Batlle agradeció colaboración de asesor de Vázquez

Después de casi cuatro años de trabajo, el gobierno remitió ayer al Parlamento el proyecto de ley que introduce reformas en la instrucción penal.

El gobierno y el Encuentro Progresista habían comenzado a trabajar en este tema a comienzos de la administración del presidente Jorge Batlle. El asesor de Tabaré Vázquez, el reconocido penalista Gonzalo Fernández, intervino en el trabajo que busca modernizar el proceso de instrucción penal.

En el mensaje remitido ayer, el gobierno agradece el trabajo de Fernández y de una serie de personalidades que trabajaron en la comisión especial encargada de redactar la iniciativa: el subsecretario de Educación Daniel Bervejillo, los profesores doctores Alejandro Abal Oliú, Miguel Langón Cuñarro, y Jorge Marabotto, el doctor escribano Ronald Herbert, el doctor Carlos Benítez Preve, cuya Prosecretaría ejerció la escribana Soledad Camaño, y los aportes de la doctora Lina Fernández.

El proyecto del gobierno plantea entre otros puntos que el Poder Judicial mantenga la titularidad del impulso de toda la investigación con indagados. «El fiscal se confirma en su aptitud para proponer pruebas (y) a ello se agrega la ampliación de las facultades de la víctima, tanto dentro de la etapa presumarial como sumarial», se explicó.

La norma aumenta las garantías en la etapa indagatoria, y respecto al presumario, se limita a un año la vigencia de su secreto, ampliando el efecto de ese plazo a la duración del presumario mismo, que sólo por excepción y fundadamente puede alcanzar un año y medio. Vencido el término, el presumario se clausura y se archiva, pudiendo reabrirse tan sólo si apareciere probanza que no se tuvo a la vista antes.

También se dispone la distinción del juez del sumario –que procesa– y el juez de plenario, que condena o absuelve.

«Separando ambas competencias, no sólo se recupera una garantía que fue tradicional hasta hace un cuarto de siglo. Además, se atiende al hecho de que investigar y juzgar son dos actividades psicológicamente diferentes, la segunda de las cuales exige una serenidad y una elaboración doctrinaria que debe preservarse tanto como fuere posible.

La solución buscada –en Montevideo, transformación de seis Juzgados Letrados de Primera Instancia en lo Penal en Juzgados Letrados de Plenario; en el Interior, alternancia correlativa a los turnos– permitirá realizar la transformación sin necesidad de incurrir en inversiones ni gastos», explicó el gobierno. *