la CIDH carece de todo efecto jurídico en Uruguay

No obstante, recayó sobre el gobierno uruguayo un plazo perentorio para enviar un informe, que le fuera solicitado por la CIDH de la Organización de los Estados Americanos, con sede en Washington, la capital de los Estados Unidos, sobre una alegada «arbitrariedad, ilegalidad y sometimiento a tratos inhumanos», según argumentaron los abogados argentinos Eduardo Varela Alvarez y Carlos H. De Casas, contratados por el clan financiero.

Los tres banqueros Jorge, José y Dante Peirano Basso, recluidos en Cárcel Central desde agosto de 2002 luego de ser procesados por «fraude», «infracción de estatutos, «simulación» y «violación a ley cualquiera de orden público» (como lo son las normas banco centralistas) incurrieron en contravención del artículo 76 de las Ley de Sociedades Anónimas Nº 2.230, según el fundamento del juez en lo penal de 8º Turno Pablo Eguren y el fiscal en penal de 14º Turno, Rafael Ubiría, que encarcelaron a los tres hermanos.

Los magistrados actuantes consideran que durante todo el juicio de los banqueros se garantizó el cumplimiento y el respeto de las garantías del debido proceso, como lo exigen los códigos legales, y que los imputados siempre pudieron contar con asistencia letrada.

Gros: «informe» no tendrá efecto jurídico vinculante

Un eventual «informe» con las «recomendaciones» que la CIDH pueda hacer llegar al gobierno nacional respecto a la situación carcelaria de los Peirano Basso «carecerá de todo efecto jurídico vinculante» que pudiera obligar al Poder Judicial uruguayo a cambiar el curso del proceso que instruye contra los banqueros, opinó en diálogo con LA REPUBLICA el doctor Héctor Gros Espiell.

«Lo único que podrá ocurrir es que el gobierno uruguayo remita el informe con las recomendaciones de la CIDH a la Suprema Corte de Justicia para que sus ministros lo puedan estudiar», agregó el actual catedrático universitario en Derecho Internacional, ahora designado como embajador ante la república francesa.

«La CIDH emite informes que no son sentencias», explicó Gros, quien descartó que el reclamo de los Peirano Basso pueda llegar siquiera a ser considerado por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, un organismo que, a diferencia de la comisión, si emite sentencias que tienen un efecto jurídico vinculante.

Gros no descartó que la nueva estrategia jurídica de los hermanos Peirano Basso, al recurrir ante la CIDH, pueda tener como «único objetivo» ejercer «presión» sobre los poderes del Estado uruguayo.

Los tres Peirano Basso no tienen derecho a la libertad provisional

Fuentes del sistema judicial uruguayo explicaron ayer a LA REPUBLICA que los banqueros Peirano Basso carecen de todo derecho a ser beneficiados con una libertad provisional en tanto se sustancia el juicio, en virtud que fueron procesados por delitos por los que le recaería una pena «de penitenciaría» de 3 a 5 u 8 años. Sólo son excarcelables las penas «de prisión» menores a dos años. Además habían sido procesados por «asociación para delinquir», delito que fue revocado por un tribunal de apelaciones pero que, según estimaciones judiciales, podría llegar a ser probado en breve durante el transcurso del juicio, a partir de la pruebas que surgieron de los posteriores procesamientos de varios jerarcas de los bancos que eran controlados por el grupo económico Peirano.

Los informantes consultados por el diario plural opinaron que el reclamo formulado por los hermanos Peirano Basso ante la CIDH, a través de los dos abogados argentinos, podría tener como «única finalidad» ejercer una suerte de «presión directa» sobre el Poder Ejecutivo, y en la vez, «una presión indirecta» sobre la Suprema Corte de Justicia para obtener una «libertad por gracia» durante la visita anual de cárceles que realizan los ministros tribunalicios.

