Pases en comisión vuelven al tapete

Los pases en comisión se le dan a un funcionario público para exonerarle de las tareas específicas de su cargo y que pase a desempeñar tareas de confianza política. Pueden ser de asesoramiento a un legislador o en otro organismo estatal (intendencia, ente autónomo, etc.). Se les exonera de su tarea, pero siguen cobrando su sueldo y, en algunos casos, si el organismo solicitante considera que amerita, se le paga una compensación. Por ejemplo, un maestro que está en pase en comisión en una comuna, puede cobrar el sueldo de maestro y una compensación de tantos miles de pesos por desempeñar tareas en la intendencia en cuestión. Pero también puede suceder, por ejemplo, que un ciudadano electo edil, funcionario de un ente, sea solicitado «en comisión», por un ministerio. Así no trabajaría en el ente del que es empleado  pero podría cobrar el sueldo  y tampoco trabajar en el ministerio, y también cobrar el sueldo. Las «variantes» posibles para cada «pase» son tantas como pases en comisión hay en el país -que son cientos. Y como el espectro de posibilidades es tan ancho como casos existentes, algunos trabajan y muchos otros serían típicos «ñoquis».

Puntualmente en San José, aunque se sabe que la conflictividad del tema se extiende a todo el país, varias son las personas que «gozan» de tal beneficio. Dentro del ambiente político, dirigentes locales en su mayoría y varios de ellos ediles, «todo el mundo» sabe que no trabajan ni en el lugar del que son funcionarios ni en el que fueron asignados por «pase». Puede ser más o menos legal; el problema es cuanto más o menos ético es.

El periódico San José Hoy comenzó el tema con una nota donde se consignaba la solicitud de pase en comisión de una dirigente colorada (que en lo local apoya a Chiruchi), funcionaria de INAU (ex Iname), con varios sumarios en su hoja de servicios, procesada sin prisión por la Justicia aunque conserva el cargo, que fue recientemente solicitada por Ronald Pais. Luego, el pasado 23 de noviembre, la misma publicación revelaba un documento entregado también a LA REPUBLICA, por el cual el Directorio de UTE, con fecha 4 del mismo mes, resuelve autorizar el pase en comisión del funcionario Danilo Vasallo (edil de la lista nacionalista maragata 50, que responde a la dirigencia de Francisco Gallinal), para desempeñarse en la Intendencia de Lavalleja», hasta el 12 de julio de 2005. Las funciones de Vasallo serían en «la secretaría general» de ese municipio.

Consultado por la publicación local, Vasallo expresó «que a fines de setiembre el MT dispuso el cese de todos los pases en comisión a los efectos de dejar todo en limpio para la próxima administración». El edil blanco, que está en uso de su licencia anual, no conocía la resolución ni sabe qué tareas desempeñará en Minas, ni siquiera si viajará para allá». Vasallo, «molesto», «solicitó que se investigara» también otras situaciones», y mencionó al dirigente de Alianza Nacional y ex director de Colonización, Carlos Daniel Camy, a la edila socialista Silvia Cabrera, al edil blanco oficialista Andrés Pintaluba y a la actual presidenta de la Junta Departamental, también de la lista del intendente Chiruchi, Rita Quevedo.

Cada quien explicó entonces su posición personal. Carlos Daniel Camy, dijo que había renunciado hace meses a su cargo público. Pintaluba está reintegrado a su tarea en la DGI. Fuentes de la oficina aseguran que «no se presenta nunca a trabajar, pero justifica sus inasistencias por las tareas que realiza como edil, cosa que está dentro de la ley». Rita Quevedo confirmó que está en comisión en la Intendencia de Durazno, donde en realidad no trabaja, pero justificó su accionar explicando que como docente (es maestra), «es muy complicado usar la disposición que lo habilita a faltar cuando tiene alguna actividad de la Junta, que todas las veces que se recurre a ese mecanismo, dejaría su clase sin maestro». La presidente del legislativo maragato reveló algo, aunque no quiso dar nombres, de extrema gravedad. «… en algunos casos, los funcionarios pasan de un organismo a otro obteniendo en cada pasaje algún beneficio adicional».

 

Un caso aparte

Silvia Cabrera también es maestra. Fue solicitada en comisión por el senador Reinaldo Gargano. Cuando Vasallo la señaló, ella declaró que rinde cuentas sólo al senador y que sus tareas son no sólo las relacionados con su función de edil, sino que además, está a cargo de la secretaría nacional de Equidad y Género del Partido Socialista. Sus declaraciones defendiendo su trabajo en una radio local, provocaron una ola de reacciones, muchas adversas. Inclusive apareció una carta, difundida por gran parte de la prensa local, en la que se critica duramente su persona, su trabajo y se cuestiona su ética. Al pie de la carta no aparecen firmas sino dos números de Cédula de Identidad. Supuestamente, pertenecen a dos frenteamplistas conocidos de San José. Pocas horas atrás, el Partido Socialista local respondió a la agresiva misiva. El PS considera «injuriosa» la carta y resalta el hecho de que sea «anónima», para concluir que Cabrera «actúa conforme a resoluciones orgánicas del Partido y sometiéndose a los controles correspondientes. En este Partido no hay ñoquis ni los habrá, la transparencia es un principio fundamental que siempre ha regido nuestra conducta». *