Demanda civil contra Zona Urbana involucró al Canal 10 y Subrayado

A las 13 horas de ayer, los abogados demandantes acusaron a los demandados de «no contestar en tiempo y forma» la demanda presentada, alegando que el plazo venció el pasado 26 de agosto, y solicitaron a la jueza que «desestime» la contestación y que declare «en rebeldía» a los acusados, al tiempo que pidieron que «trabe embargo general de derechos» contra Zona Urbana y Canal 10.

El documento fue incorporado al expediente IUE2-15.801/2004. Los demandantes reclamaron a la magistrada que los acusados sean condenados a pagar el dinero reclamado por «el daño moral y emergente» ocasionado al médico, más costas y costos del juicio.

La contestación a la demanda había sido presentada por los abogados del programa y del canal a última hora del último día del plazo legal mediante un escrito que no lucía en su primera foja los correspondientes «timbres», como exigen las normas vigentes. Los demandantes se ampararon en el artículo 94 de la Ley 16.134, la cual establece que el impuesto judicial «deberá ser abonado en forma previa a la presentación de los respectivos escritos, o en su caso, a la comparecencia a la audiencia». E invocaron el artículo 339 del Código General del Proceso (CGP) para que la jueza declare «en rebeldía » a todas las personas físicas y jurídicas demandadas.

Todos los denunciados habían sido notificados de la demanda por la jueza en lo civil de 10º Turno, Lilián Morales, quien dio trámite al juicio iniciado por el médico Julio La Cava, que fuera implicado el 14 de abril por Zona Urbana en una organización que entregaba licencias de conducir a personas que no reunían los requisitos.

Las notificaciones, realizadas mediante escribano público, llegaron a tres personas jurídicas (Zona Urbana, Canal 10 y Subrayado) y a ocho personas físicas (conductores, periodistas y un productor), pudo saber LA REPUBLICA de fuentes allegadas al expediente.

De Zona Urbana fueron acusados Alvarez y Escanlar, el productor del programa Iván Ibarra, los panelistas Gabriel Pereyra, Cecilia Bonino y Laura Raffo, y la periodista Patricia Gamio, quien se hiciera pasar por aspirante a obtener una licencia de conducir tras declarar, falsamente a la Policía, que habían extraviado la propia.

La demanda recordó que Alvarez imputó a La Cava ser «corrupto» y «coimero». Escanlar dijo que el médico, al presentarse ante la Justicia, «va por la guita; no va por el honor». Por su parte, uno de los panelistas del programa, Gabriel Pereyra, lo trató de «chorro».

De Subrayado fue codemandada la presentadora Blanca Rodríguez, quien repitió en el informativo la denuncia de Zona Urbana, al parecer sin haber confirmado los hechos, y afirmó que «un médico de Atlántida vendía licencias de conducir por dos mil pesos».

 

Una «adulteración de video» fue comprobada por perito

La demanda civil ante la magistrada Morales fue presentada el mismo día que se formuló ante el juez en lo penal de 4º Turno, José Balcaldi, una denuncia penal contra Zona Urbana, programa que fue acusado de perpetrar una «adulteración de video».

Balcaldi ya tomó declaración a todos los denunciados, y sometió a Alvarez y a Ibarra a «un careo» con el perito que constatara la presunta «adulteración de video» que se denunció ante la Justicia.

La fiscal en lo penal de 10º Turno, Diana Salvo, solicitó por su parte al juez Balcaldi que pida al Juzgado de Ciudad de la Costa el expediente completo que incluye el procesamiento de La Cava. La fiscal pretende «revisar los fundamentos» de la sentencia dictada.

Según un peritaje técnico entregado a Balcaldi por los defensores de La Cava, el video de 85 segundos fue objeto de «seis cortes en imagen y sonido», razón por la cual, según afirmó el especialista, «no se puede confirmar la veracidad del diálogo escuchado».

El médico había sido filmado mediante la utilización de «una cámara oculta» mientras realizaba un examen oftalmológico a la periodista Gamio, quien al presentarse como aspirante a la licencia de conducir, simuló tener serias carencias visuales y auditivas.

 

Citaron antecedentes por  «adulteración de prueba»

Los representantes legales de Julio La Cava adjuntaron a la demanda civil y a la denuncia penal al menos dos antecedentes por «adulteración de prueba» cometidos por Alvarez y Escanlar. Los abogados habrían hecho referencia también a un tercer caso.

En uno de los casos, los defensores citaron la denuncia realizada el 15 de mayo por el periodista Leonardo Haberkorn, editor del suplemento Qué pasa, del matutino El País, quien acusó a Escanlar de «falsificar» declaraciones de la profesora Marta Rugnitz en un artículo sobre el Instituto Alfredo Vázquez Acevedo (IAVA).

En otro de los casos citados, recordaron que el juez en lo penal de 15º Turno ya condenó a Zona Urbana a conceder un espacio al aire para que pudiera ejercer su derecho de respuesta la Asociación de Quioscos, Salones y Sub Agentes de Quinielas del Uruguay.

Por el mismo caso, el programa debió indemnizar en efectivo con cinco mil dólares por «daño moral» al quiosquero Enrique Cardozo.

Según entendió la Justicia Penal y la Justicia Civil, tanto Cardozo como la Asociación de Quiosqueros habían sido «lesionados en su honor» por un programa en el que se los involucró en una venta irregular de tarjetas magnéticas para uso en teléfonos públicos.

 

Julio La Cava permanece procesado con prisión

La Cava resultó procesado con prisión por la ex jueza de Ciudad de la Costa, Teresita Macció, no por el video emitido, sino por la declaración de los cuatro testigos de cargo aportados por la Intendencia Municipal de Canelones, a instancias de su secretario general, Roberto Yavarone, quien propició la denuncia contra el médico, tras la emisión del cuestionado programa de Zona Urbana.

Los abogados del médico ya pidieron su libertad, al tiempo que comenzaron a preparar la presentación de un recurso de apelación contra la sentencia de Macció, en base a la «adulteración» de video, y al tiempo ya transcurrido desde la fecha de su procesamiento.

La Cava negó en todo momento su participación en los hechos denunciados, a diferencia de los otros cuatro procesados, quienes se autoincriminaron sin contradicciones respecto a su participación en una organización que, a cambio de dinero, entregaba licencias irregulares de conducir, desde «hacía por lo menos dos años».

Además, los abogados de La Cava argumentarán en su recurso de apelación que el médico nunca pudo haber sido procesado como autor del delito denunciado, ya el profesional jamás «decide» a quien se le concede o no una licencia de conducir, sino que tan sólo se limita a realizar el correspondiente examen auditivo y visual. *