Elevan fianza para banquero Carlos Röhm

La decisión la tomó la Sala II del Tribunal luego que la Cámara Nacional de Casación Penal anulara un fallo anterior que se oponía al cese de la prisión preventiva del ex directivo del Banco General de Negocios (BGN), informaron fuentes judiciales.

En marzo último la Sala II había resuelto modificar la libertad bajo fianza de unos U$S 350 mil que había ordenado la jueza federal María Servini de Cubría a favor de Carlos Alberto Röhm, a quien se le atribuye ser jefe de una organización ilícita que causó multimillonarios perjuicios tanto en Argentina como en Uruguay.

El cuerpo, integrado por los jueces Eduardo Luraschi, Martín Irurzun y Horacio Cattani tomó intervención en la causa debido al recurso presentado por el fiscal Jorge Di Lello contra el otorgamiento del beneficio.

Cuando Servini de Cubría pidió opinión fiscal para decidir sobre el pedido de excarcelación, Di Lello dictaminó que, si la jueza entendía que debía otorgar el beneficio, se debía imponer una fianza de 100.000.000 de pesos.

Por eso, el defensor Alejandro Mitchell sostuvo que el fiscal sólo podía quejarse por el monto de la fianza fijada por la magistrada (1.000.000 de pesos), pero no contra la libertad de su asistido.

La defensa afirmó, entonces, que la Sala II de la Cámara Federal solo podía revisar, si es que tenía jurisdicción para hacerlo, el aspecto relacionado con el importe de la fianza, confirmando o revocando el monto ordenado.

El criterio de los abogados de Röhm fue compartido por la Sala I de la Cámara de Casación Penal, que, con la firma de Liliana Catucci, Alfredo Bisordi y Juan Carlos Rodríguez Basavilbaso, consideró «arbitraria» la resolución que en su momento tomaron Luraschi, Irurzun y Catanni.

Con el incidente nuevamente en sus manos, los camaristas de la Sala II acataron el criterio de sus superiores y fijaron en 5 millones de pesos (argentinos) la caución que debe depositar Röhm, aclarando que «la expectativa de pena eventual que se cierne sobre él, influye de modo negativo a la hora de analizar si habrá de mantenerse a derecho».

Röhm se encuentra detenido desde enero de 2002, lo que fue utilizado por sus abogados para reclamar la excarcelación, basados en los postulados de la ley 24.390.

La norma establece que el plazo máximo de la prisión preventiva es de dos años, aunque prevé casos de prórroga según la complejidad de la causa y las condiciones del detenido.

En marzo de 2002 Servini de Cubría procesó a Röhm con prisión preventiva y embargo de 100.000.000 de pesos (argentinos) sobre sus bienes, disposición que tres meses después fue confirmada por la Sala II de la Cámara Federal.

En aquella oportunidad el tribunal de segunda instancia concluyó que «existen diversos elementos que permiten concluir que (Röhm) ejercía la función de jefe de la organización» por la «posición que mantenía tanto en lo atinente a la estructura del grupo como en punto al proceso de toma de decisiones concretas».

Agregó que «las decisiones vinculadas con operaciones concretas de bonos, así como las relativas a créditos otorgados tanto en Uruguay como en Argentina a empresas del grupo y las atinentes a la forma de operar del BGN provenían de directivas» de Röhm.

En aquella ocasión también fueron ratificados los procesamientos, aunque sin prisión preventiva, de Rufino Basavilbaso de Alvear y Adrián Darío Couce, como «partícipes» de la asociación ilícita.

Según elementos reunidos en el sumario, funcionarios de «mediana y alta jerarquía de las distintas entidades que formaban el grupo, señalaron que (Röhm) era quien tomaba las decisiones y dirigía a grandes rasgos su operatoria en lo atinente a las distintas líneas de investigación aquí delimitadas».

La causa se instruyó por denuncia de las entonces diputadas Marcela Virginia Rodríguez y la actual titular del PAMI, Graciela Ocaña (a la que luego adhirió Elisa Carrió) «sobre los hechos ilícitos que habrían detectado en su carácter de integrantes de la Comisión Especial Investigadora del Lavado de Dinero» de la cámara baja.

Entre las empresas que aparecen vinculadas figuran el BGN, la Compañía General de Negocios Saife  Uruguay  el viejo Banco Comercial del Uruguay y San Luis Financial Investment Co. Ltd. Inc., de Panamá y el Nuevo Banco de Santa Fe.

Cuando dictó las prisiones preventivas, Servini de Cubría responsabilizó a Röhm como presunto jefe de una asociación ilícita y afirmó: «Estamos ante un hecho ilícito de una envergadura tal que permite aseverar que ha causado un perjuicio al sistema financiero nacional y a la economía en general».

José Röhm, hermano de Carlos Röhm, se halla prófugo de la Justicia desde que, al comienzo del sumario, se ordenara su comparendo compulsivo y, después, su captura. *