A través de contratos de arrendamientos de obras y servicios durante una década

Agazzi denunció evasión de aportes al BPS en el Ministerio de Ganadería

Recientemente, a través de un decreto presidencial, tal retribución complementaria fue incluida dentro de las remuneraciones salariales de dichos funcionarios, generalmente de jerarquía.

Agazzi, consultado por la prensa a la salida del Hotel Presidente, manifestó que tal situación fue catalogada como «irregular» por los órganos de contralor del Estado, y anunció que el futuro gobierno la deberá «corregir para que la administración pública sea cristalina, se cumpla con las leyes y los decretos y tenga un mejor resultado para el país».

El futuro subsecretario de Ganadería, Agricultura y Pesca señaló que se trata de información que recibió de parte de los organismos de contralor del Estado. Precisamente, el último informe de la Auditoría Interna de la Nación es particularmente crítico respecto al funcionamiento de algunas áreas del Ministerio de Ganadería. En particular, señala una serie de irregularidades y faltas graves cometidas en el marco de los contratos celebrados por el Instituto Interamericano de Cooperación Agraria (IICA). Agazzi comentó que parte de esas irregularidades tienen origen en estos acuerdos aunque también abarca a otras áreas.

Detalló que, en general, se trata de «un sistema de complemento salarial y contratación de funcionarios en el MGAP, con la participación de organismos internacionales, que se aplica desde hace una década».

Tal asignación de complementos salariales, que los funcionarios recibían por «fuera y en negro ahora, al finalizar el presente período de gobierno, se han salarizado, es decir han pasado a formar parte de los retribuciones personales de tales funcionarios».

«En la jerga interna del Ministerio se llamaba a ese complemento salarial ‘la negra’, ya que por él no se realizaba aporte alguno al BPS y se otorgaba con una tarjeta de crédito. Esa remuneración ahora se ha incluido en el salario de los funcionarios, por un decreto que firmó el presidente de la República, Jorge Batlle», señaló Agazzi. Tales complementos ascienden a un monto en pesos uruguayos que va desde «200 a 20 mil pesos por mes». Acotó que tal situación comprende a «más de 500 funcionarios, generalmente de jerarquía, aunque no en forma excluyente». También incluye a situaciones de «funcionarios que se han jubilado y que tienen complementos o contratos posteriores, lo cual está definido por los organismos de contralor como una irregularidad y con visos de ilegalidad».

Agazzi explicó que esta situación fue elaborada a través de un mecanismo por el cual «a partir del Presupuesto Nacional iba dinero a determinados organismos internacionales y desde estos se contrataba gente para distintas reparticiones del MGAP. Estos contratos son delicados, porque en algunos casos se trata de familiares de jerarcas ministeriales».

Sostuvo que el gobierno electo se encuentra estudiando los caminos a seguir para corregir tales hechos y que no se descartan «acciones ante la Justicia, porque tiene aspectos jurídicos, de legalidad y de conveniencia». Tales hechos fueron incluidos en «las conversaciones con representantes de la Comisión de Reforma del Estado, porque tal salarización resultó en el mejoramiento de los salarios en cantidades muy variables. Además, los de organismos de contralor del Estado la catalogan como «delicada e ilegal».

Añadió que durante el gobierno de la izquierda «esta situación deberá corregirse». *

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