Dos abogados argentinos harían «lobby» en Uruguay

El martes pasado, los abogados defensores de los Peirano Basso, los doctores Carlos Curbelo Tammaro y Amadeo Ottati, renunciaron a ejercer la defensa de los banqueros por estar en total desacuerdo con la estrategia seguida por los tres hermanos ante la CIDH desde fines de 2004. La representación legal de los banqueros pasó a ser ejercida por los abogados Diego Camaño y Pablo Donángelo.

Según versiones no confirmadas que circulan en medios judiciales, los abogados argentinos que presentaron el reclamo de los Peirano Basso ante la CIDH arribarían a Uruguay en las próximas horas para solicitar audiencias con la Presidencia de la República, la Suprema Corte de Justicia, y el Ministerio de Relaciones Exteriores.

De acuerdo a las fuentes consultadas, los hermanos Peirano Basso carecen de todo derecho a una libertad provisional por la gravedad de los delitos por los que fueron procesados, pero además por la alarma pública y la conmoción que causaron sus actuaciones bancarias, las que provocaron la quiebra financiera del año 2002 que desmoronó al Banco de Montevideo, al Banco de Crédito y al Banco La Caja Obrera, además de condicionar al Estado nacional a solicitar una millonaria asistencia financiera en organismos del exterior, que deberán pagar al menos tres generaciones de compatriotas.

Los informantes explicaron además que la instrucción del juicio penal contra los banqueros encarcelados continúa su curso a dos años y medio de iniciado. En estos momentos, precisamente, se está diligenciando un conjunto de pruebas que fueron solicitadas tanto por la defensa de los Peirano Basso como por el fiscal Ubiría.

Nuevas pruebas podrían implicar una pena mayor

La complejidad del asunto, indicaron las fuentes, explica por sí solo el hecho que los tres banqueros aún permanezcan en Cárcel Central bajo proceso judicial sin haber recibido todavía una condena definitiva. Insistieron, por otra parte, con la importancia de las pruebas que surgieron con los posteriores procesamientos de los jerarcas bancarios que trabajaban para el grupo económico. En caso de llegar a comprobarse que los banqueros incurrieron en el imputado delito de «asociación para delinquir», los Peirano Basso serían condenados por la pena máxima: a 8 años de penitenciaría.

La normativa penal vigente establece que los procesados sin condena deben permanecer encarcelados sólo durante «un plazo razonable» mientras se sustancia el juicio, pero tanto el juez Eguren como el fiscal Ubiría entienden que la gravedad de los delitos imputados a los tres banqueros implica que los dos años y medio que llevan en Cárcel Central continúa siendo «razonable», ya que sus actuaciones casi llegaron a provocar la quiebra del sistema financiero uruguayo, lo que se evitó con la asistencia internacional.

Peirano Facio: «Mi hijo Juan tiene que cuidar de los negocios de la familia»

Respecto a la responsabilidad que le corresponde a la familia Peirano por los hechos criminales que se le imputa, cabe recordar que Jorge Peirano Facio, padre de los tres hermanos encarcelados, llegó a decir al término de una audiencia judicial que el mayor de sus hijos, Juan Peirano Basso, debía permanecer fuera del país para continuar con los negocios del grupo económico familiar.

«Mi hijo Juan tiene que cuidar de los negocios de la familia», dijo entonces su padre Jorge. Es precisamente Juan Peirano Basso el único de los hermanos que todavía permanece prófugo de la Justicia Penal uruguaya, residiendo en el exterior, pese a que sobre él recayeron las mismas responsabilidades que fueron imputadas a sus otros tres hermanos que están en Cárcel Central.

Los hermanos Peirano Basso fueron procesados y encarcelados en agosto de 2002. Su padre Peirano Facio, de 82 años, fue también procesado y encarcelado en noviembre del mismo año por un delito de «insolvencia societaria fraudulenta»,
pero falleció cinco meses después, aún estando bajo reclusión junto a sus tres hijos.