Familiares de uruguayos desaparecidos en Chile se reunieron con el juez de la causa

Fuentes judiciales en Chile creen que en los próximos días podrían ser encausados militares en retiro por la desaparición de tres de los ocho uruguayos.

En la reunión los familiares dijeron estár interesados en conocer el avance de las causas y, además de con requerir información al juez, le proporcionaron antecedentes que pueden servir para el avance de las investigaciones.

«Quisimos conocer al ministro para que vea que hay personas detrás de la causas judiciales, y nosotros para saber quién está investigando», explicó tras la reunión Jimena Gómez, integrante de la delegación.

Gómez consideró «muy gratificante» la reunión con el magistrado, puesto que en algunos de los casos se ha llegado a la etapa de identificación de los autores de los secuestros, dijo a Radio Cooperativa de Chile.

Tres de los uruguayos cuyo destino investiga el juez Billard desaparecieron tras ser detenidos, inmediatamente después del golpe militar del 11 de septiembre de 1973, por efectivos del Ejército, de dotación del Batallón de Ferrocarrileros de Puente Alto.

Se trata de Ariel Arcos Latorre, Juan Ponaschuck Galeazzo y Enrique Pagardó Saquieres, sobre cuyos casos se podrían dictar encausamientos en los próximos días, de acuerdo a fuentes judiciales. Otros dos uruguayos, Alberto Fontella Alonso y Juan Cendán Almada, desaparecieron tras ser detenidos en septiembre de 1973 y llevados al Regimiento de Artillería «Tacna».

Desde la Escuela de Ingenieros del Ejército, en la localidad costera de Tejas Verdes, Valdivia, también desaparecieron los uruguayos Julio Fernández Fernández y Nelda Gadea Galán.

Al momento del golpe militar, el director de esa unidad era el entonces coronel Manuel Contreras, que posteriormente dirigió, con el grado de general, la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA).

En 1990, al ser abiertas numerosas tumbas marcadas «N.N.» en el Cementerio General de Santiago, fue identificado, entre más de un centenar de cuerpos exhumados, el cadáver de la joven uruguaya Arazati López López, ejecutada por militares también en los días posteriores al golpe de 1973. Los familiares se mostraron esperanzados de que en estos casos se podrá hacer justicia y elogiaron el criterio adoptado por la Justicia chilena de considerar las desapariciones como secuestros permanentes y crímenes de lesa humanidad, excluidos de la posibilidad de amnistía o prescripción. *