AMIA: Argentina considera que Justicia uruguaya "no colabora"

«Todavía no hemos logrado que la Justicia uruguaya levante el secreto de esas cuentas, que podrían establecer precisiones sobre un incremento patrimonial y enriquecimiento, producto de un atentado terrorista, el más grave en la historia de nuestro país», comentó Storani tras disertar en la Reunión Anual de la Asociación de Bancos de la Argentina.

La investigación del atentado contra la AMIA la realiza el juez argentino Juan José Galeano, quien en el mes de mayo envió al juez en lo Penal de 9º Turno, Juan Carlos Contarín, un pedido de cooperación judicial para el levantamiento de las cuentas bancarias de determinadas personas vinculadas al recordado atentado.

Desde ese entonces el magistrado uruguayo puso en práctica el proceso de cooperación pero en un principio solicitó a su colega argentino una ampliación de los fundamentos para poder realizar el procedimiento. Tiempo después, Galeano envió un nuevo pedido ampliado en sus fundamentos y allí entonces Contarín ordenó el levantamiento del secreto bancario de dos personas al ABN Amro Bank.

Posteriormente el magistrado recibió la información del banco aunque no contó con algunas datos clave (de acuerdo al criterio del magistrado argentino), como revelar la fecha y el monto de los movimientos de las cuentas. Ante este hecho es que la Justicia y el gobierno argentino consideran que existe una «falta de colaboración» de la Justicia uruguaya.

El caso

El magistrado argentino indaga el atentado contra AMIA ocurrido el 18 de julio de 1994 y que causó la muerte de 86 personas.

Galeano solicitó el levantamiento de las cuentas bancarias de quienes serían los principales sospechosos de haber financiado el atentado, que además movían dinero en bancos uruguayos.

El juez Contarín al ordenar el levantamiento pudo constatar que se trata de una mujer y un hombre de ciudadanía argentina que son clientes de la sede en Montevideo del ABN Amro Bank y que realizaron numerosos movimientos de dinero en fechas que coinciden con las indicadas por el magistrado argentino.

Ante la parquedad de la información, LA REPUBLICA informó en aquel momento que el juez Contarín resolvió darle vista a la fiscal de 5º Turno, Alba Betolazza, para ponerla al tanto de la situación. La representante del Ministerio Público y el magistrado determinaron luego que no era obligación de la institución bancaria ampliar el pedido.

En todo este proceso, las autoridades del banco se reunieron con el magistrado y le comunicaron que sus asesores legales consideraban que el pedido del juez argentino debe fundamentar específicamente con qué finalidad se solicita la información sobre los movimientos. En su momento, fuentes judiciales consultadas indicaron que tanto a criterio del juez Contarín como la fiscal Betolazza, el solo pedido del levantamiento del secreto implica la obligación del banco de presentar todos los detalles relacionados a la persona indagada.