Reparación abarca policías y militares muertos entre los años 1962 y 1976

El Poder Ejecutivo remitió ayer al Parlamento el proyecto de ley por el que se plantea la indemnización especial a los familiares de militares, policías y civiles que perdieron su vida «en ocasión o a consecuencia del enfrentamiento armado y los actos de violencia» que tuvieron lugar entre el 1º de enero de 1962 y el 31 de diciembre de 1976.

«Mediante esta iniciativa, se busca completar el régimen jurídico de excepción con que la República, en etapas sucesivas, ha venido resolviendo las resultancias de un aciago período que décadas atrás le segó la paz, la libertad y la institucionalidad», dice el Ejecutivo en la exposición de motivos del proyecto de ley.

«La muerte en enfrentamientos fratricidas con afectación del orden público agravia los más profundos sentimientos en que se basa el Estado de Derecho», dice el presidente Jorge Batlle en el escrito.

Agrega que «la plena conciencia del drama vivido rige el abordaje que este Gobierno encaró desde la primera hora, con el alto propósito de concluir definitivamente las secuelas de una etapa histórica desgarrante, para construir una conciencia republicana común y para colocar la mirada colectiva en la edificación del futuro, con total vigencia del Estado de Derecho y su sustento político-institucional: la democracia».

El gobierno sostiene que en el plano moral, los militares y policías que murieron «por causa de la guerrilla» recibieron su homenaje, pero «ninguna polémica ideológica o política autoriza a desatender que en el Estado de Derecho la entrega a causas superiores representa un bien para la vibración moral de toda la sociedad, sin distinciones».

«En un plano al que nadie puede ser indiferente, el valor del sacrificio de quien murió en el cumplimiento de su deber sobrepasa con mucho la circunstancia material o política del enfrentamiento que le segó la vida. Por encima del avatar histórico, esa luz debe iluminamos siempre», afirma Batlle.

En lo material, el proyecto busca igualar la remuneración de los familiares de los militares y policías muertos, con los familiares de desaparecidos de la dictadura para no hacer ningún tipo de distingo.

El gobierno entiende que con este proyecto, «afirmamos que a todas las víctimas de un amargo tránsito histórico, les debemos el tributo de hacer la paz». *