Serpaj señala eventual responsabilidad del Ministerio del Interior en la fuga de Cordero

El comunicado de Serpaj recuerda que el coronel Cordero está acusado de participar del asesinato de los legisladores Héctor Guitiérrez Ruiz y Zelmar Michelini, de aplicar torturas a ciudadanos uruguayos y argentinos en el centro de detención Automotores Orletti de Buenos Aires, y de participar en la coordinación represiva «Plan Cóndor».

Cordero, al igual que los militares José Nino Gavazzo y Jorge Silveira, junto al fallecido inspector de Policía Hugo Campos Hermida, son requeridos por la Justicia argentina desde 1986, señala Serpaj, que recuerda el proceso de leyes y maniobras que han permitido hasta la fecha la impunidad de esos requeridos.

La declaración explica que «desde hace varios días circula la noticia de que el coronel (r) Manuel Cordero, acusado de haber violado los Derechos Humanos de muchas personas detenidas durante la dictadura cívico militar  muchos de ellos aún desaparecidos  ha logrado cruzar las fronteras de nuestro país sin que el Ministerio del Interior tenga registro de su salida», dice la declaración. Agrega que «una vez más uno de los militares identificado como violador de derechos humanos y uno de los más buscados también por la Justicia argentina, logra con una simple maniobra burlar a la Justicia de este país.»

«Es bueno recordar entonces, que entre las acusaciones que pesan sobre Cordero cuentan: la participación en los asesinatos de los legisladores Héctor Gutiérrez Ruiz y Zelmar Michelini; torturas y apremios físicos y psicológicos a ciudadanos uruguayos y argentinos en centros clandestinos de detención en Argentina y una participación activa en el Plan Cóndor», destaca. Recuerda que «reestablecido el régimen democrático en nuestro país y habiendo comenzado las investigaciones parlamentarias y judiciales sobre las violaciones cometidas en la dictadura, Cordero nunca concurrió a ninguna de las citaciones a las que fue convocado».

«Desde 1986, Argentina viene solicitando la extradición de militares y policías uruguayos como Cordero, Gavazzo, Silveira y Campos Hermida. El gobierno uruguayo dilató la respuesta hasta que se aprobaron las leyes de «Punto Final» en Argentina y «De Caducidad» en Uruguay, que consolidaron en los hechos la impunidad en la región. Actualmente Cordero es requerido desde Argentina por el juez Canicoba Corral», afirma.

«Pero como si esto fuera poco  subraya Serpaj  además de ser acusado de cometer aberrantes crímenes de lesa de humanidad y de seguir amparado en la impunidad, el coronel (r) Manuel Cordero reivindicó públicamente los «métodos» que se emplearon durante la dictadura, que incluían matar, torturar, secuestrar y desaparecer personas».

«Sus manifestaciones a la prensa provocaron que el 22 de noviembre de 2001, Serpaj junto a otras organizaciones de DDHH presentara en su contra una denuncia penal por apología de delito ante el Juzgado Penal de 4º Turno a cargo del Dr. José Balcaldi», explica.

Un «desacato» aún no resuelto

La declaración agrega que «fueron numerosas las excusas y las artimañas jurídicas utilizadas por el coronel retirado, para evitar concurrir a la sede penal. Ello llevó al Dr. Balcaldi a denunciar a Cordero y su abogado por el delito de desacato (Art 137 del Código Penal).

A raíz de dicha denuncia, el fiscal Rafael Ubiría solicitó el procesamiento de ambos, no habiendo a la fecha y a pesar del tiempo que ha transcurrido desde el pedido de la Fiscalía, una resolución del titular del Juzgado Penal de 7º turno, Dr. Pedro Hackenbruch».

El comunicado público sostiene que «ante la nueva maniobra que forma parte de un largo historial de evasivas de Cordero y de otros militares denunciados como violadores de DDHH, que no hacen más que confirmar las consecuencias negativas de la impunidad sobre las instituciones y el estado de derecho, Serpaj expresa su profunda preocupación no sólo por la responsabilidad que le cabe al Estado y que le podría caber en el caso concreto al Ministerio del Interior, sino porque una vez más se pone en tela de juicio el principio constitucional de que todos somos iguales ante la ley». *