"Ley de Caducidad incumple el Pacto Internacional de Derechos Humanos"

El encargado de Uruguay en la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el español Pedro Vera Pineda, afirmó a LA REPUBLICA que la ley de caducidad uruguaya es contradictoria con el Pacto Internacional de Derechos Humanos refrendado por el país.

El funcionario de ONU, interrogado específicamente, aceptó que los acuerdos bilaterales de inmunidad exigidos por Estados Unidos contradicen la jurisdicción internacional sobre crímenes de lesa humanidad y se expresó contra toda ley extraterritorial que implique sanciones o bloqueos como el de Cuba.

Vera Pineda, nacido en Sevilla y de 33 años de edad, se encuentra en Montevideo desde hace una semana y realizó diversos contactos con las bancadas legislativas de todos los partidos políticos para coordinar un programa de cooperación en derechos humanos con el Parlamento uruguayo.

El representante del Alto Comisionado de ONU participará hoy, desde las 11.00 horas, en la presentación del Informe Anual sobre la Situación de los Derechos Humanos en Uruguay, que presentará en la Sala «Ceibo» de la Torre de los Profesionales el Servicio de Paz y Justicia (Serpaj) de Uruguay.

Educar a los parlamentarios

El funcionario de la ONU indicó que el programa propuesto a Uruguay impulsa una labor de los parlamentarios en la promoción y la protección de los derechos humanos, que no duda en calificar de «esencial», ya que son los creadores de las leyes y es en ellas donde se debe incluir el tema humanitario.

«Se pretende elaborar un estudio sobre qué vacíos legales pueden existir en materia de derechos humanos para regularlos… Un ejemplo, es detectar aquellas leyes internas que no estén de acuerdo con la normativa internacional de los derechos humanos», dijo.

Pablo Vera subrayó que la concepción de derechos humanos que se impulsa a nivel internacional incluye, además de los derechos civiles y políticos, los derechos económicos, sociales y culturales, con una visión mucho más amplia de lo que el tema implicó para la región luego de los gobiernos dictatoriales.

«Derechos humanos son el acceso a la educación, a la salud, el trabajo e incluso a un medio ambiente sano. Son derechos que se interrelacionan entre sí, porque no hay derechos al trabajo, si no se tiene salud», expresó el funcionario, quien también es observador de la situación de Chile, Argentina, Paraguay, Ecuador y El Salvador en el Alto Comisionado de la ONU.

Caducidad incumple el Pacto

Vera subrayó que lo vivido por Uruguay desde la transición de la dictadura es un proceso local donde el pueblo es quien debe resolver y enfatizó que ONU respeta el principio de soberanía, aunque indicó que se observan cambios en los procesos nacionales y regionales sobre aquellas situaciones vividas.

Interrogado específicamente sobre si la Ley de Caducidad de Uruguay no implicaba una contradicción con normas internacionales que califican los casos de desaparición forzosa como un delito imprescriptible y permanente, el funcionario de la ONU admitió que existen incumplimientos.

«Uruguay, en el ejercicio de su soberanía -dijo- ha ratificado una serie de tratados internacionales de derechos humanos, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que ha establecido un Comité de Derechos Humanos que se encarga de analizar el eventual grado de incumplimiento del pacto por parte del Estado uruguayo. Y si usted me pregunta qué opina este Comité, le digo que ha opinado en observaciones públicas tanto para la sociedad uruguaya como para las instituciones del Estado, que esta ley (de Caducidad) no sería acorde con el Pacto Internacional de Derechos Humanos».

Acuerdos de impunidad y bloqueo

El funcionario también aceptó como reñido con las normas internacionales la ofensiva internacional del gobierno de Estados Unidos para que países como Uruguay firmen acuerdos bilaterales de inmunidad que exoneren a los ciudadanos norteamericanos de la jurisdicción de la Corte Penal Internacional.

«Pensamos, dijo, que estos acuerdos bilaterales contradicen el principio de jurisdicción universal que establece este Tribunal para juzgar delitos de lesa humanidad, violaciones de derechos humanos graves como casos de genocidio en Rwanda o Yugoslavia».

Consultado sobre la ampliación de sanciones económicas que el Congreso norteamericano viene analizando en una ley que retiraría toda asistencia financiera a los países que no acepten otorgar esos acuerdos de «impunidad» a Estados Unidos, Vera se pronunció contra la extraterritorialidad de las leyes.

«No tenemos un mandato en política internacional dentro de lo que es el juego entre los distintos Estados, somos observadores en definitiva, pero desde el punto de vista del derecho internacional puro, no creemos que el principio de condicionalidad sea el más apropiado, o el principio de leyes extraterritoriales, ya sea en sanciones o bloqueos famosos como el la ley Helm-Burton», dijo. *