Anuncios de Uragua "son una bravuconada y no lo permitimos"

Entre hoy y mañana, el presidente de la República firmará un decreto con la finalidad de establecer de forma genérica, los procedimientos de traspaso de los servicios de una empresa concesionaria a una estatal, sin que ello afecte la prestación del servicio. Esta medida procura corregir los complicados problemas que se le generan al Ejecutivo con la decisión de la empresa concesionaria de retirarse inmediatamente de nuestro país.

Ambos, el gobierno y Uragua, entienden que con la aprobación de la reforma constitucional el servicio de agua potable y saneamiento en manos de empresas privadas pasan a manos de la empresa jurídica estatal, en este caso, OSE.

No obstante, difieren con el tiempo en que se desarrollará ese traspaso. Mientras la empresa privada considera que el servicio pasa de forma automática al Estado, el Ejecutivo entiende que «lógicamente» debe existir un período de transición ordenada, según lo dijo ayer el subsecretario de Medio Ambiente, Oscar Brum, y durante ese tiempo, continuar garantizándole el servicio a la población.

Brum enfatizó que hace 10 días se le solicitó a la empresa información técnica y operativa sobre la prestación del servicio, y que todavía no le respondieron. Ya que es de interés de OSE tener datos sobre cuestiones económicas y de proveedores de Uragua. «En cambio, nos dieron una carta con una serie de condicionamientos sobre plazos y definiciones. No aceptamos imposiciones unilaterales; esto es una bravuconada, y no nos vamos a quedar con los brazos cruzados», manifestó el jerarca del Mvotma.

Brum reconoció que el gobierno se enfrenta a una «laguna de Derecho», que no fue prevista por la norma constitucional y donde se debe buscar una solución enmarcada en un ámbito normativo.

El jerarca admite que se vive una situación compleja, ya que hay dos empresas (Uragua y Aguas de la Costa): una se quiere quedar y la otra ir. «No podemos tomar una medida diferente para cada una de las empresas; tenemos que ser coherentes, y eso es difícil de conjugar», indicó el subsecretario.

Asimismo, señaló que aparece una paradoja en este tema, ya que la empresa Uragua, que comparte la interpretación del gobierno sobre que aprobada la reforma del agua, la concesión cae automáticamente y que la única que puede prestarla es OSE, tiene mayores diferencias con el Ejecutivo, ya que pretende retirarse inmediatamente, sin garantizar el servicio a la población.

Brum dijo que igualmente Uragua hace un mes y medio que igualmente sigue trabajando. «Espero que no cometan el absurdo de abandono de servicio; esto sería tétrico para la sociedad, y pondría a la empresa en una situación complicada», añadió el jerarca.

El subsecretario se manifestó partidario de impulsar una ley que difiera los plebiscitos de reforma constitucional a las elecciones nacionales. Entiende que en el período electoral, los temas de consultas populares no se debaten desde un orden técnico, sino que deja lugar a suspicacias.

El intendente de Maldonado, Enrique Antía, reiteró su propuesta de municipalizar el servicio de agua potable y saneamiento, y para ello pedirá una entrevista formal con el gobierno electo a fin de poder viabilizar dicha propuesta, que a su entender podría venir por una ley parlamentaria.

En tanto, el gremio de funcionarios de Uragua manifestó su preocupación por el anuncio de la empresa de retirarse de nuestro país, y acotaron sus integrantes que ellos están dispuestos a garantizar el servicio a toda la población.

Por su parte, el diputado frenteamplista por Maldonado Enrique Pérez Morad (UF) se manifestó conforme con los anuncios de Uragua de que dejará de prestar el servicio. «Fue el dictamen de la voluntad popular, y acá no hay tema de retroactividad de la aplicación de la reforma o si la empresa comenzó a prestar el servicio hace 3 meses o 15 años», comentó el legislador. A su entender no debería de existir un período de transición, ya que OSE manifestó que está en condiciones de hacerse cargo del servicio de forma inmediata. *