Aval de Opertti al dragado de Canal del Indio "regaló" a empresas 3.000 millones de dólares

A raíz de las denuncias sobre presuntas violaciones al Tratado del Río de la Plata por parte de la Cancillería, habilitando irregulares dragados a los argentinos y consecuentes pérdidas de divisas para Uruguay, la Comisión de Asuntos Internacionales del Senado consideró «rechazable» lo actuado por el Ministerio de Relaciones Exteriores. Asimismo afirmó que lo actuado por el Poder Ejecutivo debía ser «reprobado por el Senado».

Concretamente sobre la ejecución de las notas reversales del Tratado, la Comisión estableció que «los intereses de Uruguay son perjudicados», al extender Argentina su dragado además de profundizarlo. Además denuncia que ello se hizo «con acuerdo del Ministerio de Relaciones Exteriores y sin conocimiento de la Armada Nacional». La Comisión entendió que «Uruguay pierde soberanía sobre las aguas donde ahora se extendió el Canal del Indio», dando mejor competitividad al puerto de Buenos Aires, «y vuelven antieconómico utilizar el Puerto de Montevideo». Responsabiliza al Poder Ejecutivo uruguayo por la decisión que «viola el Tratado del Río de la Plata», y estima que Argentina se beneficia con al menos 900 millones de dólares al año, algo que empeorará todavía más, anticipa.

La respuesta colorada

Con la firma de los senadores colorados Juan A. Singer, Pablo Millor y Ruben Correa Freitas, las seis carillas de respuesta a las denuncias, generaron estupor entre los demás legisladores dado el tono empleado.

El documento en cuestión, habla de «confusión atroz»; «grueso error»; «desconocimiento de los tiempos correlativos», e incluso acusa a los denunciantes de haber redactado «un verdadero dislate y revela que no se ha tenido en cuenta el Tratado del Río de la Plata». Para los legisladores del gobierno «los intereses de Uruguay no han sido para nada perjudicados. Antes, al contrario, nunca ha sido tan buena la posición del Puerto de Montevideo, frente al de Buenos Aires».

Afirmando que la Armada estuvo en todo momento informada de las acciones emprendidas, que Uruguay «negoció» el corrimiento de la zona de alijo, y que los argentinos se disculparon por haber comenzado las obras sin notificarlo. Aseguran finalmente que el puerto, «desde el punto de vista económico, de su competitividad, está como nunca antes superando al de Buenos Aires».

Enfatizan que «no hay ni habrá perjuicio alguno para el comercio exterior uruguayo por esas circunstancias», y concluyen que «no puede merecer sino placémenes lo actuado por los sucesivos Gobiernos de la República, por la Cancillería y por su organismo especializado en el área».

Gargano: «Hay pérdida de soberanía»

El presidente de la Comisión de Asuntos Internacionales, el senador Reinaldo Gargano, al tiempo de considerar equivocados y «agraviantes» algunos de los conceptos manejados por la terna colorada, aseguró que lo denunciado muestra «conceptos concretos sobre responsabilidades en materia de pérdida de soberanía».

Enfatizando la necesidad de no «guardar en un cajón este muy grave tema», ofreció a su experto asesor, el contralmirante José Bello Gandara, a efectos de demostrar al resto de los parlamentarios, «los perjuicios para el país». Gargano resolvió «ignorar los términos ofensivos, hirientes y agraviantes que nos han dispensado» los senadores colorados en su respuesta.

Detalló el legislador que los manejos denunciados comenzaron durante las administraciones de Menem y Sanguinetti, beneficiándose a empresas armadoras y portuarias, argentinas e internacionales, así como a «negociantes y empresarios de turno, nacionales y extranjeros», por una suma que supera los tres mil millones de dólares.

La argumentación refuta las aseveraciones de los colorados en cuanto a los datos técnicos de la obra, además de señalar que esas «afirmaciones acompañan la línea de errores, omisiones e imprecisiones, tendenciosos o no, con intención o no, con que la Cancillería ha manejado un tema importantísimo de abultados intereses económicos, estatales y privados, que ha afectado la soberanía».

El documento responsabiliza en sucesivos ítems al canciller Didier Opertti por «no cumplir con los deberes que le impuso el Poder Ejecutivo», así como de no efectuar controles «de la ejecución del dragado del canal». También de incurrir en contradicciones y de plantear «una queja diplomática por no haber recibido la comunicación del inicio del dragado, cuando el dragado está terminado».

Peor aún, el documento denuncia que «Uruguay, con las imprecisiones, errores y omisiones cometidos, y en la línea aparentemente intencionada del canciller Opertti, no tenía opción»; e inclusive se dice que «aceptó la situación que contribuyó a crear».

Enfatiza finalmente el texto que «el ministro de Relaciones Exteriores, no ha presentado un solo hecho, una sola prueba de que haya cumplido sus obligaciones de contralor en la obra de dragado».

Duras consecuencias

En cuanto a las consecuencias que estas omisiones están teniendo se explica que «el canal del Puerto de Buenos Aires, aumentó la profundidad en 4 pies, pasando de 28 a 32, con lo que el flete de los granos argentinos disminuyó de 32 a 24 dólares, eliminando un flete de cabotaje y un trasbordo en la zona alfa». Ello les reportó un beneficio de 320 millones de dólares ya en 1998, y el doble al menos en 2002 y 2003.

«El millonario ahorro anual en el flete de contenedores debe sumarse a la cifra mencionada», apunta.

El texto apunta que «Opertti intenta desviar la responsabilidad hacia la empresa dragadora argentina que no tenía vínculo alguno con el Estado uruguayo».

Añade que de nada sirvieron las excusas argentinas ya que el daño estaba hecho debido a que «el ministro de Relaciones Exteriores Dr. Opertti ha incumplido sus deberes funcionales».

Esto le ha dado a Argentina, concluye, «aprobado por la Cancillería Uruguaya, sin negociaciones ni compensaciones, una boca de entrada al Puerto de Buenos Aires, con 39 pies, que muestra una línea de enormes perjuicios para la competencia de la economía nacional y del comercio exterior del país». *