"El nuevo fiscal de Corte debe ser designado por el futuro gobierno"

La eventual destitución del sumariado fiscal de Corte y procurador general de la Nación, doctor Oscar Darío Peri Valdez, y la consecuente

designación de un nuevo titular, deberían ser decididas por el futuro

gobierno de Tabaré Vázquez, y no por la administración saliente de Jorge Batlle, según fundamentaron en base a principios generales de un Estado de Derecho la ex presidenta de la Suprema Corte de Justicia (SCJ),

doctora Jacinta Balbela de Delgue, y los doctores Walter García Torres y Rodolfo Canabal, quienes ejercieron dos períodos cada uno como

presidentes del Colegio de Abogados del Uruguay.

Tanto Balbela como García Torres y Canabal coincidieron en que el proceso sumarial que fuera instruido contra Peri Valdez por el anterior ministro de Educación y Cultura, Leonardo Guzmán, a iniciativa del todavía presidente Jorge Batlle, careció de la debida «imparcialidad» y las necesarias «garantías» que requiere un caso tan delicado para el sistema judicial y su ordenamiento jurídico.

Como un «orquestado procedimiento administrativo» fue calificado por Balbela, García y Canabal la instrucción de los tres sumarios paralelos que fueron impuestos por Guzmán y Batlle contra el máximo responsable de la Fiscalía de Corte y Procuraduría General de la Nación, de la cual dependen por jerarquía todos los fiscales que interactúan con el Poder Judicial bajo la órbita del Ministerio de Educación y Cultura, aunque preservan independencia técnica.

Los tres prestigiosos juristas entendieron conveniente que «NO SE INNOVE» (en mayúsculas en el texto original, NDR) la actual situación del doctor Peri Valdez ni tampoco se designe nuevo titular con ningún tipo de resolución que pueda condicionar «al futuro jerarca que deba resolver sobre esta grave situación».

«En problemas de trascendencia nacional republicana», advirtieron, «las resoluciones» que se adopten deben «estar libres de sospecha, de parcialidad, de implicación de los intereses del jerarca en el objeto a resolver y todo otro vicio que arroje sombras sobre la decisión», alertaron en alusión a las autoridades de gobierno que propiciaron e instruyeron los tres sumarios contra Peri Valdez.

En una carta reservada, dirigida al actual ministro de Educación y Cultura, el quincista José Amorín Batlle, al presidente electo Tabaré Vázquez, y al ex presidente de la SCJ Raúl Alonso De Marco, que ejerció la defensa de Peri Valdez en los sumarios, tanto Balbela como García Torres y Canabal se ofrecieron para «colaborar en el logro de una solución en que se contemple la plena vigencia de las garantías tanto para el señor fiscal como para el futuro jerarca que deba resolver sobre esta grave situación».

«En aras de una transparencia imprescindible y la vigencia plena y radical del artículo 66 de la Constitución de la República», afirmaron textualmente Balbela, García y Canabal en su misiva, «resulta a todas luces procedente que no se innove en la situación y eventual resolución a dictarse en el orquestado procedimiento administrativo referido al señor fiscal de Corte y procurador General de la Nación».

«Sin pronunciarnos en cuanto al fondo de la cuestión», aclararon no obstante los tres reconocidos actores del derecho patrio en su carta, «sí nos parece absolutamente importante señalar la necesidad de que en problemas de trascendencia nacional republicana es necesario que se verifiquen las máximas garantías y que las resoluciones a las que se arribe se ajusten estrictamente a la ley en lo formal y en lo sustancial, a la vez de estar libres de toda sospecha, de parcialidad, de implicación de los intereses del jerarca en el objeto a resolver y todo otro vicio que arroje sombras sobre la decisión».

Una comisión de seis miembros que actúan bajo la órbita de la Oficina Nacional del Servicio Civil (ONSC) que depende de la Presidencia de la República tratará hoy el expediente que contiene los tres sumarios instruidos por el Ministerio de Educación y Cultura (MEC) contra el sumariado fiscal de Corte y procurador general del Estado.

El documento, que contiene entre dos mil y tres mil fojas, fue derivado a la ONSC por resolución del MEC y será tratado hoy por la comisión designada a tales efectos, pese a que los abogados defensores de Peri Valdez presentaron el pasado 2 de enero un recurso en contra denunciando que el expediente está incompleto.

Según la defensa de Peri Valdez, el documento a ser considerado hoy por la comisión de la ONSC carece de los recursos presentados contra alegadas irregularidades en los tres sumarios, le faltan las pruebas aún no diligenciadas ante la Presidencia de la República, ante el Comité Ejecutivo para la Reforma del Estado (Cepre) y ante el propio MEC. Sólo contiene pruebas diligenciadas a particulares.

Los abogados defensores del fiscal todavía sumariado cuestionaron además la propia integración de la comisión que analizará el expediente, ya que uno de sus miembros se abstuvo de votar y no fueron designados los suplentes, como exigen las normas vigentes.

Manifestaron además su protesta por el hecho de que no volvieron a tener conocimiento del documento desde que evacuaron una vista en agosto de 2004, a pesar que luego se continuaron sucediendo acusaciones contra Peri Valdez, incluidas las de dos fiscales de gobierno, Borrelli y Arrechavaleta, quienes incluso llegaron a plantear la «destitución» del máximo responsable del Ministerio Público y Fiscal, quien desde que fuera sumariado continúa siendo subrogado por el fiscal civil Marcelo Brovia. *