Presentan denuncias contra Aguas de la Costa y Uragua por incumplimiento

Se trata del paso previo a un juicio por daños y perjuicios por incumplimiento de contrato y daños ambientales.

La Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida, integrada por actores sociales y políticos, presentó la iniciativa de reforma constitucional contra la regulación de servicios de agua potable y saneamiento. La propuesta será puesta a consideración de la ciudadanía el próximo 31 de octubre.

El texto de la reforma establece que: los servicios públicos de «saneamiento y abastecimiento de agua para el consumo humano serán prestados exclusiva y directamente por personas jurídicas estatales».

También se dispone que «la reparación que correspondiere, por la entrada en vigencia de esta reforma no generará indemnización por lucro cesante, reembolsándose únicamente las inversiones no amortizadas».

 

Acciones judiciales

En el marco de la polémica entre sectores políticos que apoyan la reforma por el agua y saneamiento –la izquierda y Alianza Nacional, contra quienes se oponen, básicamente colorados y herreristas–, hoy diversas organizaciones sociales y vecinos de Maldonado presentarán a la hora 14 ante el Tribunal de Conciliación (Cerrito 470, esquina Ituzaingó) sendos juicios por incumplimiento contra las empresas Uragua. SA y Aguas de la Costa. Ambas empresas (filiales de Aguas de Bilbao (española) y de Suez (francesa respectivamente) son las concesionarias de los servicios de agua de Maldonado.

La representante de Ffose en la Comisión por la Defensa del Agua, Adriana Marquisio, expresó a LA REPUBLICA que en el caso de Uragua SA se denuncia «la violación clara del contrato en materia de cronograma de obras y el planteo de la renegociación del mismo que fue observado por el Tribunal de Cuentas de la República».

También cuestiona la afectación directa que ha tenido el cobro «discriminado» de las tarifas desde hace más de 13 años por parte de la empresa Aguas de la Costa y ciertos «impactos ambientales, como la desecación de la Laguna Blanca».

La solicitud de audiencia de conciliación será presentada por vecinos de Maldonado, San Carlos, Piriápolis, La Barra, Manantiales, Balneario Buenos Aires y El Chorro.

Con el telón de fondo de la campaña electoral, la reforma por el agua que es apoyada en bloque por la izquierda, divide, en cambio, a los partidos tradicionales.

El diputado Víctor Rossi (Alianza Progresista) indicó que con la iniciativa popular «se pretende reafirmar la importancia estratégica que tienen los recursos hídricos en Uruguay para su población y para la población del mundo».

Aseguró que si el gobierno no hubiese firmado la carta intención con el FMI, «a través de la cual abre las puertas a la gestión de particulares en el área de saneamientos y agua potable, quizás no hubiera existido una iniciativa de reforma constitucional».

Rossi agregó que en el país existen experiencias de particulares en el manejo del agua potable, a las que calificó de «soluciones solidarias de vecinos, a través de cooperativas, para atender a determinados balnearios de Canelones que no tenían suministro».

Pero, añadió que «eso no es lo ideal cuando se trata de un recurso vital. La responsabilidad de gestión del Estado tendrá que encontrar los caminos para canalizar este tipo de emprendimientos y garantizar el acceso a todos los vecinos por igual».

Acotó que «la experiencia con Uragua SA demuestra que las inversiones se hicieron por parte de la OSE antes de que apareciera dicha empresa y que no se avanzó significativamente en la construcción del saneamiento».

El legislador aseguró que el Estado está en condiciones de hacerse cargo de los servicios, «porque todo lo que existe en el país de agua potable y saneamiento se trata de inversión que ha podido llevar adelante y gestionar el Estado, más allá de que se haya recurrido, en algunas instancias, a financiamiento de organismos internacionales». «El saneamiento ha quedado estancado en el interior del país, porque allí OSE se ha caracterizado por acumular gerentes», puntualizó. Cuestionó el argumento oficialista referido a que si prospera la reforma el país deberá enfrentar «juicios internacionales», porque ya el Banco Central acaba de perder, en primera instancia, diez millones de dólares en daños y perjuicios por la deficiente gestión de sus representantes en la liquidación del Banco Montevideo, y hay una demanda en el exterior contra el Uruguay por los contratos firmados por el ex ministro de Economía y Finanzas, Alberto Bensión».

En cambio, el diputado Gabriel Pais (Batllismo, Lista 15) señaló que la iniciativa se trata de «un intento de los funcionarios de OSE por nuevamente monopolizar todos los servicios de agua y saneamiento».

«No es sólo contra Uragua SA y Aguas de la Costa, sino contra cerca de 20 empresas chicas, cooperativas, que en muchas partes del país tienen concesiones para prestación de servicios de agua potable. Seríamos el único país del mundo que prohíbe por la Constitución que haya empresas privadas brindando estos servicios», cuestionó.

Considera que si prospera la reforma implicaría que «el Estado tenga que distraer fondos que pueden volcarse a la educación, salud y vivienda para atender al saneamiento, lo que es absolutamente inconveniente». Acotó que la propuesta generará «enormes dificultades en la producción agropecuaria, en las empresas que embotellan agua, porque tendrán prohibido exportarla, y generará dificultades en la zona termal donde habrá que pedir permisos para la utilización de esa agua, lo cual es contrario a los principios de libertad económica que tiene que regir en Uruguay». *