Bordaberry y Blanco volvieron al juzgado por los homicidios de Michelini y Gutiérrez Ruiz

Bordaberry concurrió a las 12.34 horas, antes de lo previsto, acompañado por cinco de sus siete hijos, al tiempo que Blanco llegó a las 14.30, la hora fijada, en un auto junto a otras cuatro personas. Bordaberry había sido citado para las 13.30 horas, y luego de prestar su testimonio se escabulló por una salida lateral mientras que su hijo, el ministro de Turismo, efectuaba declaraciones a la prensa sobre la entrada principal (ver recuadro). Blanco se retiró del Juzgado, ya sobre la noche, sin efectuar declaraciones y disculpándose ante los periodistas.

En el Juzgado uruguayo, el juicio contra Bordaberry y Blanco se reabrió en el año 2002 a instancias del entonces fiscal de Corte y Procurador General de la Nación, el doctor Oscar Peri Valdez, quien recibió en noviembre un escrito del diputado Felipe Michelini que lo puso en conocimiento de declaraciones de prensa que realizaron los blancos Alberto Zumarán y Juan Raúl Ferreira.

El caso había sido archivado por el Poder Ejecutivo, que amparó el caso en la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, luego que el Poder Judicial instruyera un expediente en base a las conclusiones que obtuvo una comisión parlamentaria que investigó las circunstancias que rodearon el asesinato de los legisladores.

En la entrevista, ambos dirigentes del Partido Nacional hicieron referencia a una conocida versión, según la cual, el ilegítimo Consejo de Estado habría realizado «una votación» en la que se decidió el «homicidio» de Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, quienes por aquel entonces se encontraban exiliados en la República Argentina.

En la ocasión, habrían votado en contrario del asesinato el presidente de facto Bordaberry y el entonces comandante de la Fuerza Aérea Uruguaya, el brigadier general Dante Paladini, quien luego confesaría el resultado de la votación al ahora fallecido monseñor Carlos Parteli.

En la misma oportunidad, se habría decidido la ejecución sumaria del extinto caudillo nacionalista Wilson Ferreira Aldunate, quien habría logrado evitar su asesinato gracias a un informante que dio el alerta, hecho que le permitió escapar y cambiar rápidamente de domicilio.

Documentos desclasificados

La incorporación al expediente de documentos desclasificados por el Departamento de Estado de los Estados Unidos y diversos organismos oficiales de la República Argentina relativos a la desaparición y muerte en Buenos Aires de los legisladores Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz podrían provocar un giro brusco en las indagatorias que llevan a cabo en Uruguay.

Los documentos aportarían valiosa información acerca de la actuación represiva de los organismos de seguridad del Cono Sur en el marco de lo que se conoció como el «Plan Cóndor», mediante el cual las dictaduras regionales coordinaron el exterminio de opositores, según estimaron anoche en diálogo con LA REPUBLICA fuentes judiciales.

Los informantes anunciaron que los documentos serían incorporados al expediente en las próximas semanas por el juez Timbal, a pedido de la fiscal Guianze, y también por iniciativa de los denunciantes.

En tal sentido, pudo saber LA REPUBLICA, la doctora Hebe Martínez Burlé, representante legal de los denunciantes del ex presidente de facto, Juan María Bordaberry, y del ex canciller de la dictadura militar y civil, Juan Carlos Blanco, realizaría un viaje a Buenos Aires.

Los documentos desclasificados están en poder del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), organismo no gubernamental argentino que patrocina el juicio que los familiares de Michelini y Gutiérrez Ruiz promovieron ante el juez federal argentino Rodolfo Canicoba Corral.

En el expediente que Timbal y Guianze instruyen en Uruguay ya fueron incorporados importantes documentos oficiales de la época que permitirían a los magistrados hacerse una composición de lugar.

Entre otros, fueron incorporados varios documentos del Ministerio de Relaciones Exteriores donde consta que el Estado uruguayo decidió cancelar los pasaportes de Michelini, Gutiérrez Ruiz y Ferreira, en momentos en que los tres líderes, residiendo en Argentina, estaban en condiciones de asilarse en los Estados Unidos o en países europeos.

También constan «comunicaciones» entre la Cancillería uruguaya y las autoridades argentinas relativas a la situación de los tres dirigentes. Por otra parte, pudo también incorporarse los documentos de la comisión parlamentaria uruguaya que investigó el asesinato de los legisladores Michelini y Gutiérrez Ruiz, así como un documento de la Suprema Corte de Justicia donde consta una información muy similar.

A su vez se incorporó el expediente instruido en 1976 en la República Argentina, respecto al asesinato de ambos legisladores uruguayos, en el que figuran las autopsias forenses realizadas, al igual que se pudo incorporar el expediente del juicio a los integrantes de la Junta argentina de Comandantes, quienes, entre otros delitos, fueron procesados por la muerte de los legisladores uruguayos. No obstante, el juez Timbal debió reiterar, a pedido de la fiscal Guianze, oficios al Ministerio de Defensa Nacional, dependencia del Poder Ejecutivo que continúa retaceando la entrega de documentos que fueron solicitados en varias oportunidades por el Poder Judicial.

La abogada de las familias Michelini y Gutiérrez Ruiz, Hebe Martínez Burlé, dijo que seguramente el ex presidente Juan María Bordaberry y el canciller de la dictadura Juan Carlos Blanco serán citados por la Justicia argentina que también investiga los crímenes de los ex legisladores uruguayos.

Destacó además que en la causa que lleva la Justicia uruguaya hay nuevos elementos. «No pueden negar que no tenían idea de lo sucedido cuando Bordaberry era presidente y Blanco canciller», dijo.

«Existen archivos desclasificados de los Estados Unidos, algunos aportados a la causa, otros van a requerir traducción, y también se agregó documentos de la Dirección de Migraciones de la República Argentina», indicó.

En nuevos documentos hay pruebas «sin lugar a duda», dijo, para procesar a personas involucradas en los crímenes de 1976.

«Argentina cuenta con más documentación de la existe hoy en Uruguay» pero será «incorporada a la causa uruguaya apenas se obtenga».

La abogada anunció que «en Argentina, en los próximos días, ya se van fijar las fechas para los testimonios de los testigos, y cuando el doctor Rodolfo Canicoba Corral lo considere oportuno, después de recabar la información de los testigos, lo hará con los indagados», entre los que estarán Bordaberry y Blanco.

Aclaró que «bajo ningún concepto» la llamada Ley de Impunidad puede impedir que concurran a declarar en Argentina. *