Fiscal pidió el ingreso de técnicos a predios de los Batallones Nº 13 y 14

El asesor presidencial, y ex representante del gobierno en la Comisión para la Paz, Carlos Ramela, será citado para las 15 horas del lunes 8 de noviembre, al tiempo que para las 14 horas será citado el ex soldado, Humberto Acioli Bueno Acuña, quien en una entrevista con LA REPUBLICA dijo haber desenterrado, en 2002, una bolsa de arpillera con alambres, restos de jean, cal y un peine, dentro del aledaño Batallón de Infantería Blindada Nº 13.

Otros miembros de la disuelta Comisión para la Paz que investigó el destino de los detenidos desaparecidos, cuya citación también fue solicitada por la fiscal Guianze, podrían ser citados a su vez, luego que cumplan las resoluciones que ayer adoptó el magistrado.

El juez Fernández Lecchini decidió, por otra parte, incorporar al expediente, que fuera instruido contra el ex canciller de la dictadura civil y militar Juan Carlos Blanco por la desaparición y muerte de la maestra Elena Quinteros, todas las pericias recabadas en su momento por el ex juez penal Alejandro Recarey, y que luego habían sido anuladas por un tribunal de apelaciones.

Las pericias anuladas, que ahora serán nuevamente incorporadas, eran relevamientos aerofotogramétricos del Batallón de Infantería Blindada Nº 13. Los mismos estudios, a cargo de profesionales universitarios, serán ahora realizados en el Batallón de Infantería Paracaidista Nº 14. El juez decidió notificar a los peritos actuantes.

Los relevamientos, análisis comparados de fotos aéreas tomadas en distintas fechas, permiten evidenciar eventuales remociones de tierras en lugares donde, según denuncias, habían sido enterrados varios presos políticos muertos o ejecutados durante las torturas.

Los peritos que actuarán en el Batallón 14 tendrán pleno acceso a todas las pericias contenidas en el expediente que ya se realizaron en el Batallón 13, según resolvió ayer el magistrado, quien además preguntará a la comuna capitalina qué empresa fotografió por aire a los predios militares y al resto de la ciudad.

Las piezas presumariales que estaban por separado en el expediente del juez Recarey serán también incorporadas ahora al expediente de Fernández Lecchini junto a toda la documentación que contenían como planos, fotos y copias de otros expedientes.

Pedirá por otra parte al Servicio de Paz y Justicia (Serpaj) que diga si puede certificar la autenticidad de una carta de Enrique Rodríguez, una víctima de la represión militar, que habría aportado indicios de la presencia de Elena Quinteros en los predios militares que ahora pasarían a ser objeto de una investigación judicial.

También buscará confirmar la autenticidad de un documento desclasificado del Departamento de Justicia de los Estados Unidos que revelaría la existencia del llamado «Plan Cóndor», cuya puesta en práctica se conoce como «Operación Cóndor», el mecanismo pergeñado por las dictaduras de la región para exterminar a sus opositores en cualquiera de los países que pudieron ser hallados. *