Sanguinetti reconoció la "conexión uruguaya" en el asesinato de Michelini y Gutiérrez Ruiz

Es la primera vez que un ex jefe de Estado reconoce que mandos militares uruguayos pudieron tener alguna participación en los homicidios, como quedó en evidencia durante las investigaciones judiciales cumplidas hasta el momento en la República Argentina.

La «conexión uruguaya» ya había sido fundamentada en Uruguay y Argentina en los varios expedientes con las denuncias que fueron presentadas por la desaparición en el vecino país de izquierdistas compatriotas durante las pasadas dictaduras en ambos países.

A pedido de la fiscal penal de 2º Turno, Mirtha Guianze, el doctor Sanguinetti declaró ayer ante el juez penal de 11er. Turno, Roberto Timbal, para explicar por qué resolvió amparar en 1989 los asesinatos de ambos legisladores en la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, conocida como Ley de Impunidad.

En su declaración ante Guianze y Timbal, el entonces presidente dijo que amparó los homicidios en la Ley de Impunidad porque admitió por válida la alegada versión, según la cual, los dos legisladores fueron asesinados por argentinos que actuaron en coordinación con presumibles mandos militares uruguayos.

 

«La Ley de Caducidad es una Ley de Amnistía»

A su salida de la sede penal de la calle Misiones casi 25 de Mayo, el dos veces presidente de la República admitió en una conferencia de prensa que en los asesinatos «había una posible conexión uruguaya» con los ejecutores argentinos, y que «era evidente que esta conexión refería a eventuales mandos militares o policiales» uruguayos que cumplieron órdenes emanadas de sus jerarquías.

«El Juzgado que ha intervenido en este caso, este terrible homicidio ocurrido en Argentina, a raíz de declaraciones formuladas por el presidente Bordaberry, por el ministro Blanco, nos citaron a los efectos de que aclaráramos cuál era el alcance, cuál era el sentido que le había dado el Poder Ejecutivo al comprender este caso en la Ley de Caducidad», explicó Sanguinetti.

«Es decir», aclaró a continuación, «se suponía una atribución específica de responsabilidad al presidente de la República de la época, etc.»

«Nosotros», explicitó luego hablando de sí mismo, «establecimos el criterio que ha manejado el Poder Ejecutivo siempre; que manejamos nosotros, que manejó ahora este mismo Poder Ejecutivo; estableciendo que la Ley de Caducidad es una Ley de Amnistía, aceptada como tal, declarada constitucional por la Suprema Corte de Justicia como Ley de Amnistía, con un sentido genérico y amplio: es decir, el de hacer una referencia a mandos, genéricamente, no una atribución específica de tal o cual mando».

«Pero dado un crimen notoriamente político, y motivaciones notoriamente políticas», indicó Sanguinetti, «y al establecerse públicamente que, si bien los ejecutores eran argentinos, había una posible conexión uruguaya, era evidente que esta conexión refería a eventuales mandos militares o policiales. Fue por esa causa que hicimos esa referencia, que es un concepto amplio, y que no hace ninguna referencia ni alusión personal a alguien». *