Uruguay dio un paso contra la impunidad en el "caso Berríos"

La decisión del juez Gustavo Mirabal de conceder la extradición «me parece ajustada a derecho. El hecho de que sean militares no les otorga ninguna impunidad, y es un paso importante para el esclarecimiento del caso», declaró a la AFP el abogado Diego Caamaño del Instituto de Estudios Legales y Sociales de Uruguay (Ielsur).

«Se trata de un caso grave de violación de los derechos humanos, estuvieron involucradas las estructuras de poder -militares y policiales- y el fallo deja claro un mensaje de no a la impunidad», subrayó Caamaño, quien recordó que sería la primera vez que Uruguay extraditaría a nacionales por crímenes de lesa humanidad.

Por su parte, el abogado Javier Miranda, del movimiento de Familiares de Detenidos-Desaparecidos (Fedefam-Uruguay) durante la dictadura militar uruguaya (1973-85), aseguró a la AFP que «sin duda es un avance enorme».

«Lo preocupante es lo lento que avanza la Justicia uruguaya en la resolución del asesinato de Berríos, que fue acá, en Uruguay, en 1995, y el caso no fue sólo archivado, sino que se archivó y con reserva», advirtió.

La Justicia uruguaya decidió colaborar con Chile, «ya que no hay duda que en este caso no hay Ley de Caducidad que valga», comentó Miranda en referencia a la llamada Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado de 1986, por la que se evitó someter a la Justicia a policías y militares que violaron los derechos humanos durante la dictadura).

«Lo menos que pueden hacer es colaborar con la Justicia chilena, esto es realmente bueno, son tribunales de dos países democráticos y es correcto que el Poder Judicial cumpla con su función», añadió.

En su opinión «es muy probable» que el caso Berríos sea un coletazo del denominado Plan Cóndor, en cuyo marco las dictaduras del Cono Sur coordinaron la represión en la región durante los años 70, pero «dejemos actuar a la Justicia para determinarlo», señaló.

El juez Mirabal dispuso en primera instancia extraditar a Chile a los oficiales Tomás Casella, Eduardo Radaelli y Wellington Sarli, acusados de participar en la asociación ilícita y el secuestro del luego asesinado agente de la dictadura de Augusto Pinochet y bioquímico chileno Eugenio Berríos.

Mirabal entendió que los delitos que les imputó la Justicia chilena -asociación ilícita y secuestro- fueron cometidos en Chile, de modo que sólo pueden ser juzgados en ese país. La extradición está contemplada por un tratado entre ambos países que data de 1897.

Los tres militares apelarán el fallo, informó a la AFP su abogado defensor, Amadeo Otatti. «Una vez que se me notifique (de la decisión del magistrado), tendré tres días hábiles para presentar la apelación», precisó.

El expediente pasará después a un Tribunal de Apelaciones, que dispondrá de varios meses para pronunciarse, y si alguna parte presenta un recurso de casación, la decisión final pasaría a la Suprema Corte de Justicia.

Otatti sostuvo que el delito por el que se acusa a sus defendidos está prescrito en Uruguay, porque ya pasaron 10 años de los hechos que concluyeron con la muerte de Berríos.

La ley chilena, sin embargo, determina que el delito deja de ser perseguible a los quince años.

Los oficiales uruguayos están acusados de supuesta colaboración con sus colegas chilenos que secuestraron a Berríos y lo trasladaron a Uruguay, donde su rastro se perdió en noviembre de 1992, hasta que apareció su cadáver casi tres años después.

Durante el proceso judicial en Chile, seis militares chilenos fueron inculpados en octubre de 2002 por el secuestro y asesinato de Berríos, incluidos los generales retirados Hernán Ramírez Rurange, Eugenio Covarrubias y el capitán en servicio activo Pablo Rodríguez Márquez. *