Brun procesado con prisión por el delito de apropiación indebida

Por otra parte, la sede penal había citado también para ayer para dar lectura de la resolución de la etapa presumarial a Carmen Alvite, ex jefa de Contaduría del ACU y quien también habría tenido implicancia directa en los hechos ilícitos.

Sorpresivamente, Carmen Alvite no concurrió a la sede judicial y de acuerdo a lo informado en las últimas horas, se habría fugado del país. Fuentes judiciales informaron que el juez tramitará el pedido de captura internacional a través de Interpol en las próximas horas.

Sobre la profesional las fuentes informaron a LA REPUBLICA que recaería también el delito de apropiación indebida. La semana próxima, a su vez, el magistrado notificará el procesamiento por encubrimiento al contador Orrico quien se desempeñaba como profesional en el ACU mientras se llevó a cabo la maniobra.

Fin del presumario

De este modo culmina la etapa presumarial de la investigación sobre las maniobras ilícitas en el Automóvil Club del Uruguay, aunque uno de los encausados (Carmen Alvite) se fugó del país y su paradero hasta el momento es desconocido. De todos modos, en este caso en concreto, tanto el juez Hackenbruch como el fiscal Eduardo Fernández Dovat, actuaron con destacada celeridad procesal, culminando la instancia antes del inicio de la feria judicial menor y a menos de dos meses de presentada la denuncia.

El ex gerente del ACU arribó a la sede judicial sobre las 14.30 horas en forma solitaria. Sobre las 15.00 lo hizo su abogado Gonzalo Fernández quien junto a su defendido aguardaron el llamado de los funcionarios del Juzgado Penal de 7º Turno para asistir a la audiencia, en la que el juez Hackenbruch daría a conocer su resolución. La audiencia resultó ser más prolongada de lo previsto ya que se extendió desde las tres de la tarde hasta pasadas las 18.00 horas. Fuentes judiciales informaron a LA REPUBLICA que Brun y su abogado durante la audiencia, realizaron una serie de afirmaciones e interrogantes con el fin de atenuar su responsabilidad.

Todo el proceso se inicia con una investigación administrativa del Automóvil Club del Uruguay que puso al descubierto un cúmulo de irregularidades que provocaron el despido del gerente de la institución, Eduardo Brun, y un forzoso alejamiento del directivo Ernesto Laguardia.

El domingo 7 de mayo el presidente de la institución, Julio César Maglione, presentó una denuncia penal contra Brun acusándolo de haberse apropiado de 876.206 dólares. La presunta maniobra fraudulenta consistía en sustraer continuadamente el dinero de los fondos de la cuenta del seguro de repuestos del ACU, que operaba a sola firma del denunciado, maquillando los déficit con una contabilidad paralela. Paralelamente, la investigación administrativa también determinó que el gerente Brun había firmado un contrato que involucraba al ACU con una empresa española de testeo de vehículos «a espaldas de la institución».

Según lo trascendido en los distintos medios de prensa el acuerdo con los europeos se logró mediante la intervención del directivo Ernesto Laguardia. «Los españoles hablaron con Brun y después subieron al noveno piso, donde funcionan las oficinas de Laguardia. Allí firmaron cuatro contratos con el propio gerente».

La maniobra de Brun

A partir de los hechos vinculados a la firma por parte del director general de la ACU, doctor Eduardo Brun, sin autorización del directorio, de un convenio sobre testeo de automóviles con una empresa española, la cúpula de esta institución designa una comisión investigadora que, simultáneamente, hace las veces de gerencia interina. Esa comisión está integrada por el doctor Leonardo Guzmán, el contador Julio Pérez y el director de la institución y ex presidente de la Cámara de Industrias, Néstor Cosentino. Pese a que el 27 de abril se había sustanciado en el MTSS un acuerdo de despido de parte de ACU con el Dr Brun (100 mil dólares, de los cuales 30 mil se pagan en el acto), el domingo 7 de mayo el presidente de ACU y el Dr Guzmán denuncian en sede Penal a Brun, presentando documentación que eventualmente lo sindicaría como apropiándose de 876 mil dólares del patrimonio de ACU.

El viernes siguiente, el 12 de mayo, el Dr Brun presta declaración ante la sede.

De acuerdo a los testimonios de las fuentes se conocieron distintos detalles de la maniobra realizada por Brun la cual consistía que una vez resuelta la tercerización de la cobranza de cuotas de asociados, los radios más rentables (zona 20, 30, 48, 64) habrían sido asignados a parte del personal de confianza de Brun.

