Cancillería: un laberinto que hará difícil cualquier auditoría

Al canciller del próximo gobierno, la madeja armada por Opertti para acomodar en el Servicio Exterior a sus amigos políticos, le resultará compleja sin lugar a dudas. Y aunque los informes de LA REPUBLICA en los últimos cuatro años, ayudarán tal vez a Reinaldo Gargano a separar la paja del trigo, buena parte de los datos exactos del funcionamiento de la Cancillería, aún están bajo siete candados. Aunque la nómina de «ñoquis» y sus legajos es relativamente accesible para el futuro ministro, bastante más difícil resultará esclarecer cómo y cuánto del erario benefició a dicho personal irregular, a cargo de administradores y ejecutores.

En buen romance: si bien la existencia de «ñoquis» en el Ministerio de Relaciones Exteriores (entendida como funcionarios que el Estado paga sin que concurran a trabajar) es responsabilidad directa de Opertti y sus colaboradores inmediatos (subsecretario, director general de Secretaría, y director general para Asuntos Técnico-Administrativos), la Dirección de Personal es la piedra de toque, en tanto controla la asistencia diaria de cada funcionario, lleva los registros de dicha asistencia, así como de las llegadas fuera de hora, las licencias e inclusive los descuentos que (por lo general los no privilegiados) sufren ante eventuales incumplimientos horarios.

Si bien el Ministerio de Relaciones Exteriores tiene una nómina funcional, a la que se exige marcar y cumplir horario cada día, con sanciones pecuniarias por incumplimiento, los informes de LA REPUBLICA demuestran la existencia de quienes cobran durante años, sin concurrir a trabajar, incluso por dedicación total (full-time).

Nepotismo y clientelismo

Desde el año 2000 por lo menos, los directores de personal conocen todas y cada una de las situaciones «excepcionales» con que se beneficia a determinados funcionarios. Curiosamente (o no tanto) a cambio de su silencio (y complicidad), accedieron a posiciones de privilegio cuyo más somero análisis revela irregularidades, cuando no ilegalidades, e incluso inconstitucionalidad.

Desde 2000 y hasta 2002 Didier Opertti impuso en el cargo de directora de Personal a Susana Rivero, hija del interventor militar de la Cancillería durante la dictadura. Rivero, ingresada en 1980 por «designación directa» accedió como asesora abogada, al escalafón «A» (es decir: abogada de la administración pública, sin status constitucional diferente a los abogados de otros ministerios). A pesar de esta última limitación Rivero disfruta de beneficios del escalafón «M». ¿Cuál es la diferencia? Pues nada menos que el haber accedido al escalafón diplomático de alto rango. ¿Consecuencias? Actualmente, Rivero integra la delegación uruguaya ante las Naciones Unidas en Nueva York, pese a no ser funcionaria diplomática, ni de carrera, ni de cuota política.

A la continuación de la exitosa carrera de Rivero en Nueva York, debió nombrarse otro jefe de Personal. Entre 2002 y 2003 Raúl Pollak (mano derecha de Adolfo Castells), asumió la Dirección de Personal. Fueron los dos años de más controvertidas re-designaciones, nombramientos, destinos, en el Servicio Exterior. A pesar de su favor constante, Pollak tuvo una gestión particularmente controvertida. Tal fue así que Opertti lo retiró del cargo, pero sin dejar de premiarle. Nombrado subdirector de Política Exterior, pasó de allí a la representación uruguaya ante las Naciones Unidas, nada menos que en Ginebra. Allí acompaña como segundo, a otro famoso: el ex-subsecretario forista Guillermo Valles, el embajador misógino que se congratulaba por las pocas mujeres embajadoras que Uruguay tiene, un abanderado de las campanas anti-cubanas y defensor de la causa aliada en la Guerra contra Irak.

Las papas queman

Corría 2003 y con Pollak fuera de la Dirección de Personal, el cargo cobra inusitado valor. En la Cancillería el eventual advenimiento de la izquierda al poder, convierte en prioritaria la reserva de todo lo inherente al personal y su situación.

Es así que la Dirección de Personal, es puesta a cargo de un director general, capaz de atender el valor estratégico de la información allí almacenada, que incluye: calificaciones, sanciones, y todo lo necesario para acreditar los ascensos y destinos en el exterior.

Así es que asume Alfredo Cazes, un forista del grupo fundador que actúa en la Cancillería, y que se desempeñaba como director general para Asuntos Técnico-Administrativos; resultó curioso el nombramiento, en tanto Personal, es una dirección subordinada a la General antedicha.

Pero recordemos que en la Dirección de Personal se manejan los legajos de los funcionarios, donde aparecen o no los sumarios y las sanciones y donde se pueden computar o suprimir méritos y deméritos.

Cazes fue denunciado por Gustavo Maeso, un ex diplomático, por haber manipulado un sumario en su contra, después suprimido para blanquear su legajo.

El blanqueo del legajo, sin intervención de los servicios jurídicos, era parte de negociaciones (que incluían un destino en el exterior para Maeso) en una transacción que Maeso dice haber realizado con Julio Luis Sanguinetti y por el que Maeso, hoy en Venezuela, debe declarar ante la Justicia acusado de estafa por un millón de dólares.

Así las cosas, Cazes recibe una designación «relámpago» como embajador en Israel, cargo que asume de inmediato, antes que la Justicia comenzara la investigación del caso Maeso. Cazes debía cumplir con la obligación de permanecer dos años en Uruguay antes de viajar nuevamente (art. 41 de la Ley 14.206), pero fue excepcionado en tanto no precisaba venia parlamentaria, por haberla recibido antes, cuando actuara en Corea y Suecia.

El último de la fila

Alvaro González Otero es el actual director de Personal, responde a Ronald Pais y al grupo de Fernández Faingold al que también responde el secretario general, Martínez Gariazo. El grupo de Fernández Faingold fue encaramado a ascensos y destinos de privilegio en los últimos meses, con lo que quedarán bien posicionados frente al cambio de gobierno.

González Otero fue jefe de Personal durante el gobierno de Sanguinetti y pese a que esa dirección controla la legalidad de los cargos que ocupan los funcionarios, González Otero estuvo en situación irregular durante su último destino en Brasil porque ocupó un cargo de cónsul general siendo secretario de primera, pese a que ese cargo sólo estaba destinado a funcionarios con categoría presupuestal mínima de consejero.

También se violó la norma que preceptúa un solo traslado en el exterior, ya que González Otero fue trasladado de Brasilia, a Bahía, y posteriormente a Brasilia, habiendo tenido tres destinos en el mismo país en un quinquenio. *