Gargano: "Stirling no tiene autoridad para decirle a la jueza: cierre la causa"

Los conceptos de Gargano fueron realizados el jueves durante la sesión en régimen de Comisión General del Senado en la que participó el ministro Stirling para dar explicaciones sobre el cese del ex director nacional de Policía, inspector general Roberto Rivero, por las características de una investigación sobre lavado de dinero en Uruguay.

Gargano cuestionó duramente al ministro del Interior por haberse comunicado con la jueza Fany Canesa para solicitar el archivo de la denuncia formulada por Rivero. «El ministro no tiene autoridad para decirle a la jueza, cierre los procedimientos. Cometió un error muy grueso».

Según Gargano, «recibida la denuncia, de parte de la Policía o de un particular, el juez es el dueño del trabajo, el juez, y no el ministro, que no puede ni ordenar ni sugerir que se detenga un procedimiento».

«Estas cosas son suficientes para decir que acá hubo muchas irregularidades», agregó. Asimismo, Gargano sostuvo que «si yo ejerciera el cargo del inspector Rivero, no voy a ninguna reunión, ni con el Presidente de la República, ni con el vicepresidente de la República, sin conocimiento del ministro; no voy porque se quiebra el orden de la jerarquía. Sin embargo, todo esto no está acá, y se admite como normal que el inspector Rivero sea llamado».

Para el senador del Encuentro Progresista, en este caso «lo mejor es investigar porque qué mejor derecho para los presuntamente imputados, el estudio jurídico, los periodistas y demás, que se investigue y se demuestre que son inocentes, porque son inocentes hasta que no se demuestre lo contrario».

La carta de Arbilla «es pública»

Durante el transcurso del debate en la Comisión General del Senado, el líder del Nuevo Espacio, Rafael Michelini le reclamó al ministro del Interior, Guillermo Stirling, que remitiera a la Cámara Alta la carta que le enviara Danilo Arbilla sobre la amenaza que le habría realizado el inspector Rivero, en el entendido que la misma «es pública».

«Nadie mandó al ministro una carta privada; era una carta para que él la tomara y actuara, frente a una amenaza recibida por un empleado público que reviste, ni más ni menos, que en la estructura de la Policía. No estamos hablando de una carta de amistad, privada, sino referida a asuntos públicos y a comportamientos de funcionarios públicos», dijo Michelini.

Según el senador del NE, la misiva de Arbilla «es una carta pública y a este Senado no se le puede dejar de mostrar una carta que fue remitida al señor ministro, no por amigo de Stirling sino por ministro, frente a un hecho grave».

«Quisiera saber si el señor ministro considera que esta carta es privada o si pertenece a la esfera pública; no pública porque tenga que salir en los diarios, sino a la esfera pública en su carácter de ministro, en el cual este Senado le pide que la exhiba».

«Gravísimo»

Michelini calificó el denominado «Caso Rivero» como «gravísimo». «Mi preocupación no es que el señor ministro me explique por qué cesó a Rivero, sino que tiene que ver con el hecho de por qué no lo cesó antes. A mí no me tiene que explicar si presentó tal o cual denuncia y si tenía o no pruebas. Si un policía de jerarquía está llevando a cabo una investigación que incluye a mandatarios extranjeros, se me ocurre que el ministro del Interior tendría que saberlo».

¿Complot?

Asimismo, Michelini se refirió al supuesto complot en contra de la persona de Arbilla y que involucraba a personal policial. «Hay un ciudadano que dice que hicieron un complot en su contra e involucra a funcionarios policiales, y quiero saber si dicho complot existe».

Minutos antes, el propio ministro Stirling había sido enfático: «Creo que las suposiciones que el señor Arbilla pueda hacer sobre posibles complots, corren por su cuenta y responsabilidad. Dentro de nuestra área, no tenemos elementos como para poder constatar, ratificar o rectificar ese tipo de suposiciones».

Sin embargo, Stirling puntualizó que el Oficio del 26 de marzo de Rivero «es acusatorio y violatorio de los Derechos Humanos, personales y civiles».

«A esto sí le hemos adjudicado el valor que tiene y la responsabilidad que le corresponde a quienes impulsaron ese documento, por acusar sin pruebas de un hecho tremendamente grave, efectuado fundamentalmente en uso de la autoridad y en nombre del Estado», dijo el titular de Interior.