Rivero presentó pruebas sobre presencia del Cártel en Uruguay

El ex director nacional de Policía llegó al Juzgado a las 13.57 y se retiró a las 16.20 horas. Afuera lo aguardaba una verdadera multitud de periodistas que intentaron obtener sin éxito alguna declaración. El alto oficial se limitó a responder amablemente que «no podía decir nada porque estaba comprendido por el secreto de presumario» y partió raudo con rumbo a Montevideo.

Rivero ratificó el contenido de su denuncia consignada en un documento de 18 páginas publicado por LA REPUBLICA. Pero además entregó otros dos expedientes con algo más de 200 folios cada uno que amplían e identifican el origen de la investigación que sobre las actividades del Cártel de Juárez realizaba desde 1997 la Dirección de Represión del Tráfico Ilícito de Drogas, entonces bajo su responsabilidad.

El primero de esos documentos lleva el título de «Operación visita» y el otro «Operación Casablanca». En uno se explica toda la investigación realizada cuando se constató que notorios integrantes de la organización mafiosa, liderada por Amado Carrillo Fuentes, estuvieron en Uruguay.

En el otro documento se desarrolla la operación que permitió detener en un casino de California a varios banqueros que lavaban dinero para el Cártel de Juárez, conocida como Operación Casablanca, y cómo desde allí se llegó a los hermanos Nicolás y Domingo Di Tulio y sus operaciones en Argentina y Uruguay.

Rivero negó ante la magistrada «haber realizado interferencia telefónicas sin orden judicial» y sostuvo que «dos números telefónicos, no tres, que correspondían al semanario Búsqueda le llegaron por fuentes reservadas desde la Argentina. Sólo conocíamos el registro telefónico, nunca tuvimos acceso al contenido de las llamadas por la sencilla razón de que en esta investigación no interferimos ningún teléfono».

El oficial aseguró que «para nosotros no tenían ningún interés las operaciones de la empresa Mercado Abierto, porque es un tema investigado por la Justicia argentina. Hubiera sido más útil a esta investigación conocer el tráfico telefónico del escribano Javier Morassi. Pero nunca pudimos solicitar la intervención de sus teléfonos porque la investigación fue detenida dos veces por el ministro del Interior». Agregó que Guillermo Stirling «conocía detalles de la investigación por lo menos desde febrero pasado, aunque del oficio que se envío al Juzgado recién se enteró el 23 de marzo».

Según fuentes judiciales la magistrada no prestó demasiada atención a este tema ya que le consta que la mayoría de las investigaciones que se realizan, muchas veces ni siquiera es conocida por los propios jefes de Policía, mucho menos por el ministro. Rivero ratificó que «había sido citado en dos oportunidades por el vicepresidente de la República, Luis Hierro, para que explicara el contenido de la investigación». La jueza preguntó si estaba en su conocimiento cómo «esos oficios habían llegado a mano del periodista Danilo Arbilla», a lo que Rivero contestó «que sabía que del Juzgado no salieron».

Sorpresa

Fuentes cercanas a Rivero se mostraron sorprendidas por «el escándalo público que se armó con esos oficios, cuando el 31 de mayo de 1999 la revista argentina Noticias publicó una entrevista al jefe regional de la DEA, Abel Reynoso, que daba nombres y formulaba cargos muchos más graves que los que estaban en ese documento».

La instrucción del presumario continuará hoy cuando se presente a declarar el escribano Javier Morassi quien intervino profesionalmente en las operaciones de compra de propiedades por personas que luego fueron acusadas como integrantes del Cártel de Juárez. En tanto mañana se presentará a prestar su testimonio Arbilla. Una vez terminada esta parte de la instrucción, la magistrada dará vista al fiscal Rodríguez quien a su vez ha ordenado otras actuaciones ante el Registro de Comercio y la DGI para determinar la titularidad de por lo menos siete empresas uruguayas individualizadas por Rivero como vinculadas al Cártel.

Borrelli entregó documento

El subsecretario del Ministerio del Interior Daniel Borrelli estuvo en el Juzgado de 4º Turno el martes a la noche para entregar a Canesa una nota del embajador de Estados Unidos, Christopher Ashby, en la que se señala que «en los archivos de su gobierno no hay personas uruguayas investigadas por su país como vinculadas al Cártel de Juárez».

En realidad el representante diplomático se adelanta a la investigación judicial, la que en definitiva determinará si hay o no uruguayos vinculados a la operativa de los lavadores del dinero de los narcotraficantes.

En la documentación entregada por Rivero surgen los informes enviados por la Aduana de Estados Unidos (organismo federal que también investiga el lavado de dinero) en los que se consignan los nombres de los ciudadanos argentinos que hicieron operaciones en Uruguay. Además hay varias cuentas bancarias.