Detienen en Argentina a un agente militar con idenficación uruguaya

Todo comenzó en Zárate, la norte de esta Capital, según un artículo del periodista y escritor Osvaldo Bayer, con la denuncia de un dirigente obrero: contó que en la casa llamada «Frente de piedra»  Lavalle 636  había sido detenido y golpeado bárbaramente por el Ejército durante la dictadura.

Recurrió a la Justicia y ¿qué encontró el juez en la casa allanada?: armas de fuego varias, proyectiles, proyectiles antiaéreos, fotografías, agendas, mucho material bibliográfico (manuales y revistas de inteligencia del Ejército), ropa de fajina, una diminuta cámara fotográfica, miras telescópicas, silenciadores, abundante cantidad de ropa usada, una especie de soldador sin punta de los que se utilizaban como picana eléctrica, gran cantidad de armas blancas, banderas argentinas, libros sobre el comunismo y la lucha contra la subversión, etcétera. No es todo. Ya la Justicia había preguntado al Ejército si allí funcionó durante la dictadura militar el Destacamento ICIA 201/1, y el arma de tierra lo negó hace muy poco tiempo. Y aquí la cosa se pone más intrigante.

Es que en la vivienda vive Juan Isaac Maldoz Peraza, del personal civil de Inteligencia pero que es uruguayo y que en cuatro meses de llegado al país se le dio la ciudadanía argentina, «lo que hace sospechar que formó parte del Operativo Cóndor», dice Bayer.

«Se conocen declaraciones de dicho agente a vecinos en las que declaró que a los desaparecidos no los iban a encontrar más y que durante el Mundial de Fútbol del 78 tuvo la orden de reprimir a gays y travestis para que no dañaran la imagen argentina en el mundo. Y se preciaba de haber pertenecido al Ejército uruguayo. Declaró, además, ante el juez que hasta marzo de este año cobraba su sueldo a nombre de Juan Isaac Maldoz Peraza, pero que a partir de esa fecha, por orden del Estado Mayor del Ejército, su nuevo nombre era Ambrosio Serrano y exhibió su nuevo recibo de sueldo con ese nombre».

«El individuo en la actualidad desempeña funciones en el Destacamento de Inteligencia de Combate de Campo de Mayo. Y que su actual jefe es el coronel Aurelio Corcelli», Bayer revela en su escrito en Página/12.

La denuncia la hizo Valentín Rogelio Ibáñez, quien fue delegado obrero de la empresa Dalmine Siderca. El con otros dos delegados fue detenido en 1977 por dos civiles armados que los llevaron a la casa de marras donde durante tres días le propinaron palizas indecibles a patadas y puñetazos. Eran miembros de Inteligencia del Ejército que les querían hacer declarar que los detenidos eran comunistas, cuando en realidad eran peronistas.

Los perseguidos fueron entonces dejados en libertad porque no se les pudo comprobar nada.

Eso era en tiempos del terrorismo de Estado. Sin embargo, hace escasos días cuando en la vivienda de las torturas llegó el juez, el uruguayo Juan Maldoz Peraza, fue detenido y se le secuestró un bolso en el que tenía 24 proyectiles calibre 22 punta de plomo y 16 proyectiles intactos calibre 22, una tricota verde militar, una gorra blanca con visera y escudo, una camisa camuflada, una gorra azul con visera, con estampado CVN, un pasamontañas verde, una bombacha de fajina camuflada con cinturón color marrón, y en uno de sus bolsillos un cargador para pistola 9 mm, una campera de piloto de avión con aplique de bandera argentina y escudo de la Escuela de Aviación del Ejército.

 

El caso del capitán Sosa

Uno de los allegados de Peraza declaró ante el juez que éste, cuando se refería a los desaparecidos, los calificaba de «comunistas de mierda». Y que durante la represión había actuado en el Batallón 601 de Inteligencia. Y que ahora trabaja en la oficina denominada CRIM del Ejército en Campo de Mayo.

El juez Federico Efraín Faggionato Márquez y la Secretaría de Derechos Humanos bonaerense investigan actualmente cuántos hechos de tortura y de detenidos ocurrieron en esta casa y por qué el Ejército negó que fuera propiedad de esa institución tal guarida. ¿Por qué? A tres días de la denuncia, en el Ministerio de Defensa ni tampoco en la Secretaria de Derechos Humanos, se ha dado una explicación.

Sugestivo silencio que se repite. Hace poco se estrenó un documental excepcional, «Trelew» que reproduce la fuga de guerrilleros del penal de máxima seguridad en esa ciudad en 1971. Algunos alcanzaron a huir a Chile y otros, que por diversos tropezones no pudieron llegar a tiempo al aeropuerto, fueron trasladados a la base naval «Almirante Zar».

Allí, el 22 de agosto de ese año, la mayoría de los detenidos cuya vida fue garantizada por el capitán Sosa, fueron masacrados.

El caso, en esos tiempos generó una enorme conmoción pero jamás hubo una investigación. Sosa fue sacado del país pero ahora una fuente confiable le contó a LA REPUBLICA que vive en la Argentina con otra identidad y que sigue cobrando, como jubilado, del presupuesto del Estado, vía Armada. Es lamentable, pero nadie quiere hablar públicamente del asunto. *