Casi dos décadas de impunidad

Al día siguiente de aprobada la Ley 15.848, la organización de Madres y Familiares de Uruguayos Desaparecidos convocó a la realización de un plebiscito para su derogación. Se formó una Comisión Pro Referéndum y se inició la recolección de firmas prevista en la Constitución.

Pocos después de aprobada la Ley de Caducidad, el entonces ministro de Defensa, Juan Vicente Chiarino, designó al Coronel José Sambucetti como fiscal militar, para realizar las investigaciones sobre los desaparecidos previstas en el artículo cuarto de la norma. Nunca encontró elementos que confirmaran la participación de militares en muertes y desapariciones.

El 16 de abril de 1989 se realizó el referéndum, luego de un polémico proceso de ratificación de firmas. En el plebiscito gana el voto «amarillo» ante el «verde» que impulsaba la derogación. El propio presidente Julio María Sanguinetti incluye en la ley a todas las causas de derechos humanos.

Entre los procesos, pese a las excepciones establecidas en la declaración de motivos del proyecto de ley, fueron incluidos los casos del asesinato de Zelmar Michelini y Héctor Guitérrez Ruiz, la desaparición de María Claudia García Irureta Goyena de Gelman y el de la maestra Elena Quinteros.

A 18 años de aprobada la Ley de Caducidad, ningún militar o policía fue enjuiciado por violaciones a los derechos humanos y ninguno de sus mandos ha asumido la responsabilidad por las acciones de sus subordinados, como había establecido en su momento el propio general Hugo Medina.

Pese a la creación de una Comisión para la Paz, que investigó durante dos años, se ha incumplido el artículo 4º de la Ley y ninguno de los cuerpos de los desaparecidos en Uruguay ha sido recuperado, desconociéndose las circunstancias, el lugar y los responsables de sus probables muertes.

Por acción e investigación de organismos y autoridades argentinas, fue posible recuperar varios cuerpos de uruguayos asesinados en ese país y enterrados en tumbas no nominadas, pero se desconoce el paradero de una veintena de uruguayos trasladados a Montevideo en octubre de 1976.

Investigaciones de particulares, de equipos periodísticos y de organizaciones no gubernamentales, permitieron recuperar a todos los niños desaparecidos por la dictadura, a quienes se les había inscripto con otra identidad y, en su mayoría, entregado a familias vinculadas con la represión.

En cuatro administraciones de gobierno, los presidentes Julio María Sanguinetti, Luis Alberto Lacalle y Jorge Batlle, no dieron jamás una orden a los mandos militares para que revelaran toda la información que pueda existir en sus archivos o dependencias de inteligencia.

El coronel (r) José Nino Gavazzo fue procesado y preso por falsificación de dinero, al igual que otros miembros de su grupo de operaciones. Otro denunciado, el coronel Manuel Cordero, escapó del país cuando un juez lo acusó de desacato, pero reingresó y salió del territorio sin ser detenido.

Los oficiales implicados en violaciones a los derechos humanos durante la dictadura -casi ninguno de ellos en actividad-, se reúnen periódicamente, asisten a los clubes militares y se concentran en fechas patrias o para recordar a camaradas fallecidos que han cumplido su «pacto de silencio».

La Ley de Caducidad contraviene Convenios internacionales ratificados luego por Uruguay y fue duramente criticada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Resolución Nº 29/92), organismo que recomendó al Estado uruguayo revertir las consecuencias de impunidad por su aplicación. *