Batlle debió intervenir para evitar la retirada de la empresa Uragua

En caso de incumplimiento, la empresa es pasible de sanciones económicas y hasta penales. El decreto obliga a las concesionarias  entre ellas Uragua- a seguir prestando el servicio tal como lo viene haciendo hasta el momento.

Es decir, que deberá seguir pagando el correspondiente canon, pero a su vez, tendrá el derecho de cobrar el monto de las recaudación.

Esta urgente salida, que implicó la intervención directa del presidente Batlle, estuvo motivada por el anuncio de Uragua de retirarse del mercado por considerar que la reforma de la Constitución llevó a caer automáticamente la concesión. La preocupación estaba dada en que existía el riesgo de afectar el servicio, máxime si se tiene en cuenta que se está a pocos días de comenzar la temporada estival.

Para que la empresa jurídica estatal, OSE, se hiciera cargo del servicio, debía de tener la suficiente información para realizar una «ordenada transición», según lo explicó el subsecretario de Medio Ambiente, Oscar Brum.

No obstante, aclaró el jerarca, el gobierno le pidió expresamente esos datos a Uragua, y según argumentó, la empresa demoró más de 10 días, y la respuesta nunca llegó.

Con la aprobación del decreto, la concesionaria está obligada a brindar toda la información requerida, y a seguir prestando el servicio, «durante el lapso imprescindible para el cumplimiento de las operaciones técnicas y jurídicas necesarias en cada caso concreto para la transferencia de esos servicios».

Brum señaló ayer a LA REPUBLICA que la firma del decreto por parte de Batlle, «confirma la posición del Ejecutivo respecto a que los servicios públicos alcanzados por la Constitución deben ser asumidos por empresas jurídicas del Estado». Explicó que la nueva norma constitucional no dispone una solución inmediata, por lo cual se interpreta, dijo el jerarca, que debe de existir un período de transición durante el cual se cumplan con las consideraciones técnicas y jurídicas del traspaso de servicios, «sin innovar», es decir, que no podrán hacer nada de lo que no está previsto en la concesión. Más allá de haberse evitado la retirada inmediata de Uragua las autoridades todavía desconocen el tiempo que insumirá el período de transición. Brum aclaró que si la empresa no cumple con lo establecido por el decreto y provoca un daño, «evidentemente será pasible de sanciones». *