Ffose dijo que autoridades de gobierno violaron la veda

En comunicado de prensa enviado ayer, el gremio de funcionarios estatales del agua, informó que es una clara violación de la veda electoral, por parte de dichas autoridades de gobierno, y es un hecho que denunciaremos ante la Corte Electoral.

Además agrega que los incumplimientos de la empresa Uragua, en el cronograma de obras establecido en el pliego de condiciones, reconocidos y asumidos por los organismos de contralor de la concesión, OSE, el Tribunal de Cuentas y el Ministerio de Economía y Finanzas, desde junio de 2003.

Por todo eso, Ffose hace pública su posición, manifiesta en reiteradas oportunidades, ante la rescisión de concesión por parte de la empresa de capitales españoles. Comprometiéndose a realizar todos los esfuerzos necesarios, conjuntamente con el organismo, para el mantenimiento normal del servicio. Actitud que mantuvimos en anteriores oportunidades, ante la eventual rescisión de contrato, planteada por Uragua, o en manifestaciones hechas públicas por el ex ministro de Economía, Alejandro Atchugarry, ante una eventual «salida ordenada». El comunicado del gremio lo firman la vicepresidente, Adriana Marquisio y el secretario general Carlos Sosa.

Con relación al tema consultamos al ministro de la Corte Electoral, Edgardo Martínez Zimarioff quien expresó que «el organismo no tomó cartas en el asunto ya que no le ha llegado ninguna denuncia al respecto».

Vale recordar lo publicado ayer por LA REPUBLICA, donde el Poder Ejecutivo dijo que se trata de una «difusión objetiva» de una carta enviada por una empresa. Además, el Estado ve «con preocupación» el eventual alejamiento de la empresa, se agregó.

En el texto de la carta, enviada específicamente al presidente de OSE, Carlos Rodríguez, los directivos dicen que «hay incertidumbre por las consecuencias que puede acarrear la aprobación de la reforma constitucional».

Agrega que «…la voluntad de Uragua continúa siendo la de servir a la población de Maldonado… dado que las consecuencias jurídicas de las conductas prácticas, se producirían automáticamente, como consecuencia del resultado plebiscitario, Uragua se considera en el deber de anunciar al Estado uruguayo que, en caso de aprobación de la iniciativa de reforma constitucional, iniciará las acciones pertinentes encaminadas a la rescisión de la concesión por imposibilidad de cumplimiento del objeto de contrato». *