La SCJ responderá el lunes al petitorio de funcionarios judicales

El conflicto en el Poder Judicial parece haber llegado a un callejón sin salida, tras el endurecimiento de las partes en pugna. El gremio entiende que el Ministerio de Economía debe habilitar los créditos presupuestales para saldar la deuda que, por concepto de haberes mal liquidados desde 2001, afecta a 3.500 trabajadores. Por su parte, Alfie declaró públicamente que el informe jurídico resolvió no dar lugar al reclamo de los funcionarios, por lo que no se habilitará los créditos para abonar la deuda.

Ayer, en el marco del plan de movilizaciones resuelto por el sindicato se realizó un paro parcial entre las 13 y 16 horas, con una concentración a partir de las 15 horas frente a la sede del máximo órgano judicial.

El secretario general de AFJU, Ricardo Ramírez, dijo a LA REPUBLICA que una delegación del gremio y de la Asociación de Actuarios del Uruguay, acompañados por el asesor jurídico de la AFJU, entregaron el petitorio al presidente de la SCJ, Leslie Vom Rompaey, quien les informó que probablemente este lunes el órgano judicial adopte una posición al respecto.

«El tema viene siendo estudiado por los ministros de la Corte, que están analizando el informe jurídico del Ministerio de Economía y los antecedentes jurisprudenciales. De todas formas, nosotros iniciaremos una acción civil para la que ya solicitamos una audiencia de conciliación. Las demanda contra el Estado prescriben a los cuatro años, por lo que enero de 2005 caducaría nuestro reclamo. Al iniciar la audiencia de conciliación, se detiene la prescripción», explicó Ramírez. El sindicalista señaló que existen tres puntos medulares en la resolución aprobada por la asamblea general de la AFJU. El primer punto refiere a que el máximo organismo judicial inicie una acción civil contra el Ministerio de Economía, que se realice a cada funcionario la liquidación del monto de la deuda desde 2001 y, por último, que de enero del año entrante se comiencen a liquidar correctamente los salarios.

También se aprobó mantener la situación de conflicto, expresando que «los funcionarios judiciales no negociamos nuestros derechos, ni nuestra dignidad como trabajadores, ni la independencia del Poder Judicial», al tiempo que facultó al Consejo Ejecutivo a adoptar las medidas que considere oportuna de acuerdo al desarrollo del conflicto. *