Otras versiones señalan que algunos directores de la Institución habrían sido agraciados con zonas de cobranzas o servicios tercerizados a favor de sus familiares. En el Juzgado ha causado cierto impacto la presentación de actas de directorio con más de un año de antigüedad en las que aparece el Dr Brun, contra lo sostenido por los denunciantes, dando explicaciones sobre el negocio de testeo de automóviles, así como comprobantes de viáticos de directores que explicarían, eventual y parcialmente, algunos movimientos de la cuenta en la cual se habría producido la apropiación de dinero por parte de Brun.

El turno de Laguardia

Fuentes judiciales consultadas por LA REPUBLICA informaron que luego de finalizada la feria judicial menor, el juez Hackenbruch iniciaría una investigación sobre los hechos que vincularon a Ernesto Laguardia con el ACU. En este el vínculo presenta a Ernesto Laguardia, entonces secretario privado del Presidente de la República, simulando en tanto director de ACU, la firma de un contrato con una poderosa empresa española mediante el cual esta última se encargaría en el futuro del «servicio de testeo» de automotores de los socios de la entidad automovilística. La Empresa Tibery SA tiene sede en el propio edificio del Automóvil Club, en las oficinas que allí alquila la esposa de Laguardia, Arq. María Inés Kelber (secretaria general, a su vez, del Ministerio de Turismo). Dicha empresa había firmado un convenio con los empresarios españoles mediante el cual estos últimos pagarían U$S 100.000 en el momento de firmar el acuerdo con ACU, U$S 100.000 cuando obtuviera el permiso de la IMM para operar –permiso éste que Laguardia se comprometía a obtener– y, una vez que se hubiera amortizado la inversión, Tibery SA seguiría actuando como asesora de los empresarios españoles cobrando por ello el 30% de las utilidades. La empresa española pagaría, asimismo, el 5% de sus ingresos brutos a ACU, cuyo logo y personería se pondrían a disposición de la misma. En realidad, los empresarios españoles sostienen que ellos creyeron estar estableciendo un contrato con ACU, porque el mismo se tramitó en las oficinas de la empresa Quatrorutas de Laguardia, la que, sin embargo, como se encuentra en el mismo edificio del Automóvil Club, fue confundida con el despacho de un director de ACU, cuyo directorio, por otra parte, Laguardia integraba en ese momento.

Cuando todo parecía resuelto, comienzan los problemas más graves. La consultora de Laguardia no obtiene el permiso municipal para que la empresa de los españoles pueda trabajar en el testeo de automóviles. Se intentan contactos con por lo menos tres «influyentes» figuras municipales, pero el resultado es negativo.

Los españoles no están dispuestos a perder tiempo y comienzan a presionar a Eduardo Brun para que cumpla una de las cláusulas del contrato que obligaba al ACU a ceder en comodato el segundo piso de su Estación Central (Colonia y Yi) a Kera SA. Brun los evade sistemáticamente. El tiempo pasa y en noviembre de 1999 la situación se vuelve insostenible. Brun les indica que no va a ceder las in
stalaciones del segundo piso porque la IMM no había otorgado la habilitación para el testeo.

Los españoles replican arrendando un local adecuado para brindar el servicio y vuelven a insistir ante Brun para el comienzo de las operaciones. Para evitar más problemas, deciden comprar el paquete accionario y la maquinaria de Eviancar SA, empresa que sí cuenta con permiso de la IMM. La inversión es de un cuarto millón de dólares. Laguardia entonces es Tivery y los españoles son Kera y Eviancar. Los españoles le envían a Maglione una nota manifestando su preocupación por lo acontecido. Maglione queda horrorizado y asegura no tener ningún conocimiento del contrato firmado por la institución que preside. Se acuerda recibir a los representantes del grupo español en el seno de la directiva del ACU el 3 de abril próximo pasado. El 11 de mayo, el representante legal del grupo entrega al juez Hackenbruch un escrito relatando los hechos y adjuntando los contratos firmados.

El día anterior había quedado rescindido el contrato entre Kera y Tibery. Se busca una salida formal al asunto y se establece que «el entonces director general Eduardo Brun excedió sus facultades en la firma del contrato con Kera SA razón por la cual dicho contrato es nulo por falta de consentimiento».

El contador Dupont deshace lo hecho. De los cien mil dólares recibidos retiene veinte mil como «gastos de gestión» (en realidad el estudio realizado para los españoles no es más que una serie de informaciones proporcionadas por la IMM).

Los restantes 80 mil dólares con los intereses respectivos serán devueltos en varios conformes con vencimiento dentro de este año. Ernesto Laguardia no volvió a aparecer. Su renuncia está guardada en la sede del ACU y formalmente se le considera «en uso de licencia».