El Ejecutivo amparará el secreto de informantes de Comisión para la Paz

El anuncio lo realizó ayer el presidente Jorge Batlle, quien respaldó los dichos de los integrantes de la Comisión, Carlos Ramela y Gonzalo Fernández, y rechazó la iniciativa de la fiscal Mirtha Guianze, de que ambos abogados revelen los nombres de las personas que les informaron sobre la desaparición y muerte de la maestra Elena Quinteros, ocurrida en 1976. Ramela, deberá comparecer el 8 de noviembre ante el juez penal Fernández Lecchini para hablar de casos de desaparecidos y de las informaciones recogidas por la Comisión para la Paz.

El miércoles, Ramela (representante del gobierno en la Comisión) dijo en Concierto FM que los integrantes del grupo no pueden acceder al pedido de la fiscal porque «nos sentimos obligados por la reserva». Ayer, González (representante del Encuentro Progresista en el grupo) en declaraciones al semanario Búsqueda dijo que los seis miembros de la Comisión están amparados por el secreto de Estado y no pueden revelar las fuentes de información que recibieron.

Batlle en tanto, recordó que en agosto de 2000, «el Estado se comprometió a través de la Comisión para la Paz a realizar una investigación a propósito de las 26, 27 personas que habían desaparecido. Se cumplió con ese objetivo y se enviaron los proyectos de ley al Parlamento y el Parlamento seguramente lo sancionará».

La resolución presidencial que creó la Comisión para la Paz confirió a sus integrantes «las más amplias facultades para recibir documentos y testimonios, debiendo mantener estricta reserva sobre sus actuaciones y la absoluta confidencialidad de las fuentes de donde resulte la información obtenida».

Para Gonzalo Fernández esta resolución es clara en cuanto a la imposibilidad de dar los nombres que requiere la fiscal.

 

Opinión contraria

Una visión diferente tuvo el ex canciller y abogado Héctor Gros Espiell. «El secreto no puede ser impuesto por un decreto, no tiene un decreto aptitud jurídica para imponer o para negar el secreto, eso deriva de la conciencia individual de cada miembro y del estatuto profesional de ellos», dijo Gros en el programa Primera Voz que conduce Sonia Breccia en 1410 AM LIBRE.

«Pienso que pueden con perfecto sentido de justicia pensarse que los miembros de la Comisión para la Paz al guardar secreto lo que estuvieron pensando es que a través de ese secreto se lograba avanzar en las investigaciones, que si no hubiera secreto esa gente jamás hubiera declarado y no se hubiera podido llegar a las conclusiones que se llegaron. Por tanto, me parece primero que no puede fundarse en un decreto del Poder Ejecutivo porque no tiene aptitud jurídica un decreto para imponer el secreto y segundo, que hay que respetar la conciencia individual respecto a si debe guardar silencio o no en lo que se refiere a la fuentes de cada uno de los miembros de la Comisión para la Paz». *