Ffose denunció a OSE por gastar más de 180 mil pesos en una consultoría de Cifra

A ocho días de los comicios nacionales, donde también la ciudadanía se expedirá en torno al plebiscito que impulsa que la normativa sobre el vital elemento sea elevada a rango constitucional, Adriana Marquisio, presentó ayer frente a las cámaras de Teledía (canal 4) documentos que probarían una serie de irregularidades entre el Directorio del organismo y la empresa encuestadora Cifra. La denuncia fue en el marco del debate por el plebiscito que la gremialista sostuvo con el vicepresidente de OSE, Hugo Granucci. El documento oficial presentado por Marquisio –y al que tuvo acceso LA REPUBLICA— da cuenta que el ente de agua potable abonó 184.500 pesos a la empresa Cifra de González Raga y Asociados. El pago de dicho monto aparece firmado por un integrante del Directorio del organismo, con fecha 27 de agosto del presente año, a las 10.26 horas (ver facsímil).

La transacción se realizó a instancia de la solicitud Nº 362 aprobada por la gerencia general de OSE por concepto de «estudio de medición de la opinión pública sobre plebiscito». Marquisio dijo anoche a este matutino que «uno de los capítulos del porqué no hay plata para saneamiento es que se inflan los costos para dar cumplimiento a la entrega de conceción del agua a las empresas multinacionales». «OSE no les consultó a sus clientes si querían gastar esos dineros en una consultoría. Hasta ahora se gastaron, por concepto de consultorías tres millones seiscientos diez mil pesos más cuatro millones para saneamiento.

Eso representa el saneamiento de San Antonio, Santa Rosa, Sauce y San Jacinto en Canelones y Nueva Palmira y Nueva Helvecia en Colonia», afirmó Marquisio.

 

Aguas turbias

Por otra parte, la sindicalista se refirió a la modificación del artículo 47 propuesta por la comisión afirmando que la misma consta de dos partes y que no se ha informado objetivamente del alcance de dicha reforma.

«La reforma establece en su primera parte la definición no mercantil del agua. El agua como derecho humano y recurso esencial para la vida. Esta es la primera definición para dejar claro ese concepto a nivel constitucional. En segundo planteo es una política nacional de aguas, que recoge legislación actual en materia del Código de Aguas y de la Carta Orgánica de OSE y lo eleva a rango constitucional», manifestó la integrante de la Cdapv.

En cuanto a elevar la normativa sobre el vital elemento a rango constitucional, afirmó que actualmente el dominio de las aguas subterráneas es público. «Simplemente lo elevamos a la Constitución y garantizamos que ninguna otra ley pueda modificar ese dominio. Por lo tanto refuerza lo que ya está. La normativa que autoriza hoy permisos de uso para emprendimientos de recreación, de energía o industriales, como el caso del agua embotellada, no se van a modificar, sino que serían elevados a rango constitucional», afirmó. Y agregó que, de hecho, se mantiene la normativa vigente para todos estos casos. «Sería un disparate, en el momento que está viviendo el país, que nosotros planteáramos expropiaciones de este tipo de emprendimientos.

Lo que sí ponemos es el alerta constitucional para que exista un fuerte contralor de uso y haya una política sustentable del manejo de estos recursos», afirmó Marquisio. *